Escribe Emerson Arbelo
El Tribunal de Cuentas de la República aprobó el informe de auditoría sobre la rendición de cuentas de la Intendencia de Paysandú para el año 2021 con una sorprendente gran cantidad de observaciones.
Lo primero y grave a destacar son los incumplimientos a la Constitución de la República, el TOCAF (sobre todo en compras sin licitación), la ley de Municipios y las ordenanzas y resoluciones del propio Tribunal de Cuentas.
Es bastante llamativo que se incluyan en activos más de 400 millones de pesos ingresos de origen nacional que no fueron percibidos; que no se ponga como endeudamiento los más de 116 millones de pesos del Fideicomiso Paysandú II; que no coincida el resultado acumulado al 31/12/2021 no tomando en cuenta el superávit del 2020 de más 11,5 millones de pesos; que no coincidan las obligaciones impagas con las que efectivamente se declaran.
Además, con el objetivo de maquillar los números deficitarios, se resta lo que está presupuestado y no se ejecutó, cuando el dinero está comprometido para eso, y no se devuelve; no se incluyen las diferencias de cambio que surgen, y no son poca cosa, por nuevo convenio con UTE; y se toma como ingreso genuino departamental los recursos del Fideicomiso, cuando sabemos son financiamiento de terceros.
Con todo esto podemos ver que se incrementa el déficit del ejercicio 2021, omitiendo el Ejecutivo departamental declarar nada más y nada menos que $ 247.420.684 (ya que solo había declarado $ 12.049.752), ascendiendo a casi un 9% de los ingresos de la comuna.
No es menor que no se cumpla lo establecido en la Ley 19.272, de Descentralización y Participación Ciudadana, y se le establezca desde la propia Intendencia partidas fijas. Si bien las cuestiones operativas en última instancia son parte del Ejecutivo Departamental, no se explicita la información con todos los elementos. Eso es una decisión política de disfrazar una bajada de línea desde la Intendencia incidiendo en la real decisión del Concejo Municipal.
La Intendencia de Paysandú es responsable de presentar la rendición de cuentas de acuerdo con la normativa exigida, y es inaceptable que diga no conocer las resoluciones del Tribunal de Cuentas, cuando en su equipo tienen los profesionales idóneos.
Para terminar, tenemos que saber que el Ejecutivo tuvo reunión con el Tribunal de Cuentas para plantear los descargos correspondientes, pero este concluye que lo que se le dijo no amerita levantar las observaciones realizadas, por ende, queda claro que no hay explicaciones y efectivamente el déficit real en el año 2021 es de $ 259.470.436.
En definitiva, tenemos que creer que estas omisiones fueron a sabiendas, para intentar saltear los controles y ocultarle al pueblo sanducero el verdadero déficit y la mala administración de Olivera en la Intendencia.
Arbelo es Médico y edil Departamental por el Frente Amplio (Vertiente Artiguista)
