Federico Álvarez Petraglia calificó como “un grave error político” del Frente Amplio local “el no reivindicar” la contratación del Fideicomiso Financiero Paysandú II “impulsado” por el gobierno de esa fuerza política “a partir de un diagnóstico acertado” y con el propósito de “dinamizar la economía del departamento”. Para quien ocupó el cargo de secretario general de la comuna al final del quinquenio pasado, su partido “tendría que sacar pecho” por la capacidad de construir una política de Estado, más allá de las cuestiones electorales. Sin embargo percibe cierta “ingenuidad” de la organización a la que pertenece, actitud que también se evidencia en la falta de control hacia la ejecución de esos fondos extrapresupuestales.

En el último tramo del gobierno anterior, conducido por Mario Díaz como intendente y Álvarez Petraglia como secretario general, se gestó la contratación de un fideicomiso por unos 25 millones de dólares con el propósito de sustentar obras y acciones que favorecieran la recuperación económica del departamento, especialmente afectada por la pandemia.  La Junta Departamental habilitó el acceso a esos fondos cuya ejecución correspondió al gobierno que asumió en noviembre de 2020.  “Yo creo que hay un gesto de grandeza del Frente Amplio al haber impulsado y haber votado, sin tener la seguridad de ser quien iba a ejecutar el fideicomiso, ese endeudamiento para dinamizar la economía y dar un salto de calidad en el desarrollo del departamento”, destacó el abogado  que calificó como “un notorio error político del Frente Amplio el no reivindicar lo que fue el fideicomiso. Lo está usando Olivera, lo podíamos haber usado nosotros, pero lo propusimos por el bien del departamento, convencidos”.

Después de señalar que “el diagnóstico que se hizo en su momento fue el correcto”, en cuanto a la necesidad del departamento de recurrir a una fuente extraordinaria de financiación para generar, desde la Intendencia, oportunidades de trabajo e inclusión, sostuvo que “ninguna de las obras que está haciendo Olivera sería posible sin la existencia del fideicomiso”. Lamentó que “en el relato” ese incontrastable dato de la realidad “no existe, está olvidado, y eso es muy grave. Es un grave error político de todos los compañeros que estamos haciendo política. A mí no me lo pueden achacar porque yo lo vengo defendiendo desde un principio pero, yo sí se lo achaco a muchos compañeros que tienen miedo o vergüenza de hablar de algo que impulsó nuestro gobierno, el gobierno del Frente Amplio”. El militante sostiene que la coalición progresista sanducera “debería estar sacando pecho” por la visión y la capacidad de aportar esa herramienta en beneficio de los sanduceros.

En este aspecto, planteó que se debe considerar la contratación del fideicomiso como la construcción de “una política de Estado departamental” y rechazó que se valore la pertinencia del acceso a esos ingresos según los resultados electorales. De hecho, desde algunos sectores frenteamplistas acusan a sus compañeros que condujeron la comuna en el quinquenio pasado por haber promovido  dicho recurso financiero en tanto implicó que el intendente nacionalista Nicolás Olivera tenga a su disposición una muy considerable cantidad de recursos.

“Esa posición es llamativa, porque parece que en el hecho de ganar o perder una elección está la diferencia de si te sirve o no te sirve un fideicomiso. Me parece que es un error garrafal porque no se puede supeditar una política pública, de Estado de un departamento, a si ganás o no una elección. ¿Entonces, cuáles son las políticas de Estado que vamos a impulsar de acá en adelante?”.

Entrevistado por LA TRIBU, el profesional habló de cierta “ingenuidad” en su partido ante el asunto, tanto por no desarrollar la referida reivindicación como por no ejercer el control que sería esperable para la ejecución de esos fondos. “Esa ingenuidad que tiene la fuerza política fue la que llevó a que ni siquiera se controlara como se ejecutó, a que no se pidieran explicaciones, ni nada por el estilo. Estuvimos durante cuatro años como que era algo ajeno a lo que se había votado en la Junta Departamental”. Según se aprobó oportunamente, el legislativo departamental controlaría el destino de esos recursos a través de una Comisión de Seguimiento que en principio no fue convocada y “cuando se conformó el propio edil del Frente Amplio ni siquiera concurrió”. Desde entonces los controles desde la Junta han sido inexistentes “y el Frente, como fuerza política, tampoco controló”.

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