Por Horacio R. Brum
San Luis de Quillota es un cuadro de la Primera B del fútbol chileno. No se destaca particularmente en los campeonatos y aunque existe desde 1919, sólo en 2010 rozó brevemente la Primera División. De todos modos, el San Luis es el “cuadro del pueblo” de Quillota, una ciudad de 85.000 habitantes, al noroeste de Santiago. Por eso, sus hinchas no toman a bien que el club sea propiedad de extranjeros, más aún, cuando, como lo reveló recientemente un reportaje de El Mercurio, el principal diario de Chile, la compra estuvo envuelta en algún misterio. Para la ley nacional, los propietarios son argentinos y vinculados a Christian Bagarnik, un empresario ducho en los tejemanejes del no muy limpio fútbol argentino, pero la mayor parte del paquete accionario pertenece a un tal Carlo Rovegno, de nacionalidad italiana. Nadie sabe en la ciudad del San Luis cómo y por qué Rovegno compró las acciones del cuadro ni cuál es su relación con los argentinos; una investigación periodística lo vinculó con los Panama Papers, la documentación a partir de la cual, en 2016, se comenzó a destapar la olla podrida de los negociados internacionales hechos a través de ese país centroamericano. A modo de rumor, un directivo del cuadro dijo a El Mercurio que le parecía que el italiano se dedicaba a “fabricar submarinos”. ¿Por qué un italiano fabricante de submarinos se interesa por un cuadro de fútbol de un país del fin del mundo, que actualmente está firmemente anclado en el puesto número 14 de la tabla de la Primera B chilena? Este es apenas uno de los negociados que plagan al fútbol de Chile, donde muchos clubes han sido convertidos en sociedades anónimas, con accionistas vinculados a los grandes capitales, que van desde el misterioso fabricante de submarinos, hasta el ex presidente Salvador Piñera.
Otro negociado que está en discusión en estos días es el de los auspicios de las empresas de juegos de azar por internet, consideradas ilegales en Chile y muchos otros países. 14 de los 16 clubes de la Primera División llevan la publicidad de esas “casas de apuestas virtuales” en sus camisetas y reconocen que tal auspicio representa entre el 8 y el 10 por ciento de sus ingresos. Incluso el campeonato de la Primera B lleva el nombre de una de esas empresas. La ludopatía -una afición patológica a los juegos de azar-, preocupa a las autoridades nacionales, ya que se ha cuadruplicado desde que el gobierno del presidente Ricardo Lagos permitió en 2005 la instalación de casinos privados por todo el país.
Tanto el ministerio de Hacienda como el de Deporte sostienen que el negocio de las apuestas virtuales, que mueve unos 170 millones de dólares por año en Chile, se desarrolla fuera de la legalidad. Al igual que muchas compañías de reparto a domicilio o de servicios de transporte, estas empresas están radicadas en los paraísos fiscales como Malta, Curazao o la isla de Man (en las islas británicas), por lo cual no pagan impuestos ni asumen responsabilidades por sus actividades en el país. Varios gobiernos chilenos han tratado de poner límites a esas actividades, que aparecieron por primera vez con Uber, la empresa de taxis informales que dice no tener empleados, sino “socios”. Sólo en marzo de este año se logró promulgar una ley que aproxima los derechos de los trabajadores de las “plataformas digitales de servicios” a lo que dispone el Código del Trabajo, pero las violaciones siguen siendo numerosas y, en el campo de los repartidores, el problema se ha agravado porque los escasos requerimientos que ponen las compañías para la contratación lo han convertido en una fuente favorita de empleo de los inmigrantes ilegales.
En la caso de las empresas de apuestas virtuales ligadas al fútbol, la comisión de Deportes de la cámara de Diputados está realizando investigaciones a fondo, porque ellas también están envueltas en sospechas de lavado de dinero. Sin embargo, para la ANFP (Asociación Nacional del Fútbol Profesional, el ente rector del deporte), hay que evitar cortar una fuente de financiamiento de los clubes. El presidente de la Asociación, Pablo Milad, expresó ante los parlamentarios sobre este negocio: “Que no esté regulado no quiere decir que sea ilegal”. Milad, un empresario afiliado a la derecha, que integró el gobierno del también empresario Sebastián Piñera, aplica así la lógica de amoralidad común en el empresariado chileno, que ha dado lugar a numerosas colusiones para fijar precios y abusos contra los derechos de los consumidores: todo lo que no está específicamente prohibido, está permitido. Opiniones similares emitieron el presidente de Universidad Católica y de Blanco y Negro, la sociedad propietaria del popular Colo Colo. Con el déficit de 16.000.000 de dólares que tuvo la ANFP en 2021, según la memoria anual publicada este mes, no es de extrañar que los dirigentes se preocupen poco por la relación entre las apuestas virtuales y la ludopatía.
La historia reciente del fútbol chileno no está libre de manejos turbios. En 2015, el entonces presidente de la ANFP, se convirtió en delator para salvar su cabeza en el escándalo de las coimas repartidas entre la FIFA y la Conmebol para televisación de la Copa América. Protegido por el FBI, la organización policial estadounidense que destapó el asunto, Jadue vive ahora en Miami y sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia de su país.
Un inmoral, según el diccionario, es quien comete a sabienda actos contra la moral; un amoral es aquel que no tiene conciencia moral. La amoralidad parece ser imperante en el deporte profesional y este año ha habido varios ejemplos de ello. En un mundo acosado por la pandemia del Covid19, Novak Djokovic pretendió entrar a Australia sin vacunarse, para jugar el torneo abierto de tenis; sin preocuparse por el mal ejemplo, inventó mil y una justificaciones, hasta que las autoridades lo deportaron. En Inglaterra, varias estrellas del golf no tuvieron problemas para participar en una competencia organizada y financiada generosamente por Arabia Saudita, pese a que muchos otros profesionales se negaron, a causa de la negra historia de derechos humanos que tiene ese país. Los saudíes no solamente se han comprado campeonatos de golf, sino también carreras de Fórmula 1 y otras competencias de jerarquía mundial.
Más cerca y en una escala menor pero no menos significativa, Boca Juniors consiguió en junio que la justicia argentina diera un respiro al delantero Sebastián Villa, bajo indagación por varias acusaciones de abusos sexuales, para que saliera del país por un partido de la copa Libertadores y se cambió la fecha de una indagatoria, para que pudiera participar en la Liga Profesional argentina. Sin Villa, el problema para Boca no era tanto perder partidos como perder la plata que esos partidos le dan. La AFA, tratando de poner al muy machista -pero muy redituable- fútbol argentino creó recientemente un Departamento de Equidad y Género. La titular del mismo dijo del caso Villa que el club del Riachuelo no debería “dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial». Villa sigue siendo investigado, pero continúa dando ganancias millonarias a su club…y haciendo millones él también.
Arabia Saudita no sólo está lavando su imagen mediante el reparto de cheques en los más variados campos del deporte. También ha comprado imágenes de prestigio, como la de Leonel Messi, que en mayo aceptó ser “embajador turistico” de ese país. El veterano periodista británico John Carlin, corresponsal durante muchos años de la BBC en Buenos Aires y fanático del fútbol, tenía por ídolo al 10 argentino. Cuando supo de esa designación, le dirigió una carta-columna en el diario barcelonés La Vanguardia, que cerró así:
“La plata es la plata, no importa el origen, ¿no es cierto? Ay, Leo, mi ídolo caído. Quisiera decirte gracias por los recuerdos. Pero te cag… en ellos y ya no puedo”.
En noviembre, una buena parte del mundo mirará a Catar y verá estadios demasiado fabulosos para un país donde el fútbol está lejos de ser el deporte nacional. Como sucedió en la Argentina de 1978, nadie se preocupará por las numerosas leyes que allí van contra la democracia y los derechos humanos; la FIFA cobrará su botín, los jugadores se llenarán los bolsillos, el gobierno catarí lavará su imagen por un tiempo, y todos tan contentos. Los únicos perdedores, por voluntad propia, serán los hinchas que empeñarán hasta lo que no tengan para pagarse los pasajes. Mejor que no se emborrachen en ningún festejo, porque podrían volver a sus casas con unos cuantos latigazos en la espalda, apenas uno de los castigos que prescribe la legislación del estado anfitrión.
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Dinero y deportes, una alianza oscura.
