Por Horacio R. Brum
El valle de Alto del Carmen, en el norte de Chile, queda muy lejos de Paysandú. Sería un viaje interminable por carretera, porque a los casi 2000 kilómetros desde Uruguay, hay que agregar otros 700 a partir de Santiago. Sin embargo, hay en la historia reciente de sus habitantes una parábola para el presente de nuestra ciudad, que se enfrenta a algunos intentos de “modernizarla”.
Conocí la comunidad de Alto del Carmen en 2008, como investigador y guionista para el documental “Un gran proyecto contra la pequeña gente”, realizado por una productora de televisión especializada en temas ambientales. Había allí campesinos, religiosos y personas que habían llegado huyendo del deterioro de la calidad de vida provocado en las grandes ciudades chilenas por una modernización basada sólo en el progreso económico. Era una sociedad igualitaria, con trabajo para todos y bien relacionada con el medio ambiente. Hasta que llegó una empresa minera multinacional, con la promesa de miles de puestos de trabajo e inversiones millonarias que pondrían a la pequeña ciudad en el siglo XXI.
Bien conectada con los políticos -tanto, que en su directorio se incluyó el ex presidente estadounidense George Bush, y compró las acciones de una mina a Fernando de la Rúa, cuando encabezaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires- esa compañía consiguió que los presidentes de Chile y Argentina firmaran un tratado para permitir las operaciones mineras a través de la frontera de los Andes. Eduardo Frei y Carlos Menem dieron así otro paso hacia la integración binacional y en Argentina, con la mezcla usual de corrupción y tráfico de influencias, que incluyó al gobierno de los Kirchner, la empresa pudo explotar sin problemas sus yacimientos de oro en la provincia de San Juan. Del lado chileno, sin embargo, la gente de Alto del Carmen se preocupó por defender su forma de vida, encarnada en el río Carmen, cuyo flujo dependía de los glaciares cordilleranos que la mina de oro iba a destruir.
Los vecinos consideraron que los 60 millones de dólares ofrecidos por la empresa para obras de infraestructura locales no pagaban por el ruido de los cientos de camiones que a diario iban a circular por las calles del pueblo, por el tronar de las explosiones en la montaña o por la tierra que contaminaría su río, debido a los 1800 millones de toneladas de roca pulverizados para sacar el oro. La lucha en los tribunales fue larga y más de una vez los habitantes de Alto del Carmen fueron acusados de oponerse al progreso, principalmente por los políticos defensores de los intereses de la compañía, pero en 2019 ésta tuvo que abandonar el proyecto. La razón principal fue que, si cumplía con todos los criterios ambientales y los necesarios para no alterar la vida de Alto del Carmen, la extracción del oro dejaba de ser rentable.
La versión urbana de los grandes emprendimientos mineros son los complejos de edificios. Santiago de Chile está siendo destrozada por las construcciones que estimula la especulación inmobiliaria, al punto de que los rascacielos copiados de las ciudades de Estados Unidos ya casi no dejan ver la Cordillera, el mayor atractivo paisajístico de la ciudad. El Costanera Center es el principal ejemplo de cómo imponer un proyecto sin consideración por el tejido urbano: una torre de 300 metros de altura está rodeada por otros tres grandes edificios, con un “shopping center” que es el mayor de su tipo en Sudamérica, pero sólo funciona el centro comercial, porque hace varios años que la empresa propietaria no cumple las exigencias de las autoridades para construir las obras viales necesarias para evitar que los vehículos que llegarán al complejo aumenten los problemas del tránsito en una zona ya saturada. Antes aclamado como símbolo del Santiago “moderno”, para cuya construcción incluso se demolió un liceo público y se anuló la posibilidad de construir un parque, el Costanera Center es actualmente un cascarón semivacío, debido a que el “shopping” que fascinó a los turistas no puede funcionar por la pandemia del Covid-19.
De estas historias chilenas surgen unas preguntas para Paysandú: ¿qué pasará con la vida de los vecinos del barrio, cuando cientos de camiones pasen por sus calles desparramando ruido y tierra por las obras del Distrito Park?; ¿cómo alterará la relación entre la ciudad y el río un conjunto de edificios que no guarda las proporciones con el entorno?; ¿dónde irán a parar las aguas de las crecientes desplazadas por el enorme relleno que se creará?; ¿es lícito y democrático entregar espacios fiscales, que pertenecen a todos, para la explotación fundamentalmente privada, sin una amplia consulta ciudadana?; ¿si lo que se pretende es crear un polo de desarrollo, no hay otros terrenos donde hacerlo con menos costo ambiental?
Como lo ha demostrado la explosión del modelo chileno de desarrollo, a raíz del alzamiento popular de 2019 y de los tremendos efectos sociales de la pandemia, en la modernidad impuesta sin un sentido de comunidad se suelen privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
