El Congreso de Intendentes se encuentra en un punto muerto en la negociación con el gobierno central sobre el próximo presupuesto quinquenal. A pesar de que desde la OPP se ha destacado una inversión «histórica» hacia las intendencias, el presidente del Congreso y actual intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, asegura que el problema no pasa tanto por el monto, sino por la forma en que se distribuyen los recursos. Las declaraciones fueron realizadas en el canal estatal hace instantes.
«Cada parte tiene su versión. El gobierno sostiene que la inversión es histórica, pero eso se basa en proyecciones que no sabemos si se cumplirán«, explicó Olivera. El presidente del Congreso reconoció que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo, pero remarcó que muchas de las reivindicaciones de los gobiernos departamentales no implican mayores recursos, sino un reparto más justo y descentralizado de los fondos existentes.
Desacuerdos sobre la «histórica» inversión
El director de la OPP, Rodrigo Arim, declaró que el presupuesto plantea una cifra sin precedentes: unos 4.000 millones de dólares para las intendencias en cinco años, equivalente a unos 650 millones anuales. Sin embargo, Olivera matizó: “Eso es en función de ciertos supuestos de crecimiento económico. Nosotros preferimos hablar de lo efectivo, de lo real”.
Uno de los puntos críticos es que, aunque el 3,33% del presupuesto se mantiene como proporción para los gobiernos departamentales (el mismo porcentaje que hace cinco años), no hay garantías de que el monto total sea efectivamente mayor si no se cumplen las expectativas de recaudación.
Reivindicaciones de larga data
Según Olivera, las tensiones no son nuevas. Desde hace años las intendencias vienen solicitando correcciones en las asimetrías territoriales, particularmente entre el interior y la zona metropolitana.
Actualmente, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Interior se reparte en un 60% administrado por el gobierno central y 40% por las intendencias. “Queremos cambiar eso, no es más plata, es el mismo dinero repartido de otra forma”, explicó.
También se han planteado propuestas para reducir el alto aporte patronal que pagan las intendencias (16,5%, el más alto del Estado), y se reclama una actualización del cálculo del fondo, que se basa en recaudaciones tributarias fuera de Montevideo con fórmulas que datan de hace casi 30 años.
Dilemas en la redistribución
Olivera fue claro: si se toma el mismo dinero y se reparte con nuevos criterios (como población, desarrollo, situación fronteriza), algunos departamentos recibirán más y otros menos, algo políticamente difícil de sostener. “Y nadie quiere agarrar menos”, resumió.
Para evitar que haya intendencias perdiendo recursos, sería necesario aumentar la “torta”, algo que aún está en discusión. En este contexto, las diferencias parecen más de fondo que de forma.
Intendencias con déficit y nuevas funciones
Algunos gobiernos departamentales, como Florida y Cerro Largo, atraviesan situaciones financieras complicadas. Olivera aseguró que no es normal llegar a este nivel de déficit, pero reconoció que todo cambio de administración trae consigo tensiones financieras.
Además, recordó que las intendencias vienen asumiendo funciones que no les corresponden formalmente, como salud, vivienda, educación o empleo. «Donde no llegan otros, llegamos nosotros», enfatizó.
¿Qué sigue?
Se espera una reunión clave con el presidente Yamandú Orsi para intentar destrabar la situación. El Congreso de Intendentes volverá a reunirse mañana a las 11:00.
«Si no hay acuerdo, el Poder Ejecutivo enviará su mensaje al Parlamento, y nosotros plantearemos allí nuestras reivindicaciones», concluyó Olivera.
