Con el diputado Alfredo Asti sobre la ley de inclusión financiera:
El legislador de Asamblea Uruguay desmintió las “falsedades” de quienes promueven un plebiscito en contra de la norma legal.
“Hoy es común ver en muchos países de Europa carteles que dicen ‘no aceptamos efectivo’ y países del norte europeo que se plantean, en un plazo de cuatro, cinco años, la eliminación de la emisión de billetes físicos. Antes de esta ley, de 2014, Uruguay estaba muy retrasado en esa corriente, incluso con respecto a la región. Necesitaba entonces políticas públicas que permitieran empujar al común de la gente” destacó el diputado frenteamplista.
La norma promueve el crédito, no las tarjetas, para que más personas puedan acceder al mismo, añadió.
“Los bancos fueron los primeros en oponerse a la ley”, dijo Asti, refutando el argumento de que la norma se hizo para favorecerlos. Agregó que “el director ejecutivo de la Asociación de Bancos, dijo en su momento que la ley era un misil en la línea de flotación del sistema financiero”. Las razones del rechazo son que “se les crea competencia con emisores de dinero electrónico, a los bancos no les interesa tener que igualar las condiciones de las cajas de ahorro, tanto para grandes como para pequeños montos, no cobrar por saldos mínimos ni por aperturas de cuentas, no cobrar por transferencias y movimientos. Eso podía complicar la rentabilidad de los bancos, fundamentalmente los internacionales”.
Con la aplicación de la ley, se abrieron 600 mil nuevas cuentas bancarias, destacó el legislador, la mitad de las cuales en entidades no bancarias como ANDA. Unas 200 mil se abrieron en el BROU, “que siempre ha tenido una política muy activa para captar este tipo de cuentas chicas, con créditos sociales”. Solo 100 mil se abrieron en los bancos privados, informó Asti, lo que demuestra que “no tenían mayor interés”. “Los bancos privados ya tenían la mayor parte de las cuentas, porque antes de la ley la mitad de los trabajadores cobraban a través de cuentas bancarias, abiertas por los empresarios en las condiciones que ellos querían, que no necesariamente eran las más convenientes para sus empleados” explicó.
“Estos son temas que hay que discutir, cuando desde sectores políticos se impulsa un plebiscito diciendo una serie de falsedades. Una de ellas es la obligatoriedad y la falta de libertad. Esta existía antes, ya que el empresario pagaba en la forma que quería, a través de una cuenta bancaria, de un cheque o en efectivo, no le preguntaba al trabajador cómo quería cobrar. Ahora debe preguntarle dónde quiere tener una cuenta para depositarle el salario. Quizá con respecto a los trabajadores faltó un poco de promoción, y sus gremios no han sabido aprovechar esta herramienta, para acordar con determinado banco o entidad determinadas condiciones para sus afiliados. Las cooperativas decían que iban a quedar afuera del mercado pero no, tienen la posibilidad de que los socios tengan una cuenta abierta en la cooperativa, porque seguro lo van a preferir a tenerlas en un banco. ANDA se ha adaptado muy bien, tiene una gran cantidad de socios y transformó sus créditos en créditos de nómina que por ley son más baratos. Las cooperativas también pueden otorgarlos, y no solo a sus socios, mientras los bancos pueden darlos solamente a sus clientes. Los emisores de dinero electrónico no pueden dar créditos de nómina. Se trata entonces de acceder al crédito en mejores condiciones. Un capítulo de la ley está dedicado a al ahorro de los jóvenes menores de 29 de edad, cuyos ahorros son recompensados con un 30 por ciento más sobre el saldo, para poder acceder a la compra de una vivienda o a la garantía para el arrendamiento. La ley promueve también aumentar la porción del salario que no puede ser objeto de retención, para que la familia pueda planificar mejor sus gastos, y no estar atado a que se le pudiera descontar hasta el 30 por ciento del sueldo”.
Señaló que “el Centro Comercial de Paysandú está en la línea de buscar acuerdos entre las partes que intervienen en una transacción de dinero electrónico, y no están por acompañar un plebiscito que intente fijar en la Constitución normas sobre el uso de un medio de pago, que es algo esencialmente cambiante en el tiempo”.
Asti informó que existe un programa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por el cual se dan incentivos fiscales a los comerciantes de poblaciones de menos de 500 habitantes, para que promuevan el dinero electrónico.
“El menor uso de dinero en efectivo mejora la eficiencia, obviamente si se está en la formalidad. Los monotributistas no tienen que computar todas las ventas que hacen con dinero electrónico a los efectos del tope que se requiere para el monotributo. Recién al cuarto año se llega a computar todas las ventas. Esto les permite irse adecuando a la formalización” explicó.
En relación a los aranceles que pagan los comerciantes, Asti dijo que se procura reducirlos. Indicó que antes de la ley era un 7 u 8 por ciento para las empresas chicas y hoy está en dos por ciento. “Tenemos el compromiso de que baje al 1,5 antes de fin de año y menos de 1 el año que viene. Para eso hay que aumentar las operaciones, que no están concentradas en dos entidades que suministran el sistema electrónico (POS), como se está diciendo, sino que son ocho empresas, que se crearon en base a los incentivos fiscales que ha dado el Estado, para que se puedan entregar mayor cantidad de POS a precios más razonables, con más servicios incorporados como el botón de alarma.”
El diputado calificó de “falsedad” que el hijo del presidente Tabaré Vázquez sea el propietario de esas empresas. Adelantó que una novena empresa brindará servicios a los comerciantes de la periferia de Montevideo y localidades pequeñas del interior.
El legislador dijo que la norma ha tenido modificaciones y que podrá tener otras, algunas de la cuales contemplan acuerdos con el Partido Independiente. Los cambios que se estudian con el Ministerio de Economía, refieren fundamentalmente a las tarjetas de crédito -que si bien no son fomentadas por la ley, sí están contempladas como formas de pago- para que la ley establezca claramente la relación entre los comerciantes, los emisores de las tarjetas y el consumidor, que ya están reguladas por el Banco Central.
Asti recordó que los sectores políticos que buscan derogar la ley, también se opusieron a la ley de transparencia financiera internacional. “Esa opacidad propicia el lavado de activos, de financiamiento del terrorismo” subrayó.
Al ser la de bancarización una ley de orden público, los empleadores están obligados a pagar los salarios de esta manera, no teniendo validez otros medios, por ejemplo ante la justicia y el Ministerio de Trabajo.
El representante del Frente Amplio admitió que la resistencia que ha generado la ley en algunos ámbitos, obedece a factores culturales. Otra crítica que desmintió, es que la norma limite la inembargabilidad del salario, porque “en realidad la amplía, ya que dispone que todos los salados de las cuentas por seis meses son inembargables, ya que se considera que si no se gastan en ese tiempo ya no serían salario, sino inversión”. Si las entidades son clausuradas, el Banco Central tiene que liquidar y pagar el saldo de las cuentas en 48 horas.
En cuanto a las pasividades, la ley solo es obligatoria para quienes se hayan jubilado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
Los usuarios pueden retirar todo el dinero de la cuenta de una vez, y pagar en efectivo en los comercios, por lo que no se restringe ninguna libertad, destacó. Y agregó que los comerciantes que tengan sus cuentas pueden tener las mismas ventajas en el pago a sus proveedores.
