En juicio llevado adelante por funcionarios de la Junta departamental  -acción de nulidad- por descuento de haberes por huelga realizada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo  estimó que “la actuación de la Junta Departamental ha sido legítima y las resoluciones impugnadas fueron dictadas conforme a derecho. No hubo vulneración de la libertad sindical ni se actuó con exceso, abuso o desviación de poder. Los descuentos dispuestos en las resoluciones impugnadas no tienen contenido sancionatorio, ni son actos antisindicales, sino tan solo la consecuencia y la contrapartida correspondiente al ejercicio del derecho de huelga”.

Fueron siete los funcionarios que entablaron juicio pidiendo la nulidad de las Resoluciones de Presidencia de la Junta Departamental de Paysandú.

El presidente era Ricardo Ambroa al momento del juicio, iniciado en 2017.

Los actores afiliados a AFUJUPAY esgrimieron que “padecieron descuentos significativos en sus haberes generados en el mes de setiembre del 2017, llegando a un abatimiento del 30% del salario base”.

También señalaron que “el Presidente de la Junta Departamental de Paysandú incurre en abuso y exceso de poder, al negarse a franquear los respectivos recursos de Apelación ante el Plenario de la Junta Departamental. Indicaron que para dictar las resoluciones impugnadas debió haber intervenido la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas, órgano que posteriormente informaría al Plenario sugiriendo la aprobación y elevando un proyecto, para que el Pleno adoptara decisión sobre una eventual aprobación. Expusieron que la Ley No. 17.940 protege en forma amplia a todos los trabajadores y a sus organizaciones contra todo acto antisindical; y la Resolución de Presidencia No. 45/2017 es en sí un acto de represión sindical al haberse dictado en pleno conflicto gremial con adopción de medidas de lucha. Por ello, sostuvieron resulta improcedente realizar cualquier descuento sobre el salario base de los trabajadores, ya que los funcionarios cumplieron normalmente su horario de trabajo y las tareas asignadas en su manual de tareas. Tampoco corresponde aplicar descuentos sobre la compensación por dedicación total (permanencia a la orden), pues los funcionarios cumplieron con normalidad aquellas tareas que circunstancialmente deben ser realizadas fuera de las seis horas habituales de trabajo. Insistieron, que cualquier otro descuento que se pretenda aplicar tendrá el carácter de sanción disciplinaria y, por lo tanto, requiere intervención y pronunciamiento expreso de la Comisión de Asuntos Internos y RRPP, mediando la efectivización del derecho de defensa en forma previa, acorde a lo dispuesto por el Art. 107 del Reglamento Interno y por el Reglamento de Procedimiento Disciplinario. Agregaron que las medidas gremiales concretas que implementaron los funcionarios de la Junta Departamental consisten en no cumplir tareas que impliquen subrogación, razón por la cual no puede el jerarca efectuar descuento alguno a los rubros salariales principales y complementarios, ya que el descuento procede cuando el funcionario omite y/o cumple irregularmente las tareas que le son propias”.

El dr. Gonzalo Graña compareció a responder la demanda de los trabajaores, representando a la Junta. Expresó que “el actuar de la Administración ha sido legítimo y acorde a Derecho. No ha vulnerado la libertad sindical ni sus Resoluciones están viciadas de exceso, abuso o desviación de poder. Los descuentos dispuestos, no son sanciones ni actos antisindicales, son tan solo la consecuencia y la contrapartida correspondiente al ejercicio del derecho de huelga, que tiene la contrapartida que la remuneración de los que la ejercen se vea reducida en forma proporcional a la disminución de su labor y/o rendimiento. Historió que el conflicto se inició por la plataforma reivindicativa del gremio, porque entre otros reclamos, se incluyó como punto principal que se abonara a los 7 funcionarios (Adm. III) del área Administrativa (Sección

Despacho) “diferencias de sueldos” (retroactiva desde mayo de 2014, es decir más de 4 años hacia atrás) por lo que ellos entendían que eran tareas de cargos superiores que debían ser remuneradas con un suplemento salarial aparte.

FALLO

Por tales fundamentos, “el Tribunal FALLA: Desestímase la demanda y en su mérito confírmase las resoluciones impugnadas en autos. Sin sanción procesal específica”.

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