El cooperativismo de vivienda, hoy
Benjamín Nahoum*
El problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales que enfrentan hoy los sectores populares en nuestro país. Y es un problema que no termina ahí: porque sin vivienda adecuada no puede haber salud adecuada, buena convivencia familiar, facilidad para el aprendizaje, y hasta puede ser un obstáculo para conseguir trabajo, porque todos sabemos que cuando el o la aspirante a trabajador da una dirección que se identifica con la precariedad, es más difícil conseguir el empleo.
Nuestro país tiene, gracias a la Ley de Vivienda (N° 13.728), aprobada hace exactamente cincuenta años, un sistema de producción habitacional que ha permitido a numerosas familias de bajos ingresos acceder a una vivienda adecuada: el cooperativismo de vivienda, de ayuda mutua o de ahorro previo. Ese sistema se potencia, además, cuando la propiedad de las viviendas es colectiva, o sea de la cooperativa, y ésta otorga el uso y goce de una de ellas a cada familia socia. Y se potencia porque eso hace a la cooperativa más fuerte, y cooperativas fuertes es sinónimo de familias socias mejor protegidas.
El sistema cooperativo depende, para su desarrollo, del financiamiento del Estado, porque ningún ente financiero privado le presta el dinero necesario a estos sectores y mucho menos con los plazos e intereses, y aun con los subsidios, que se precisan para que puedan pagarlos.
Por esta circunstancia, cuando el Estado ha prestado su apoyo al movimiento, como sucedió a comienzos de los setenta, éste creció y se consolidó, pero cuando ese apoyo desapareció, como pasó en los noventa y principios de los 2000, o incluso se transformó en persecución, durante la dictadura (cierre de préstamos, no otorgamiento de personerías, eliminación de los IAT, persecución a los militantes) las cosas se hicieron muy difíciles.
Desde 2005 la situación ha cambiado sensiblemente, pero aún debe hacerlo más. El cooperativismo de vivienda ha sido decididamente priorizado en estos años en la inversión pública, pero en un contexto de escasez de recursos eso no fue suficiente: es que cualquier porcentaje, aunque sea alto, de poco… es poco. Así, hasta el año pasado, en los dos llamados anuales que hacía el Ministerio de Vivienda para que las cooperativas postulasen para recibir préstamos, por cada una que lo conseguía, casi dos quedaban afuera, porque los cupos eran pequeños y la demanda grande.
En 2018 la cosa será peor aún, dado que para poder cubrir el retraso que se ha ido generando, habrá un solo sorteo. En realidad la demanda no es mayor justamente porque los recursos no lo son: el cooperativismo hoy está ampliamente reconocido por la población como solución de vivienda y cuando se lo estimula se crean cooperativas por doquier. Cuando la cosa se enlentece, en cambio, esa misma dificultad limita el número de demandantes.
El presupuesto estatal dedicado anualmente a la vivienda hoy está por debajo del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), nivel en el que se ha mantenido con pocas variantes desde comienzos de los noventa. Se requeriría por lo menos el doble de esa cantidad para empezar a “mover la aguja” en la materia: con lo que hoy se destina, a duras penas se logra que el problema no empeore. En momentos preelectorales, cuando las promesas empiezan a desfilar y los partidos a levantar sus programas, sería bueno que esto no se olvidara. Y que tampoco se olvidaran las dificultades que tienen las cooperativas en el interior del país para conseguir terrenos don los servicios necesarios, particularmente saneamiento.
El otro gran problema es el de los sorteos, un instrumento sin duda muy cristalino, pero cuyos resultados son muy discutibles. Por ejemplo, si una cooperativa es sorteada en su primera postulación, lo que parece el colmo de la felicidad, probablemente ni la cooperativa, ni los cooperativistas, ni su IAT, estarán preparados para empezar una obra en ocho o nueve meses, simplemente porque no se lo esperaban; y si en cambio pierde tres sorteos seguidos y recién puede presentar su proyecto ejecutivo luego de la siguiente postulación, o sea que pasó más de dos años esperando que su bolilla caiga, ese tiempo no servirá para afianzarla sino para desmembrarla, porque muchos socios se irán, desalentados por esos fracasos.
La otra gran dificultad del sorteo es que, cuando se trata de proyectos que integran a varias cooperativas, como el del terreno de la ex Paylana en Paysandú o los “barrios” cooperativos en Montevideo, como el Zitarrosa o el Estramín, cada cooperativa es sorteada por separado, y entonces una empieza en una fecha y otra dos años después, con lo cual todo lo que se puede lograr en materia de economías de escala, de coordinación de servicios y de complementación de doscientas o trescientas familias construyendo al mismo tiempo, como en las mesas y zonas montevideanas o en el “Barrio Cooperativo” de Paysandú en los setenta, se perderá o al menos se reducirá sensiblemente.
Otra cosa a corregir, que ni siquiera requiere más dinero sino mejores reglas. Para lo cual ya se han hecho propuestas desde las federaciones, los institutos asesores y también desde la Universidad.
* Benjamín Nahoum es ingeniero, docente universitario y durante mucho tiempo asesor del movimiento cooperativo y otros movimientos sociales, tanto en Uruguay como en el exterior. Será uno de los participantes de sendas actividades en Sede Paysandú del Cenur Litoral Norte los días 31 de agosto y 1 de setiembre.
