Aquí compartimos un adelanto del tema principal de semanario 20Once de esta semana.
La intervención de dicha fuerza policial en el ordenamiento del tránsito, concitó un respaldo que trasciende banderías políticas y que plantea interrogantes sobre el camino a seguir de aquí en adelante.
Desafiando la histórica resistencia de la izquierda a medidas de neto corte represivo, el intendente Guillermo Caraballo convocó a la Guardia Republicana para hacer frente a lo que calificó como “el neoliberalismo en el tránsito”.
Enmarcada en un convenio de cooperación técnica entre la Intendencia y el Ministerio del Interior, en oportunidad de las reuniones celebradas en Paysandú en vísperas del Consejo de Ministros, el gobierno departamental adoptó la resolución que consideró “inédita en el país”.
La sola invocación de su nombre produce resquemores en sectores políticos y sociales que la asocian, inevitablemente, con el uso desmedido de la fuerza a la hora de reprimir manifestaciones. El último episodio que adquirió trascendencia pública, fue el desalojo de la sede del Codicen, ocupada por estudiantes y representantes sindicales.
Una recorrida por calles de la ciudad permite apreciar la atención que suscita la actuación de “la Republicana”, y las expectativas desmedidas que provoca. En medio de una situación de inseguridad que excede la mera sensación térmica, los llamados a las fuerzas del orden abundan, y el propio Tabaré Vázquez ha tenido que salir a manifestarse claramente contra la intervención de militares en materia de seguridad pública. En Paysandú, no falta el desprevenido que entiende que la sola presencia de la Guardia Republicana en la ciudad, desalentará a delincuentes de todo tipo, más allá que haya sido convocada para fines específicos.
El intendente Caraballo expresó que “con las acciones que estamos realizando coordinadamente con la policía y ahora con la colaboración y apoyo de la Guardia Republicana estamos demostrando en los hechos, la total, clara y nítida voluntad política en encarar el tema”. “Encontrar respuestas tan rápidas, en pocas horas es porque existe actitud, definición política y decidida acción en lograr fortalecimiento de las instituciones. Esto es importante decirlo para que se comprenda por qué se han desencadenado con tanta rapidez estas acciones”, dijo el jefe comunal.
Para la actual administración, la problemática en el tránsito constituye una prioridad. Y Caraballo admitió que está dispuesto a “asumir los costos políticos” de la medida, los que, a juzgar por los comentarios en las redes sociales, serán mínimos.
“Somos conscientes que es un tema delicado, tiene resistencias, consiste en cambiar hábitos, pero estamos dispuestos a hacer los esfuerzos y a pagar los costos políticos que sean necesarios” sostuvo el Intendente.
Agregó que “hay que tener actitud institucional potente y hay que asumir con tranquilidad que este gobierno departamental no va a mirar para el costado tratándose de un tema de esta naturaleza. Reitero lo que dije el día que asumí: aunque haya que pagar los costos políticos que esto provoque”.
Ya comenzados los operativos, y recibidas por el Intendente manifestaciones de conformidad por parte de algunos vecinos, Caraballo señaló expresó “nuestro reconocimiento al Ministerio del Interior, con quien firmamos un convenio de cooperación el lunes 22 y dos días después nos anunció el envío de efectivos de la Guardia Republicana a nuestra ciudad a efectos de acompañar los operativos de nuestros funcionarios. Queda clara así la voluntad política de ambas instituciones en la materia.”
Asimismo, agradeció “las múltiples voces que, por vía pública o privada, han hecho llegar su conformidad con este proceso. Sabemos escuchar los apoyos tanto como las opiniones adversas (tan legítimas unas y otras), pero es alentador saber que la enorme mayoría de los sanduceros, enorme mayoría de todos los partidos políticos, coinciden en que es hora de poner más rigor en las fiscalizaciones.”
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