¿Y quién le responde a las familias del litoral? Una situación que no da para más 

Escribe Andrés Lima

Intendente de Salto

En la acción política a veces hay que ponerse firmes e insistir, a pesar de que haya tomadores de decisión que se nieguen a ver la realidad. Imposible es una palabra que solo se encuentra en el diccionario de los necios, por ello a mí no me van a decir que es imposible atender la dura situación que estamos atravesando en la frontera y todos los departamentos del litoral del país.

En el cierre del año 2022, las empresas inactivas del rubro comercio -al por mayor y al por menor- de Salto crecieron casi un 19% durante el cuarto trimestre de 2022 respecto al mismo lapso de 2021.

Esto ¿en qué se traduce en la vida cotidiana? En que cada vez más los comerciantes ven menos oportunidades de poder vender sus productos y ello significa cierre de puestos de trabajo, menos ingresos para la familia, menos crecimiento económico en la región y por ende en el país.

En este sentido, si comparamos el último trimestre de 2022 con el de 2021, los comercios inactivos crecieron en un 18.8%.

Y cuando manifestamos que esta situación afecta a todo el litoral, es porque así es. Entre 2021 y 2022 las empresas inactivas, es decir que están en proceso de cierre o ya murieron también se incrementaron en un 18%.

Pero para comprender la magnitud del impacto de esta disparidad de precios con la frontera argentina, basta comparar cuántas empresas han cerrado en esta zona, que ronda en torno al 18% y lo que ha sucedido en Montevideo cuya comparación entre el último trimestre de 2021 y el último de 2022 es solo de 2.5%.

Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Hoy existe un proceso claro y sistemático de cierre de empresas en el litoral del país que obedecen a pequeños comerciantes y servicios que no pueden competir con una frontera que vive una crisis constante.

Colocados en una situación histórica de crisis permanente en la hermana República Argentina, requerimos que desde la política pública se internalice este fenómeno y se tomen decisiones categóricas. Hoy es necesario hacer un sacrificio más desde el Estado para salvar los puestos de trabajo que se están perdiendo en la frontera.

Hoy es necesario tomar acción y por eso solicitamos al gobierno nacional que no demore más en responder a nuestro pedido de que se amplíe la reducción del costo del combustible en las estaciones de servicios cercanas a la frontera, que se aplica en una rebaja del 30% del Impuesto Específico Interno (Imesi) y que hoy solicitamos sea del 40% que es el tope permitido.

¿Por qué es necesaria esta medida? Porque el desempleo en nuestra región solo tiende a subir, basta mirar la cifra de desocupados en Salto 12,7% en diciembre de 2022; de 12,9% en Río Negro y de 9,4% en Paysandú. Todos estos valores se mantuvieron por encima del promedio de la tasa nacional, que en el último mes del año pasado alcanzó un 7,9%.

La medida del IMESI vendría a alivianar una situación que solo viene empeorando. Pero retomamos el planteo de que se trabaje en el parlamento nacional un “Proyecto de Ley de Política de Frontera”, ya que es necesario abordar de manera integral este fenómeno y sobre todo, pensando fuera de la caja.

El panorama es desolador y la diferencia de precios con Argentina solo viene en aumento, lo que va a hacer más dramática y dura la realidad para nuestros emprendedores y el trabajo en el litoral del país. Según el último Indicador de Precios Fronterizos —que elaboró la Universidad Católica del Uruguay de Salto y presentó en enero de 2023—, hay una brecha de precios que crece y se ubica en 144,1% entre las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (Argentina). El último indicador es de noviembre de 2022 y la brecha se ubicó en 121,9%.

Pedimos un Plan Integral de Fronteras que aquí no aparece. Necesitamos se apruebe nuestra idea respecto a micro-importación donde proponemos que el pequeño y mediano comercio del litoral norte tenga la posibilidad de comprar mercadería del lado argentino en la provincia de Entre Ríos y que la pueda ingresar de manera legal a Uruguay. En la reventa de esos productos está la ganancia del comerciante que atendería una importante necesidad de tantas familias que ven su esfuerzo de tantos años tirado por la borda.

Hoy una vez más hacemos un llamado a que el Presidente de la República convoque a una Mesa Nacional por Políticas de Frontera, que sea un ámbito de trabajo en donde participe el Ministerio de Economía y el de Trabajo, la Dirección Nacional de Aduanas, los departamentos de litoral uruguayo, los centros comerciales locales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Agencia Nacional de Desarrollo, entre otros. Nuestra plegaria es porque alguien atienda el llamado que se hace a la realidad de muchos uruguayos que solo se está agravando con el paso del tiempo.

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