Hay que leer la letra chica…
Por Horacio R. Brum
“La letra chica” es una frase que se ha hecho común en el habla popular de Chile para describir cualquier engaño a los clientes que cometen las empresas, al aprovechar la debilidad de las leyes que deben proteger los derechos de los consumidores. La expresión tiene su origen en los contratos de ventas o servicios, donde las condiciones abusivas o al borde de la legalidad se disimulan, reduciendo al mínimo legible el tipo de letra de las cláusulas. Tan grave y común es esta situación, que hace algunos años se debió regular especialmente el tamaño de esas letras.
Por extensión, la letra chica abarca muchas actividades en este país que revelan la enorme desprotección de los ciudadanos ante el poder empresarial. Parece increíble pero es cierto: durante más de una década, las principales empresas fabricantes de papel higiénico -entre las cuales se encuentra la CMPC, propietaria de Ipusa en Uruguay- se pusieron de acuerdo para mantener artificialmente alto el precio de ese muy necesario producto; lo mismo hicieron las tres productoras de pollo (la carne más accesible para las familias de bajos ingresos) más importantes y el “caso farmacias” reveló en 2008 una colusión más sórdida aún, para arreglar los precios de 222 medicamentos, entre los cuales se incluían muchos para enfermos oncológicos y crónicos.
Tiendas que alargan los plazos de los créditos, sin consultar a los deudores, para así obtener más intereses; cadenas de supermercados que suben sin aviso las comisiones por sus tarjetas; empresas de salud que aumentan las cuotas sin que hayan subido sus costos de operación o cementerios privados que desentierran a los muertos porque sus deudos se atrasaron en el pago de las cuotas de la sepultura, hacen noticia frecuentemente en Chile. Cuando los abusos llegan a la justicia, las empresas movilizan poderosos equipos de abogados que alargan los juicios hasta el cansancio de los demandantes o consiguen rebajar las multas a cifras muy inferiores a los beneficios que obtuvieron con sus acciones ilegales. El caso de la colusión del papel higiénico, por ejemplo, demoró más de seis años en resolverse y los clientes recibirán una compensación por persona de menos de diez dólares, el equivalente al precio de dos paquetes de cuatro rollos. Por otra parte, cuando hay penas de cárcel para los gerentes y otros ejecutivos autores de los delitos, ellas se suelen rebajar a arrestos domiciliarios durante algunos meses o la obligación de firmar regularmente en una comisaría, porque los individuos, según la justificación judicial para aliviar el castigo, han tenido “irreprochable conducta anterior”.
Esa es una dimensión del poder empresarial que se manifiesta en la vida diaria de los chilenos. Otra se da en el ámbito político, donde la práctica frecuente de que ex ministros y otros altos funcionarios -de todos los signos políticos-, pasen del gobierno a los directorios de las grandes compañías, facilita un tráfico de influencias más o menos disimulado. No es casualidad que Eugenio Tironi y Enrique Correa, ambos ex ministros del primer gobierno de la vuelta a la democracia y con un pasado de izquierda, dirijan las dos empresas de “lobby” o cabildeo parlamentario más exitosas. Mediante el “lobby” y las vinculaciones con el mundo político los gremios empresariales logran obstaculizar o neutralizar los proyectos de ley que afectan sus intereses y promover otros que los benefician, incluso en aspectos tan vitales como la contaminación del medio ambiente. La influencia de los fabricantes de estufas a leña o pellets, por ejemplo, determina que no se prohíban esos artefactos en un Santiago en el cual todos los inviernos hay miles de niños afectados por el esmog. Actualmente, la ofensiva es contra un proyecto de ley para la prohibición de las bolsas plásticas, de las que en Chile se usan 3.400 millones al año y crean serios problemas de suciedad y contaminación para los magníficos paisajes del país. Nueve iniciativas parlamentarias anteriores quedaron en la nada; esta vez es el propio gobierno del empresario Sebastián Piñera el que promueve el proyecto, pero ya los fabricantes de bolsas han acudido al Tribunal Constitucional para bloquearlo.
Un tratado de libre comercio con Chile abre las puertas a esa clase de empresas y empresarios: poco acostumbrados a respetar las reglas del juego y muy dispuestos a ejercer su poder para torcer las leyes. Además, pueden ejercer una competencia desleal en las exportaciones a Uruguay, dadas las condiciones laborales en este país, que permiten tener costos bajos. Algunos ejemplos:
-En Chile no existe el aguinaldo legal. Sólo en este siglo, principalmente por la iniciativa de algunas empresas extranjeras, se comenzó a dar el beneficio en dinero. Se acostumbra entregarlo para las Fiestas Patrias de septiembre y para las fiestas de fin de año, pero lo usual era repartir entre los trabajadores cajas con surtidos de alimentos, como todavía lo hacen muchas empresas. Si es en dinero, la cantidad queda a discreción de la empresa.
-Los aportes patronales son mínimos. Es el trabajador quien paga a una empresa privada (como las AFJP) los ahorros para la pensión, que ésta administra mediante el cobro de una comisión. En el caso de las licencias por enfermedad, es el seguro de salud privado o del sistema estatal quien autoriza las mismas y repone al empleador el jornal, porque de lo contrario los días se descuentan del sueldo. No existe un seguro de paro o desempleo estatal y también es el trabajador quien debe ahorrar para esa emergencia, en un fondo de administración privada, que durará lo que haya logrado ahorrar.
-Alrededor de un millón de personas gana el salario mínimo, de unos 430 dólares, en tanto que la mitad de los nueve millones de integrantes de la masa laboral recibe por persona algo menos de 550 dólares. Además, el 30% de ellos trabaja “en negro” y solamente uno de cada cinco trabajadores está sindicalizado. Por otra parte, los jubilados están comenzando a ser mano de obra barata, dado que el promedio de las pensiones del sistema privado, el único existente, no llega a los 300 dólares mensuales; según las cifras oficiales, el 21% de los mayores de 65 años trabaja. Todo esto, en un país en el cual no es difícil de comprobar que para vivir dignamente una persona sola necesita más o menos 1000 dólares por mes.
Es paradójico que en Chile el tratado de libre comercio con Uruguay se haya aprobado en el Congreso con el rechazo y la ausencia de la cámara de Diputados de los legisladores del Frente Amplio, una nueva fuerza política integrada por gente joven, que dice inspirarse en su homónimo uruguayo. Este Frente Amplio integra la alianza Chile Mejor sin TLC (chilemejorsintlc.cl), junto a organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas, que exige un debate amplio de todos los tratados comerciales. En su opinión, “estos Tratados no son meros acuerdos comerciales. De hecho, el gobierno uruguayo acepta que el comercio bilateral con Chile es sólo del 5% del comercio total de Uruguay. El real objetivo de estos tratados es la liberalización y la desregulación, es decir, el retiro de los Estados de la regulación de los servicios públicos y la protección indiscriminada de las inversiones extranjeras, incluso a costa de políticas sociales que apunten al bien común”.
