Los recursos para la vivienda 2026-2030
El Fondo de Vivienda ayer
Cuando a comienzos de los años sesenta del siglo pasado, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) creada para estudiar la situación social y económica del país, hizo su informe sobre la vivienda, coordinado por el Arq. Juan Pablo Terra, se reveló la existencia de un déficit habitacional absoluto[1] de más 85.000 viviendas. Tres años después, Terra sería electo diputado y en 1967 se constituiría, como tal, en el principal redactor de la Ley Nacional de Vivienda (LNV), N° 13.728, que se aprobaría a fines de 1968. Uno de sus objetivos fundamentales era eliminar ese déficit en quince años.
Esa ley creó el Fondo Nacional de Vivienda, al que se le agregó, en 1992 “y Urbanización”, incorporándole una tarea más, gigantesca, sin que se moviera un ápice los recursos de que disponía, pese a que en general se aceptaba que ya a esa altura eran insuficientes. El Fondo era la herramienta fundamental para cambiar la situación habitacional de las personas que habitaban viviendas inadecuadas, lo que requiere, no sólo pero sí indispensablemente, construir viviendas, mejorarlas, equiparlas, proporcionarles servicios y hacer todo eso asequible (o sea, que se pueda pagar, sin que sea a costa de sacrificar otros derechos). En cualquier caso, a las acciones en materia habitacional deben sumarse otras, que tienen que ver con otros derechos fundamentales, del mismo modo que a las políticas para satisfacer éstos, deben sumarse necesariamente las acciones en vivienda.
Y por eso mismo las políticas sociales deben tener como sustento los recursos necesarios. El art. 2° de la LNV, establece, después que el primero asegura el derecho universal a la vivienda adecuada (pueda o no pueda pagarse) que “es función del Estado estimular la construcción de viviendas y (…) asegurar que los recursos asignados a este fin alcancen para la satisfacción de las necesidades, no sobrepasen las posibilidades de la economía y se usen racionalmente para alcanzar los objetivos señalados”. O sea: el justo equilibrio de lo que se puede y lo que se necesita, tantas veces ignorado -y ahora parece que también- con el argumento de que lo que se necesita no se puede, sin discutir si lo que se puede ha sido bien dimensionado, y en base a qué prioridades.
El Fondo creado en 1968 tenía varias características decisivas para garantizar su eficacia: era propio y permanente (en palabras de FUCVAM: verdadero), de modo que se destinaba única y exclusivamente a financiar las políticas de vivienda y no dependía de los avatares presupuestales; lo recaudaba directamente el Banco Hipotecario; se nutría de las devoluciones de los préstamos que con él se otorgaban; captaba ahorro privado (fundamentalmente el que constituía un requisito para obtener esos préstamos), pero también público (forzoso, pues los bancos y las compañías de seguros debían constituir obligatoriamente sus encajes con títulos y obligaciones hipotecarias) y recibía además el total del producido del Impuesto a las Retribuciones Personales, entonces existente: 1% aportado por los trabajadores y otro 1% por sus empleadores de la actividad pública y privada.
El Fondo de Vivienda hoy
Casi seis décadas después, el déficit se ha reducido muy poco[2] y aunque el Fondo sobrevive, está duramente golpeado: ya no tiene recursos propios de asignación directa; ya no tiene el volumen de recursos permanentes de que disponía, hoy reducido a poco más de la mitad del histórico; ha perdido peso considerablemente la captación de ahorro privado y es casi inexistente la de ahorro público, orientado fundamentalmente a pagar los intereses de la deuda pública, que sigue creciendo. Por eso en cada presupuesto (porque se han puesto de moda las rendiciones de cuentas de incremento de gastos cero) hay que luchar para que se le adjudiquen más recursos, lo que en los últimos treintaicinco años no se ha logrado casi nunca.
Y para colmo, con la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 1972, los insumos de la producción de vivienda (desde la compra de materiales, equipos y herramientas, hasta el asesoramiento técnico) pasaron a ser gravados con el nuevo impuesto que supo tener una tasa inicialmente del 14%, que ahora es del 22% y que en algún momento fue incluso más alta, cuando se aplicó el “COFIS” (impuesto para la Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social) entre 2001 y 2006.
Esto hace que el Ministerio de Vivienda le devuelva al de Economía, por concepto de impuestos, según los sistemas de producción, entre el 15 y el 22% de los recursos que recibe, y que las viviendas cuesten -efectivamente- lo que cuestan realmente más un recargo por impuestos, con lo cual se encarecen y se puede hacer todavía menos, y las cuotas de repago de los préstamos suben y requieren más subsidios. O sea: parte de lo que debería entrar, sale casi antes de entrar.
El Fondo de Vivienda mañana
La situación señalada y su repercusión sobre las carencias y necesidades de vivienda, particularmente las de los sectores de menos recursos y posibilidades (incluyendo especialmente la infancia y la tercera edad) hizo que el Frente Amplio, en sus Bases Programáticas para el Gobierno 2025-2030, que hoy ejerce, reiterara el compromiso ya hecho en 2019, en la elección anterior, de duplicar el presupuesto de vivienda existente:
“(…) en coherencia con definiciones previas de nuestra fuerza política, se asume el compromiso de fortalecer el fondo nacional de vivienda y urbanismo con recursos propios y permanentes. La financiación del fondo estará basada en la profundización de la política tributaria que ha impulsado el Frente Amplio con el objetivo de duplicar los recursos destinados a vivienda. (…) Se tenderá a eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público” (punto 11, página 49).
Y para que quedara claro que esto no era simplemente una promesa de campaña para concitar apoyos y después olvidar, el 25 de marzo pasado el Consejo de Ministros emitió un decreto en el cual se definieron cinco programas prioritarios (entre ellos Vivienda) y se establecieron sesenta y tres compromisos para llevarlos adelante. El primero de los siete correspondientes a Vivienda establece: “Se asumirá un incremento presupuestal sostenido, con el objetivo de duplicar los recursos para vivienda que puedan volcarse a atender los grupos de población en situación de mayor emergencia y la precariedad habitacional, así como programas como Cooperativas, Mevir y nuevas alternativas.”
Cinco meses después se presentó el Presupuesto Nacional y el Plan Quinquenal de Vivienda 2026-2030[3], y los recursos previstos, con los que se deberá planificar la actuación para los próximos cinco años, son los que se detallan en el cuadro adjunto.
O sea: un aumento del 20% en el primer año, que como primer paso podría ser aceptable, y después: casi el congelamiento. De la exoneración impositiva, por otra parte, por ahora no hay noticias: en el articulado del presupuesto, donde debería aparecer, no aparece.
Todavía hay tiempo
No hace falta decir que los recursos previstos están lejos de ser suficientes. Para corregir este error, que contradice los compromisos de campaña y de gobierno, se podrían redistribuir otros recursos para aumentar los asignados a Vivienda, pero ello tiene el riesgo de desnudar otro santo, como hizo el gobierno anterior con el Instituto de Colonización. También el Poder Ejecutivo podría mandar un mensaje complementario, lo que, a esta altura, por los plazos constitucionales, ya debería hacer en la segunda cámara. O comprometer desde ahora hacer la fuerte inyección que falta en la próxima y siguientes Rendiciones de Cuentas, o en una ley especial con sus propios recursos, como sucedió con la ley de vivienda de 1968.
Pero si algo de esto no se hace, la próxima navidad también la pasaremos en las trincheras.
Benjamín Nahoum
* Con el debido agradecimiento al Cuarteto de Nos por prestarnos el título.
[1] El déficit habitacional absoluto refleja la cantidad neta de viviendas que faltan para que cada hogar disponga de una vivienda adecuada. Supone que las desocupadas que no se destinan a habitación temporal (como las viviendas de veraneo) se ocupen en su totalidad, salvo las que deben estar disponibles para el alquiler o compra, para el funcionamiento de esos mercados.
[2] El nuevo Plan Quinquenal no lo cuantifica, pero los dos anteriores lo situaban en las 55-60.000 viviendas (aunque hay estimaciones superiores), y, habida cuenta que entre el censo de 2011 y el de 2023 el número de hogares aumentó más que el de viviendas, sólo puede pensarse que hoy es mayor que esa cifra.
[3] Se ha hecho una costumbre designar los presupuestos y los planes quinquenales de vivienda por el período correspondiente al respectivo gobierno, pero en realidad ellos se aprueban al cabo del primer año de ese período y rigen en los cuatro que restan y en el primero del período siguiente, o sea, para este caso: 2026-2030.
