Por Marita Coria
El resultado del referéndum del domingo 27 de marzo habilitó al gobierno a avanzar en las reformas incluidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que no se propuso a Referéndum: la Seguridad Social. Sin embargo los ajustados números polarizan las posiciones.
Para redactar esta reforma incluida en la LUC (Ley N° 19.889), fue constituida la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Su misión fue realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo para presentar recomendaciones al Poder Ejecutivo.
Los quince miembros designados por el Poder Ejecutivo entendían en temas previsionales, demográficos, económicos y legales, entre otros. Se nutrieron de las visiones de las organizaciones sociales y de los partidos políticos, según figura en su web.
En 2020 el CESS contrató a la encuestadora Equipos para conocer la opinión de uruguayas y uruguayos. Las cifras arrojaron resultados contundentes: el 78% considera que la edad jubilatoria debe ser de 60 años. Desglosado por partido, el 85% de los votantes del FA cree que la edad jubilatoria no debería aumentar. Lo mismo piensa el 75% de los votantes del Partido Nacional, el 62% del Partido Colorado y el 97% de los votantes de Cabildo Abierto.
El lunes 22 y martes 23 de noviembre de 2021, el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain (redactor de la Ley 17.703 de 1995 que sentó las bases para las AFAP), presentó el Informe de Recomendaciones (votado afirmativamente por diez representantes del gobierno y del sector empresarial y cinco en contra: Frente Amplio, PIT CNT y Onajpu) a la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y al Prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.
El Poder Ejecutivo debe redactar un proyecto de ley a debatir luego en la órbita parlamentaria.
Pero, conocidos los ajustados resultados del referéndum, las posiciones se han polarizado. El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, advirtió que la reforma de la Seguridad Social es una prioridad de su gobierno porque supone la sustentabilidad del sistema.
La oposición política, el PIT CNT y el director de los trabajadores en el BPS Ramón Ruiz, han expresado públicamente que es imperiosa una apertura al diálogo.
Y, en los últimos días, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, afirmó no estar dispuesto a votarla si no hay consenso de todos los partidos políticos.
El capital no es solidario
Carlos Penón es integrante de la Intersocial Paysandú designado por la Federación ANCAP e integró la Comisión de Seguridad Social del PIT CNT. Consultado por 20once, opinó que «una cosa es llamar a escuchar y otra es acordar». Al tratarse de una cuestión tan sensible para la gente en un sistema solidario como el del BPS, el gobierno debería convocar al diálogo – no sólo a la oposición – sino a los trabajadores y jubilados.
Pero, agregó, «es un tema que está en la agenda» y será cuestión de evaluar «si la mayoría del gobierno está dispuesta a pagar el costo político».
El resultado del referéndum y la posición de la ciudadanía en contra de la reforma podría ser un freno.
«No se trata sólo de aumentar la edad jubilatoria y bajar el tope jubilatorio sino que se corre el riesgo de desfinanciar al BPS, quitar sus múltiples prestaciones de protección social» como seguro de desempleo, atención a la primera infancia, situación de personas con discapacidad, sistema de cuidados.
El BPS se asienta sobre tres pilares básicos : es solidario, universal y no tiene ánimo de lucro. El eventual ingreso de las financieras al mercado podría desfinanciar a la institución. Sobran ejemplos comprobados de empresas de ahorro previsional que huyeron con los ahorros de los ciudadanos en América Latina. Un caso paradigmático y escandaloso fue Chile.
El denostado movimiento sindical
El senador nacionalista Jorge Gandini reconoció que la reforma es un tema «no simpático» y que los resultados serán a largo plazo. Si fuera aprobada en 2022 se aplicaría en el gobierno próximo y «para las poblaciones más jóvenes».
«Tiene que haber un acuerdo entre los que gobiernan y los que aspiran a hacerlo» ya que los primeros pagarían un costo importante pero «estamos asegurando la continuidad de futuro». «Yo por lo menos no estoy dispuesto a hacer una reforma a voto duro y puro», sin la incorporación de todos los actores.
Advirtió que no está dispuesto a «que me hagan un referéndum en la elección que viene hablando en contra de una medida que hay que hacer porque es imprescindible. El oportunismo debe quedar de lado con las políticas de Estado».
Acuerda que hay que hablar con la oposición pero también evaluar el peso de los sindicatos ya que a su entender, una de las consecuencias del referéndum fue «el poder interno que estos tienen en un partido político».
La polarización y el movimiento sindical que «descubrió que por la vía de la movilización y el conflicto puede parar al gobierno» demanda «generar ese ambiente de madurez para hacer la reforma. Hay que agotar todos los caminos».
«La reforma se avizora más viable en tanto se realiza lo más lejos posible de la próxima elección y urge buscar un consenso».
Advirtió asimismo que en el mensaje del 1° de Mayo, Día de los Trabajadores, se hará énfasis en la Reforma de la Seguridad Social porque los sindicatos «necesitan un enemigo permanentemente».
Faltan actores
Ramón Ruiz, director del BPS, sector trabajadores, calificó a esta reforma como «la madre de todas las batallas» por tratarse del reajuste estructural más importante de este gobierno.
En una nota concedida a la revista Caras y Caretas, evitó explayarse en eventuales medidas de lucha porque en temas tan sensibles, lo primero es agotar los caminos de diálogo.
Se trata, dijo, de un texto donde la mayor parte del ajuste va para los trabajadores. Observa asimismo que no hay medidas de financiamiento y no se pide un esfuerzo a los sectores de mayor capacidad contributiva. Un camino para darle continuidad al sistema es no alterar la edad jubilatoria pero sí pensar un estímulo para que se jubilen más tarde.
Se plantea extender el ahorro individual para las otras cajas, lo que redundaría en que habrá más trabajadores en las AFAP y estas tendrán mayores comisiones. Ruiz agregó que en el informe de expertos, no hubo análisis profundo de cambio para la caja militar y sin embargo, se le pide a los trabajadores que se jubilen a los 65 años.
Para tener una mirada integral de la reforma, debería abrirse un diálogo social que integre «partidos políticos, instituciones gubernamentales, trabajadores, empleadores, AFAP, Universidad de la República, caja militar, policial, profesional y notarial», advirtió Ruiz.
«Hay que pensar nuevas formas de financiamiento» y sin un análisis adecuado del mercado laboral, sin trabajo y salarios dignos»es muy difícil que un nuevo sistema de seguridad social se pueda sostener».
