“El Municipio deberá reunirse por lo menos una vez por quincena”, reza el artículo sexto del Decreto Departamental No. 7350/2016 que estableció el “Reglamente de funcionamiento de los Municipios del Departamento de Paysandú”, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 19.272, titulada como de “Descentralización y Participación Ciudadana” y que dio origen al denominado tercer nivel de gobierno. Sin embargo, el gobierno local de Quebracho no ha cumplido con esta disposición en tanto celebró su última sesión a finales del mes de agosto. Según la concejal Ingrid Borthagaray, más allá de la situación generada en los últimos meses, sucedió que a lo largo del quinquenio el colegiado no sostuvo la regularidad esperable en sus encuentros. Responsabilizó por esos incumplimientos a los concejales del Partido Nacional, y especialmente a la alcalde, y lamentó que no se generen los ámbitos necesarios “para atender las necesidades de la gente, de los vecinos”.
Borhagaray, representante del Frente Amplio, sostuvo que el Concejo Municipal de Quebracho está incumpliendo con el referido Reglamento en tanto “la última sesión que hemos tenido fue el 28 de agosto”. Contó que se generan convocatorias con relativa asiduidad pero es habitual que los encuentros no se concreten por falta de quórum, siendo, en varias ocasiones, la propia alcalde quien no asiste, a pesar de que es precisamente quien preside el Concejo el encargado de generar las convocatorias. Según el artículo 49 del Reglamento, entre las obligaciones del alcalde aparecen, específicamente en referencia a la temática, “Observar y hacer observar el presente Reglamento”; “Citar o mandar citar, por mecanismos idóneos, para las sesiones ordinarias o extraordinarias”; “Abrir y cerrar las sesiones”; “Dirigir las discusiones, concediendo o negando la palabra según corresponda”; “Confeccionar el Orden del Día de cada sesión”; “Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones del Municipio”; “Notificar periódicamente a los Concejales sus inasistencias, y dar cuenta de ellas al Cuerpo”.
“Este año hemos sesionado ocho veces, en sesiones ordinarias. No dan el quórum, el Partido Nacional tiene la mayoría con sus tres concejales, y no cumple con la obligación de asistir a las reuniones”, lamentó. El quinto concejal es Franklin “Gino” Belveder, en representación del Partido Colorado. De hecho y cumpliendo con las condiciones de la convocatoria, se fijó una sesión para hoy, jueves 21 de noviembre; existe cierta expectativa en cuanto a si se celebrará o no la reunión.
Borthagaray aseguró que la mayoría del gobierno local quebrachense “está en una situación de incumplimiento de la normativa. La obligación de todo gobernante, la obligación del alcalde es hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos y está en el Reglamento que ella tiene que sesionar, que abrir las sesiones, cerrar las sesiones. Los concejales tenemos la obligación de asistir a las sesiones y hacer los planteamientos”. Señaló que “más allá de la normativa, es ahí donde se plantean los temas de la gente. Es necesario que se sesione porque, sino, no hay transparencia”. Efectivamente, el artículo 12 del referido Reglamento establece que, “Los miembros del Municipio están obligados a asistir con puntualidad a las sesiones, debiendo avisar al Alcalde o Alcaldesa, si tuvieran algún impedimento, entendiéndose como licencia, las faltas por enfermedad u otra causa grave”.
Si bien reconoció que la responsabilidad en el funcionamiento del gobierno local corresponde a sus cinco miembros, opinó que hay una cuota de mayor responsabilidad en el alcalde, en este caso Silbia Visoso, en tanto la normativa le impone la tarea “de llevar adelante el funcionamiento del Concejo, es quien preside el Concejo, es muy importante la presencia del alcalde”.
La denuncia provoca la interrogante respecto a cuál será la situación de funcionamiento en los demás Municipios, entre los cuales se encuentra el de Porvenir, intervenido hace más de un año en una situación que se extiende de una manera incomprensible. Habrá que ver si la Junta Departamental, mandatada a ejercer el contralor también en aquel nivel de gobierno, aborda alguna vez estas cuestiones con la profundidad que reclama la preservación de las instituciones.
