Escribe Darío Rodríguez
Las Intendencias, por ende la de Paysandú, están omnipresentes en la vida de sus vecinos. Las distintas políticas que se desarrollan se sostienen con recursos propios (contribución inmobiliaria, patente de rodados, tasas, etc) y transferencias del gobierno nacional, sin las cuales los funcionamientos serían casi imposibles. A favor de las Intendencias se puede decir que acometen una serie de actividades que trascienden el “famoso” ABC. En el caso de la Intendencia de Paysandú (IDP) viabiliza su despliegue con 1.982 funcionarios estructurados en 5 Departamentos y 8 Municipios con los que habrá que mejorar el vínculo.
Entrevistado por 20once, en su edición del 23 de julio, el economista, en su momento sub director del Departamento de Administración en la actual gestión, contador Gastón Núñez, dijo que “el presupuesto que tiene la Intendencia anualmente a precio de dólar al día de hoy es de 48 millones de dólares, habiendo llegado a 57 millones cuando el precio del dólar era más bajo”. Que de esos 48 millones, 22 los “ponga” el gobierno nacional exime de cualquier comentario y explica la frontal lucha que dieron las Intendencias, de todos los pelos, frente a un eventual recorte del gobierno nacional. El recorte previsto, lo pagan las Intendencias de Montevideo y Canelones, vaya casualidad.
El volumen de dinero de la Intendencia sanducera se distribuye, aproximadamente, en un 56 % para retribuciones personales (salarios); un 20 % en gastos de funcionamiento y un 24 en inversión. Con tales recursos atiende una población de 113 mil habitantes; 90 mil radicados en su capital y zonas adyacentes. En el 2013, retribuciones personales arañaba el 60 %; aquí hubo una optimización. “Cuando gobernaba el Partido Nacional no era menos del 66%” dijo Núñez. Un tema recurrente, además de la forma de ingreso a las Intendencias, es si la plantilla es suficiente o está inflada fruto del clientelismo político o ser, en varios casos, una de las pocas fuentes laborales. Para referencia es bueno saber que Montevideo, con una población de 1 millón 381 mil habitantes tiene 8.612 funcionarios.
Al iniciar su gestión, el elenco electo presenta a la Junta Departamental su propuesta presupuestal; así lo hizo Guillermo Caraballo. Pocos se quieren“flagelar” leyendo esos materiales; empero es una de las referencias principales que tendrá la ciudadanía para evaluar performance.
Por su impacto, optaremos por revisar lo planteado desde la Dirección de Ordenamiento Territorial y Vivienda y desde la Unidad de Diseño. Desde Ordenamiento se iría “a planificar el desarrollo territorial sustentable del departamento, que apunte a equilibrar las desigualdades existentes y fomentando proyectos urbanos de vivienda acorde a las nuevas necesidades de la población”. Aquí hay tres desarrollos impulsados por el FA, en cursos, muy relevantes en la materia pues, en algunos casos trascienden el ordenamiento y la planificación urbana. Nos referimos a las obras de acceso al puerto, al proyecto integral sociohabitacional en la Ex Paylana y el incipiente polo educativo-sanitario en la ex terminal de ómnibus. La contracara de esto es la extensión de la ciudad, habilitando en zonas rurales barrios privados, la Tahona por ejemplo, que poco tienen que ver con la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, siendo más bien un negocio inmobiliario.
En materia de vivienda, hábitat que es fundamental, -aunque no exista estricta competencia- la actual gestión se propuso implementar “una Cartera de Tierras adecuada” para potenciar movimiento cooperativo y apuntalar “soluciones que optimicen el uso del suelo de forma eficiente y el trabajo colectivo de los beneficiarios”. Lo de Paylana y la entrega de tierra a una cooperativa en Guichón es prueba elocuente. De todas maneras una cartera de tierra requiere un Decreto de la Junta Departamental que le de otra consistencia. Ahí hay un debe. Ya hemos mencionado que la habilitación de barrios privados contradice la optimización del “uso del suelo de forma eficiente” como se escribió. Los especuladores y fraccionadores deben tener menos incidencia en las políticas sobre el uso del suelo. Una decisión importante, en estas materias, ha sido la constitución de la policía territorial y el realojo de familias en zonas no habitables.
Desde la Unidad de Diseño, en conjunto con otras dependencias, se proyectaron y luego ejecutaron, varias “urbanizaciones” barriales que están a la vista en distintas ciudades.
Aunque vinculado al ABC no se puede obviar que se invirtió en vialidad y sus principales vías de comunicación, tal el caso de Soriano, Estefanell, Av. Salto, Zorrilla. En breve comienza reparación de Cerrito. El estado del pavimento dejaba mucho que desear y queda bastante por hacer a la luz del impresionante parque automotor y la creciente movilidad ciudadana. Es cierto que quedará pendiente la proyección y extensión de Br. Artigas hacia Av, de las Américas.
En entrevista ya mencionada, Gastón Núñez describía un escenario económicamente contractivo por dos años y ello haría que la Intendencia “principal actor económico del departamento” tendría “poca o nula capacidad de inversión”. La obra pública es un gran dinamizador. Se invierte un peso y se generan 4 o 5, ilustró. Por ello suscribe el uso de la herramienta del fideicomiso que ha planteado el actual intendente.
La difícil coyuntura, agravada por la pandemia, y cierto descaecimiento obliga a los candidatos a ocupar el sillón a pensar en perspectiva transformadora y de reperfilamiento de Paysandú; teniendo a la Intendencia como un impulsor, vertebrador de iniciativas. Diversos actores políticos, -incluyendo candidatos a la Intendencia de varios partidos- acompañarían la propuesta, Distrito Park, que un conjunto de profesionales de diversas extracciones han presentado. A dichos apoyos se suman organizaciones sociales, sindicales, grupo de la Costa y distintos referentes. Un amplísimo respaldo social. El proyecto, que alude a una “política de estado” estaría inserto en el fideicomiso presentado por la actual gestión del FA. Tiene enormes significancias: integra actividades y poblaciones, hace adecuado uso del suelo en la trama urbana consolidada, desalienta la extensión de la mancha urbana y cambia perfil de la ciudad generando condiciones atractivas para potenciar el Departamento y buscar mejorar la calidad de vida de su gente.
Estas iniciativas, además de darle sustancia al debate político, hacen a la necesaria transformación de Paysandú, en un momento donde una nueva crisis golpea y destruye empleo. El asunto es saber qué partido y qué candidato encarna mejor esta imperiosa necesidad de transformación. Los 5 años transcurridos han dejado un camino pavimentado.
La figura
En cada Departamento la figura del intendente es muy relevante, más allá de su partido y del programa de gobierno que haya levantado. En Paysandú, con creciente problema de empleo, como contribuya a mitigar el problema es sustancial. Por cercanía es receptor de permanentes solicitudes de empleo las que, muchas veces, intenta solucionar ingresando personal a la Intendencia. Para el pueblo sanducero, en las actuales circunstancias, más allá que no es su responsabilidad, es de mucha utilidad saber qué piensa cada uno de los candidatos a la Intendencia sobre la posibilidad cerrar la planta deAncap y su consiguiente destrucción de puestos laborales. Con enorme rezago tecnológico, -no subsanado por el gobierno anterior que dejo arrumbar el tercer horno, en una suerte de privatización encubierta-, (hay una planta privada en construcción en 33), será vital para los vecinos saber con claridad, sin moñas, cuál es la posición de los diputados sanduceros al respecto, particularmente los miembros de la coalición gobernante. En especial de quien aspira comandar la Intendencia Departamental y ha diseminado mucha cartelería por todo el departamento.
