Cojitranca
El pasado 31 de julio, el MVOTMA realizó el primer llamado del año para acceder a los préstamos cooperativos. En la oportunidad ofrecía mil viviendas; similar oferta habrá en el sorteo correspondiente a diciembre.
En el 2018, aduciendo cierta acumulación de cooperativas transitando procesos pos sorteos anteriores, se realizó un único sorteo (750 viviendas).
El aditivo de éste año no compensó las 250 viviendas faltantes del 2018. Recuérdese que el criterio era sortear 1.500 viviendas por año en régimen cooperativo.
Se estima que la política pública de vivienda del MVOTMA dispuso de unos 240 millones de dólares anuales (dólar de principio del 2018); aunque su asignación es en pesos uruguayos.
El gobierno del FA, pese a la oposición de las gremiales, estableció -bajo un conjunto de pautas- los sorteos; por dos razones: existencia de una demanda superior a la oferta y dotar a la asignación de transparencia.
El azar fue esquivo, esta vez, para las cooperativas sanduceras presentadas. Lo interesante del asunto es estar en el mecanismo de los sorteos.
Una imperiosa necesidad
Para el sorteo del 31 de julio se habían presentado 118 cooperativas, implicando 3.288 viviendas y estaba en juego la asignación de 784 viviendas. Tan solo 26 cooperativas (ayuda mutua-AP; propietarios-usuarios), de porte mediano salieron sorteadas.
Un dato accesorio, a los efectos del presente trabajo, señala que de las 26 adjudicadas, 14 son de propietarios y 12 de usuarios. Otro corte, para el análisis, agrega que 16 se ubican en el interior (varias localidades); el resto en Montevideo. Surgen otros elementos para enriquecer análisis. De las 16 del interior, 7 corresponden a la ciudad de Salto, ciudad que agrega dos curiosidades y una pregunta. Las curiosidades van por el lado de la persistencia allí de las cooperativas de usuarios (de las 7 sorteadas, 5 son de usuarios) y de la pequeñez de cada una; menos de 30 socios. También indaga sobre los asesoramientos. Tal vez la consistencia de la calidad de usuario tenga que ver con antecedentes históricos y el trabajo de la respectiva Federación. El azar fue esquivo, esta vez, para las cooperativas sanduceras presentadas. Lo interesante del asunto es estar en el mecanismo de los sorteos.
Dentro de la “frazada corta” se puede mencionar -parece consuelo- que el movimiento cooperativo “explotó” en el interior en buena medida por el acceso al suelo (parcialmente) desde el Estado nacional o Intendencias, demanda organizada, penetración del modelo (particularmente en lugares sin mayor arraigo, por ejemplo Artigas) y rol de las Federaciones. Daría para examinar el constante crecimiento de la modalidad de ayuda mutua pero bajo el régimen de propiedad privada individual con todo lo que significa desde diversos puntos de vista.
La verdad de la milanesa
Se estima que la política pública de vivienda del MVOTMA dispuso de unos 240 millones de dólares anuales (dólar de principio del 2018); aunque su asignación es en pesos uruguayos. Ello equivale a un 0.4 % del Producto Bruto Interno (PBI) La mitad de la asignación se destina al programa cooperativo. En el Plan Quinquenal (2015-2020) se estableció la construcción de 10 mil viviendas cooperativas. El gobierno dice que superaría tal cifra. Entendidos indican que ello no está claro, entre otras cosas, por la opacidad de qué es lo que se cuenta: cooperativas escrituradas, terminadas, en obra.
Los sorteos, obsérvese el último, exponen con claridad que 10 mil viviendas, más o menos, sigue siendo poco para abatir persistente déficit.
La ley de vivienda, 13.728 de 1968, estableció, a los efectos de la financiación de programas, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) El mismo se nutría con los aportes de trabajadores formales y patronos. La reforma tributaria, realizada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, eliminó esta modalidad y, ahora, hay que ir “a la piñata” de la discusión presupuestal quinquenal. Por esto las Federaciones hablan de “recomponer el Fondo”. Aventando el discurso que los recursos escasean, plantean de dónde extraerlos; del juego y las AFAPs, por ejemplo.
Sin perjuicio de los múltiples planes que están bajo el paraguas de la política pública de vivienda, el programa cooperativo -no obstante sus cambios y dificultades- ha demostrado la capacidad de generar comunidad, ciudad inclusiva y valores democráticos.
Las políticas sociales que intentan mitigar/atenuar desigualdades encuentran en el cooperativismo un aliado valiosísimo. Redes, organización y adaptabilidad a los distintos territorios urbanos no solo facilitan el despliegue de dichas políticas sino que su implantación hace a espacios democráticos; alguno de ellos en disputa y no solo con el crimen organizado.
Es cojitranca una política social que facilitó acceso a la salud, con cierto decoro, amplía derechos, descentralizó la Universidad de la República, con el impacto emergente, bajó niveles de pobreza e indigencia, pero no incrementa recursos -se mantienen en sus niveles históricos- en vivienda. De la mano de la escasez de recursos se incrementaron los, ahora, denominados “asentamientos irregulares”. En buena parte de estos, más allá del trabajo de “regularizarlos” emerge la denuncia implícita de la falta de vivienda para miles de compatriotas. La vivienda decorosa, en tanto derecho, interactúa con los otros derechos y, a su vez, los cobija.
En el marco de una incipiente competencia electoral, de mucha imagen y marketing, los distintos partidos políticos hablan poco del tema vivienda y, en especial, el insoslayable aumento de la inversión. En un periodo de mayor restricción económica ver qué se plantea en esta materia es medular.
Se presupone, los antecedentes así lo indicarían, que hay una mayor sensibilidad del progresismo sobre estas materias. De todas maneras, más allá de cambios institucionales, reglamentarios verificados, existencia de subsidio a la permanencia, cartera nacional (a veces departamental) de tierra, extensión del sistema por todo el territorio nacional, los recursos se deben incrementar. Democratiza la política el llevar las cooperativas a la ciudad consolidada y crear comunidad integrada en la heterogeneidad.
Entonces, para atender un déficit habitacional cuali y cuantitativo (que admite distintos “números”, desde 60 a 80 mil, pero es crónico), las organizaciones del hábitat plantean llevar la inversión del 0.4 al 0.8 % del PBI. Si así fuera, y es necesario, el cambio interpelaría fuertemente la capacidad disponible, su masa crítica y ciertas prácticas arraigadas en el movimiento cooperativo. Sería una tensión creadora.
Darío Rodríguez
