Salto Grande derrama

Diversos antecedentes, inicialmente ubicados en el año 1946, cimentaron la creación de la represa de Salto Grande y su forma de gobierno acordada entre Uruguay y Argentina.

Escribe Darío Rodríguez

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG) es “el organismo Binacional, integrado por delegaciones de ambos Estados que conforman el Plenario de la Comisión, …(…)…con áreas que tienen a su cargo la tarea de producción y transmisión de energía eléctrica, así como la administración y ejecución de las decisiones políticas y administrativas del Plenario” según carta de presentación.

En este periodo, la delegación uruguaya en dicho organismo la integran el otorrinolaringólogo salteño Carlos Albisu, como presidente de la misma, Nicolás Irigoyen, como vice y el sanducero Daniel Arcieri como vocal. Dos blancos (Albisu y Arcieri) y un colorado (Irigoyen). El Frente Amplio quedó fuera de la conducción.

Regocijo arriba

A mediados del 21, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, diputados litoraleños, remitieron un pedido de informe sobre el funcionamiento de CTMSG en momento que se conocían ingresos “rompiendo ventanas”. En el primer año de gestión la cantidad de empleados uruguayos pasó de 235 a 260; siendo que desde la OPP se había ordenado recortar presupuestos. Contradiciéndose, la delegación uruguaya dice que en el periodo mencionado ingresaron 36 personas; lo cual no cierra con los números anteriores. Por si acaso, sostienen que ello se hizo al amparo de “reestructuras dispuestas” o para cubrir “vacantes” o “reposición” de cargos tras alguna jubilación. Se menciona, en forma genérica, que los procedimientos empleados para designar funcionarios, -en estas zonas de altísimo desempleo- fueron “selección, designación directa y concurso”.  En la respuesta no se cuantifican los ingresos por cada una de las modalidades reseñadas. Por otra parte, en similar periodo de tiempo fueron ascendidos 11 personas, sin que se aporte mayor información; que tampoco consta en la página web del organismo. Brecha (noviembre del 2021) señalaba que a fuerza de nuevos cargos y designaciones directas, la gestión multicolor en la represa ha incrementado sus gastos de personal en un 24 por ciento”.

Parte de ese incremento fueron los ingresos de nueve ediles y la ex secretaria privada del inquilino de Torre Ejecutiva. Dicha política, según el semanario tiene el apoyo del senador colorado Germán Coutinho y “guiños” del intendente, Andrés Lima.

En la contestación al pedido de informe de los diputados opositores nada se informó sobre gastos publicitarios con pautas en medios locales y nacionales.

Resolución a medida

Pero las viejas prácticas continuaron a tambor batiente. El año pasado ingresó por designación directa, como administrativo principal en la Oficina de Montevideo, -Área de Materiales-, el estudiante -que en sus ratos de ocio disfruta tocando guitarra y juntándose con amigos-, Guzmán Parietti. ¡En su momento, desde CTMSG lo recibieron con un “¡bienvenido al equipo!”. Parietti pertenece a la misma agrupación de Daniel Arcieri; quien a su vez es concuñado del intendente de Paysandú. El citado delegado, vinculado en el ámbito privado a la clasificación de residuos, fue edil en su departamento y ocupó una Dirección en la Intendencia.  Arcieri no se puede quejar, en tanto funcionario de CTMSG las cosas le han rodado muy bien. El dirigente nacionalista es funcionario desde 1991; época que fungía de secretario de Rubens Francolino. Eran días de otro gobierno herrerista encabezado por Luis Alberto Lacalle Herrera. Antes de ser ungido delegado ocupaba un cargo en la Estación de San Javier al que accedió, esta vez, por concurso interno.

Tiempo atrás, en la Junta Departamental, la cual integró, el edil Andrés Imperial denunció, además del clientelismo en dicho organismo, que el sanducero una vez designado en el cargo votó una resolución “a medida”. En efecto, la resolución 123/20 asegura que, al terminar su mandato político, vuelve a ser funcionario, pero con un cargo superior (Asesor o Adjunto de Gerencia con un importante emolumento, superior a las tres cifras) al que ocupaba antes de la designación como delegado. Si esto no fuera suficiente, el delegado, según expuso el edil, podrá optar “por acogerse a un millonario retiro incentivado, el que se calcula tomando como base ese salario de 311. 152 pesos, en porcentajes escalonados por el plazo de 70/80 meses”. Una bicoca! Pueden ser “los mejores años” como pregona el superior gobierno. En la citada sesión, Imperial no se ahorró comentarios. Todos los sanduceros hemos visto como día tras día, el dirigente sanducero recorre las distintas Instituciones de nuestro medio, entregando cosas e inaugurando obras, siempre con prensa, alimentado su carrera en lo nacional y en lo departamental” relató.

En mayo del año pasado, el ingeniero Gabriel Rodríguez, que compartió gestión, periodo 2015-2020-, con el otorrinolaringólogo, azorado por la sepultura de los criterios llevados adelante hasta entonces, le escribió una carta. En parte de misma señalaba que “…además de las valoraciones éticas y morales de estas actitudes, veamos las repercusiones económicas: los sueldos de las personas favorecidas van de los 120 mil a más de 400 mil pesos. En una cuenta rápida lo que Uruguay aporta a ese grupito de amigos, familiares y correligionarios, en salarios, es superior a 1.5 millones de dólares por año, a lo que se suman horas extras, viáticos, beneficios sociales y familiares, sociedad médica, etc”.

¿De dónde sale esa posibilidad de actuar en forma clientelar y hacer campaña política desde la conducción de la CTMSG?

Ser nombrado delegado puede implicar un premio consuelo, al haber fracasado en el acceso a un cargo electivo (diputado, intendente, tal el caso del correligionario Albisu, un hombre cercano al inquilino de Torre Ejecutiva) o tener la posibilidad de repartir recursos, al mejor estilo papá Noel. La delegación uruguaya, para desplegar la enorme discrecionalidad con la que opera, invoca uno de los objetivos de la hidroeléctrica: “desarrollar la actividad, desde una perspectiva de Responsabilidad Social orientada al desarrollo regional de forma de integrar la gestión y, en forma armónica, el respeto por los valores éticos, las personas, las cuestiones de diversidad y género, la comunidad y el ambiente”. A caballo del mencionado objetivo, la delegación maneja un presupuesto de entre 25/30 millones de dólares anuales y otros 900 mil dólares por cobro de peaje a quienes usan el puente que une ambos Estados. Pasan por el mismo, procedente de Chile, Paraguay, Bolivia, 33 mil camiones al año. Al igual que la delegación argentina, la uruguaya financia proyectos, ayuda económicamente a Instituciones y a las Intendencias de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Todo ello en nombre del “desarrollo regional”, aunque los departamentos del litoral no despegan, por el contrario, se empobrecen con un gobierno de espalda al interior.

Poco se sabe de los actuales criterios para entregar ayudas. En anterior periodo se había constituido la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande, la que también era alimentada por aportes personales de los delegados uruguayos. Ese fondo distribuyó, entre el 2016 y 2019, 4 millones de dólares canalizados mediante convenios de cooperación con Instituciones (UdelaR, UTU, ANEP, organizaciones sociales) e Intendencias del área de influencia de la central. En la actual gestión hasta se beneficiaron las Asociaciones Rurales de Paysandú y Salto. A esta última le tocaron 20 mil dólares.

Si el presente menú de discrecionalidad no fuera suficiente, apareció la correligionaria Fundación A Ganar. El año pasado (julio) la CMTSG firmó un convenio con esta fundación que está regada por todo el Estado. El convenio franqueó la transferencia de 3.221.000 pesos para que implemente el programa Box por la vida; iniciativa de la Secretaría Nacional de Deportes que ancla en el Centro de Referencia de Políticas Públicas del MIDES. El convenio busca “formar adolescentes y jóvenes en un programa integral…”, nada queda claro, salvo que le dan vida a la Fundación correligionaria.

Lo que el agua se llevó

Atrás quedó el proceso de profesionalización en la gestión, recuperación estratégica del país en el posicionamiento institucional, modernización de sistemas de gestión administrativa, reducción de cargos gerenciales y promoción de concursos. En el pasado hubo unos 260 concursos de ingreso. Por otra parte, se inició, en el 2019, el proyecto “Renovación Salto Grande” con fondos BID. Como hay pocos controles y mucha discrecionalidad, el gobierno nacional debió, en alguna oportunidad, reforzar el presupuesto de la Comisión.

Refunfuñando, por el uso de Salto Grande para acceder a la intendencia de Salto, iniciativa fracasada, el ex presidente Sanguinetti, que de estas cosas sabe mucho, dijo en su momento que Salto Grande “era un Ducado”. Aunque como mentor de la coalición gobernante y contando con representación colorada en dicho organismo no se conoce iniciativa de su partido, o de él mismo, para reorientar una gestión que es el desprestigio de la actividad política y un cachetazo a la gente.

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