La legisladora del Partido Nacional visitó Paysandú para informar sobre los temas ambientales en los que trabaja.
La senadora, quien llegó invitada por los ediles Ramón Appratto, José Illia, Ignacio Iffer y Gastón Berreta, es una de las impulsoras de un petitorio que se presentará ante el presidente Tabaré Vázquez, para que el Ministerio de Salud Pública verifique mediante análisis clínicos, la cantidad de glifosato que afecta a la población. Esta preocupación se la plantearon a las jerarquías del MSP hace más de un año, indicó. “Le pedimos que se enviaran a Argentina a analizar los fluidos de las personas expuestas al glifosato. Luego hicimos pedidos de informes, y seguimos sin tener respuestas” señaló la representante blanca. Cuando se le reiteró el planteo, el secretario de Estado “respondió con evasivas, dijo que no estaba dentro de sus prioridades, que más adelante se vería”. “Vamos a demostrarle haciendo una petición al presidente Vázquez, que el tema sí es una prioridad de los vecinos” agregó. Explicó que se trata de un fertilizante “de uso masivo, no solo en la soja y en el maíz transgénico, sino en todo tipo de agricultura. En las ciudades se usa para matar los yuyos en las veredas, en los espacios públicos, en lugar de usar una máquina de cortar pasto, una azada o un escardillo”. “Otro uso del glifosato, es para acelerar la maduración de las cosechas” subrayó. “Con esto de accuweather y el pronóstico del tiempo, si va a llover planifico” apuntó “en los granos quedan restos del producto, y va directo al alimento que llega a nuestra mesa”. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró probable cancerígeno grado 2. En Europa la miel uruguaya se rechazó porque estaba contaminada con glifosato. Los mercados del primer mundo, no quieren mercadería contaminada con fertilizantes de este tipo. Tenemos que empezar a ver qué se está fomentando. El ministro de Ganadería no nos ha concedido audiencia, no ha contestado informes que tiene el deber de responder, no ha concurrido a la comisión a la que lo hemos citado en varias oportunidades. Lo peor de todo es que no le da respuestas a la gente y se continúa intensificando esta forma de producir, que no nos lleva a buen puerto, no le da valor agregado a nuestra producción. Lo peor de todo es que contamina nuestros recursos naturales y la salud de nuestra gente”.
La senadora nacionalista se refirió a la ley de relaciones de consumo, que en uno de sus artículos establece el etiquetado que deben tener los alimentos que consumimos, “entre ellos obviamente el agua de mesa, que compramos porque no confiamos en la calidad del agua de OSE”. Dicha norma “dice que la etiqueta debe referir al origen del alimento, y deja al Poder Ejecutivo que reglamente el contenido de la etiqueta”. “En 2006 -continuó Aviaga- Tabaré Vázquez promulgó un decreto que deja sin efecto el etiquetado para el agua de mesa, la yerba, y otros artículos. Se adujo que hay una normativa del Mercosur que lo ampara”. Añadió que según han explicado especialistas como la abogada Dora Szafir, dicha norma del bloque regional no puede prevalecer sobre una ley de orden público. “Hicimos un proyecto interpretativo de ese artículo de la ley, diciendo que de ninguna manera se podía eximir el etiquetado de alimentos. Logramos que toda la bancada del Partido Nacional, tomara como prioridad la iniciativa para el año que viene, y se la presente a las bancadas de los demás partidos. Con esto quiero decir que cuando creemos que estamos cuidados por el Estado a través del gobierno, lamentablemente no es tan así, y en algo tan esencial como el agua que consumimos, estamos desprotegidos, porque al agua importada sí se le exige etiquetado, y que el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) le haga análisis, pero al agua embotellada nacional no”. Aviaga aseguró que realizó pedidos de informe a distintas oficinas estatales, “pero ninguna se considera responsable”. “La propia ministra de Medio Ambiente nos reconoció que había una laguna en la materia, que había que legislar porque nadie estaba controlando” la calidad del agua que consumimos. “Pedimos a las Intendencias que no den por bueno ese decreto de Vázquez porque no es legal”, y que a través de sus oficinas de bromatología, les exijan a las empresas que comercializan agua que presenten etiquetas con la información. “No hay una ley nacional de plaguicidas como debería haber” destacó. La parlamentaria indicó que el presidente de OSE es “un sobreviviente”, que permaneció en el cargo pese a los problemas con el agua potable registrados en Maldonado y el año pasado en Montevideo.
Enfatizó que “la gente quiere estar tranquila que los encargados de gestionar la cuestión pública lo estén haciendo bien y nos están cuidando, y no ver si el agua que tomas no te está enfermando, que esté contaminando a tu hijo y el día de mañana termine en San Pablo, en el hospital Sirio Libanes”. Abogó porque “no hagamos la vista gorda”. Dijo que “no me pareció bien, que Sendic firmara un decreto autorizando vender los vehículos utilitarios marca Liffan, sin las medidas de seguridad que exige la ley para cualquier cero quilómetro”. “Se fueron a China, y con tal de traer una promesa de algo, le firman a los chinos que vendan más de 300 mini van sin airbags. Hay una ley de 2013, que otorgó 18 meses de excepción para que se pudieran vender esos autos en esas condiciones” expresó. “Un decreto no puede estar por encima de la ley. No podemos ceder en derechos adquiridos de seguridad vial”. Precisó que “si el costo para que 400 empleados de Liffan en San José trabajen, el costo no puede ser que 600 trabajadores trabajen en la vía pública en esos camioncitos sin las medidas de seguridad correspondientes. La vida humana no es negociable. No podemos dejar extorsionarnos”.
Ausencia de estadísticas sobre incapacidad
En otro orden, en materia de personas con discapacidad “es notoria la falla del Estado con ese colectivo”, que debería ocupar el 4 por ciento de las vacantes laborales que se generen en el Estado, recordó la legisladora. En este último año, sin embargo, ese porcentaje fue del 0,3, afirmó Aviaga, quien manifestó su preocupación sobre la ausencia de estadísticas en esta materia, y sobre “el elevado número de niños con discapacidad” que encontró en sus recorridas por el interior, como en San Javier o Vergara, en el departamento de Treinta y Tres, donde “de 600 niños anotados en la escuela, hay 130 con discapacidad”. “Están tratando de armar un centro de atención, porque las maestras están desbordadas. En San Javier también nos dijeron que no daban a basto. Hicimos un pedido de informes para saber si se ha estudiando la cantidad de personas con discapacidad que hay en cada departamento, si se han estudiado las causas en cada localidad. Una de las consecuencias del uso y abuso del glifosato en el territorio, es que genera problemas de discapacidad en los niños, y malformaciones. Son poblaciones desamparadas. Ni siquiera hay registron de la cantidad de niños diabéticos que hay en el país. Las políticas sobre discapacidad, es para llenar cargos con gente que no sabe de qué está hablando, que lo único que hace es utilizar a las personas con discapacidad. Nunca se ve a las personas afectadas participando en la elaboración de programas en el área. Hay que moderar a las personas con discapacidad, para que lleven adelante las políticas públicas en la materia”.
En relación a la minería, mencionó “los malos manejos que hay en la Dirección de Minería para el otorgamiento de permisos”. “Aratirí se fue pero hay otras mineras en Uruguay, como la que está en Minas de Corrales, que es canadiense, y el año pasado la ministra Cosse los exoneró de pagar canon. O sea que no pagaron nada por el oro que se llevaron. El cianuro que entra al país para el proceso de separación del oro, ingresa en el régimen de admisión temporaria, o sea que tampoco paga impuestos”. Se preguntó “cuál es entonces la ganancia que tenemos”. “Las mineras tampoco pagan por el agua que usan y queda contaminada” destacó.
Aviaga se mostró “muy crítica” con la instalación de una tercera planta de celulosa, porque “el Río Negro ya está muy comprometido en su ecosistema”. Reclamó del gobierno una “evaluación estratégica en materia ambiental. “El pequeño y mediano productor se va del territorio, y es sustituido por grandes multinacionales, a hacerse cargo de grandes latifundios. Estos gobiernos progresistas han dado la tierra a los extranjeros. Hay campos agrícolas que se han transformado en prioridad forestal, y la gente ni se entera” dijo la senadora blanca.
