En su momento, diciembre del 2020, el aterrizaje de la Fundación A Ganar en Paysandú (nunca un nombre puesto con tanto acierto), para gestionar personal de 8 Centros de Atención a la Infancia (CAIF) y el Centro Siempre, fue un escándalo. La mayoría automática de la Junta Departamental (JD) y el pobre papel del cabildante vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez, -analista de sistemas, especializado en gestión de calidad y seguridad de la información-, le salvaron la plata al intendente Olivera.
En fecha crucial como son las cercanas a navidad y fin de año, la IDP procesó el llamado mediante licitación abreviada, cuyo único oferente fue la citada Fundación; fuertemente vinculada al Partido Nacional (PN). Una de sus fundadoras fue la esposa del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, durante el gobierno de Lacalle Herrera, Magdalena Secco, participando en la misma, entre otros, Alejandro Rico, ex jerarca estatal y la hermana del secretario privado del inquilino de Torre Ejecutiva, Verónica Martínez.
El escándalo que significaba el pasaje de más de 100 trabajadores de los CAIF a la Fundación, obviando aportes al BPS y DGI y la consiguiente presión a los trabajadores para que aceptaran dejar de ser funcionarios municipales, puso en debate a toda la comunidad, medios de información (algunos nacionales) y JD, al punto que ésta constituyó una Comisión investigadora. Con ella, el PN compraba tiempo y simulaba preocupación, intentando licuar las responsabilidades emergentes. Po otra parte, en todo el proceso fue lamentable el desempeño gremio municipal, muy pegado a la gestión.
Velázquez, todo es mentira
La IDP fundamentó el pasaje de funcionarios a la correligionaria Fundación en virtud que los recursos que asignaba el INAU, con quien tiene convenio, le eran insuficientes. El convenio con el INAU impide esta tercerización; tercerización que, entre otras cosas, inhibe al organismo que otorga los recursos auditar los dineros. El INAU debió desautorizar al gobierno y cancelar convenio o rencauzarlo, pero la actuación de Aldo Velázquez, tras varias amagues y declaraciones, -tal vez medió algún acuerdo a otro nivel-, dejó intacta la actual violación al convenio suscripto entre ambas partes. Cuando el Directorio trató el asunto, la directora opositora Natalia Argenzio quedó en minoría frente al nacionalista Pablo Abdala (presidente) y Velázquez (vicepresidente).
De la investigadora instrumentada en el 2021 en la JD, surgieron dos informes. El mayoritario, con la pluma de ediles nacionalistas y el Partido Colorado, que va a remolque, expresó que no encontró irregularidades. Se reconoció que la Fundación se queda con el 4% de la masa salarial, aunque dijeron que “todos los aspectos logísticos, lineamientos educativos, pedagógicos y operativos comprendidos en el convenio INAU, IDP son orientados y determinados exclusivamente por la Dirección de Promoción Social”, a cargo de la ex edil Guadalupe Caballero. En el informe al plenario afirmaron que la “intervención de la Fundación se ciñe a la gestión administrativa y financiera de los recursos humanos”. Extremo discutible.
El informe del FA, en minoría, expuso que el pasaje de 130 trabajadores de la IDP a la correligionaria Fundación, -con presencia en Intendencias blancas y otros organismos-, generó un ahorro de 14 millones de pesos en aportes patronales, ya que la ONG está exonerada de tal aportación. Recuérdese que eran momentos en que se discutían las dificultades del BPS; que ameritó una regresiva reforma. “Nos queda absolutamente claro que con esa excusa el Ejecutivo ha introducido un mecanismo de precarización del trabajador municipal que ya no es contratado en función pública sino como un trabajador de una Fundación” puede leerse en un pasaje del informe. La oposición subraya que son “contratos basuras” y de “inestabilidad permanente”. Esto hay que encuadrarlo en un departamento con alta informalidad y un desempleo, desde entonces, que no baja del 10%. Ello puso mucha presión a los trabajadores involucrados para que aceptaran las precarias condiciones establecidas. El llamado tuvo coincidencia temporal y procedimental con el que se hizo en la comuna duraznense; incluyendo los mismos errores de tipeado. Unos desprolijos. Por lo que “es factible pensar que hubo una coordinación entre las Intendencias y la Fundación para llevar adelante estos llamados”. Al graficar la presencia de la Fundación escribieron que la misma era “un hombre de paja que trajo la Intendencia para relacionarse con 130 trabajadores del CAIF ya que todos vimos que cómo en realidad el patrón de esto sigue siendo la IDP, que fue la que seleccionó, que es la que les dice dónde van a trabajar y dónde no”. Indicaron que se manipuló el pliego para favorecer a la correligionaria Fundación.
Obturada la vía de la JD, el FA presentó una denuncia penal que, dicho sea de paso, se ha movido poco. A la oposición, en una notoria actitud injerencista, no se la ha ocurrido pedir una reunión a la Fiscalía de la Republica para saber por qué se “demoran” algunas denuncias, como lo han hecho dirigentes de primera línea del Partido de Oribe; sin ruborizarse.
Oportunamente, el Tribunal de Cuentas, sin que sus pronunciamientos sean vinculantes, realizó varias observaciones.
Miran desde la city
El tema, tras tres años de una irregular operativa, volvió a las marquesinas de la mano del colega Eduardo Preve, desde su columna La Tapadita, en M 24.
Como todo Paysandú sabe, el INAU se enteró por la prensa de la tercerización y, luego de conocido un informe jurídico de sus asesores, hizo la vista gorda perpetuando un cambio contractual ilegal, asumiendo la IDP un rol de intermediaria. Por esta vía la Fundación, que siempre gana, recibe millonarias partidas del Estado (85 millones de pesos por año), escenario donde la IDP ahorra aportes patronales. También el BPS finge “demencia senil”.
Tal vez la estocada mediática nacional preocupe al gobierno departamental ya que en la comarca opera con absoluta discrecionalidad, cuando no irregularidad. Al “exterior” todos los gobiernos venden su transparente gestión.
Por otra parte, la gente que “anda y arde en las calles” puede sistematizar e internalizar los criterios con los que se mueve la actual administración y, reaccione. Hay ejemplos destacables. Uno tuvo que ver cuando vecinos impidieron la instalación, al margen de la ordenanza territorial, de una fábrica hormigonera. La otra, reciente, es la bofetada a la soberbia que le dieron los carnavaleros, dejando en evidencia el fracaso del carnaval oficial pese al derrame de recursos e invento de grupos para viabilizar adefesio.
Ni el blindaje de la JD, ni de ciertos medios, cubre esta arcaica forma de gestionar. La gente organizada, con criterios propios, hace la diferencia y contagia a los resignados.
Napoleón debe bajarse del pedestal.
