Escribe Dr. Enrique Malel
En los últimos días se conoció una resolución judicial que enviaba a un procesado a cumplir medidas sustitutivas en el Ejército Nacional, lo que me sonó un tanto equívoco, ya que si fue imputado de un delito de “rapiña” según las versiones de prensa, el procesamiento no puede ser “sin prisión” y este es un requisito necesario para adoptar tales disposiciones cautelares. En cuanto ahora interesa es que según el Ministro de Defensa, el sujeto “no encuadra” dentro de las personas que pueden ingresar a la institución, ya que cuenta con antecedentes penales, obviamente, podría agregarse a la aseveración.
Entonces, el Ejercito quiere colaborar con los Ni –Ni o no quiere o quiere y no puede (?).
Esto me recuerda una anécdota de otros pagos, cuando un adolescente internado en INAU pretendía ser músico del Cuartel y así lo decía. Al egresar del Centro por haber cumplido 18 años, en el mes de julio averigua y le indican que las altas se daban en setiembre (si mal no recuerdo), razón por la que volvió a su Pueblo, a la esquina, a reunirse con “los muchachos” y antes de setiembre cometió delito, fue preso y obvio que no entró a la función pública sino a la Universidad del delito, de modo que por una traba administrativa -como ahora- la vida pudo más y la institucionalidad no fue capaz de “cortar el círculo perverso de reproducción de delincuencia”, que a cada paso suma más personas, sobre todo jóvenes, a su columna. La verdad es que el Ejército del General Artigas debería realizar una contribución a la sociedad, dejando a un lado los problemas burocráticos, como ha sucedido con las Intendencias o los Hospitales de todo el país, que admiten a sujetos procesados para cumplir medidas sustitutivas, pues en esas decisiones se juega un bien superior, o sea el cumplimiento de una obligación, que puede hacer la diferencia entre el mundo del delito y el de la reinserción social de un sujeto que cometió un error y que merece una última oportunidad de los restantes pobladores de la República.
