El PN en Montevideo le planteó al Senado la posibilidad de realizarle juicio político a la intendenta Carolina Cosse por, entre otras cosas, no contestar pedidos de informes; una vieja práctica de las Intendencias. El Uruguay sabe que el disparatado planteo tiene un claro tinte electoral, al visualizar a Cosse como posible precandidata presidencial frentista. Si uno traslada esa práctica al interior, -con otros plus-, más de un intendente debería ir a juicio. Sería una verdadera romería el Palacio Legislativo.
Si tomamos noviembre pasado, el intendente Olivera tenía 70 de 140 pedidos sin contestar. Todo lo vinculado a la contratación de OMA y uso del fideicomiso es de gran opacidad, con limitantes de “confidencialidad” inadmisibles a los efectos de los controles ciudadanos. Al parecer no contestar pedidos de informes obliga a buscar otros mecanismos de acceso a la información. En lo concreto, el jefe comunal permanece impertérrito. Si Olivera fuera frentista el PN pediría doble juicio. La doble vara o la paja en el ojo ajeno como estándar.
Ahora, ediles del FA piden información, tomando el guante de ciertos reclamos, sobre posible cartera de tierra, (si existiera), criterios de adjudicación, fondos, programas que cubre, etc. Por otra parte, requieren saber si la Intendencia dispone de un fondo de emergencia para atender déficit hídrico, formas de asignar fondos, beneficiarios y si cuentan, además, con recurso extra presupuestales. Mientras tanto, la Intendencia, aunque deba información sobre inversión en la semana de la Cerveza anterior, vive con mucha espuma e intensidad la actual. La semana puede iluminar el milagro de que aparezcan las respuestas en tiempo y forma.
