Escribe Darío Rodríguez
Los gobiernos departamentales, tras inicial acuerdo entre el Partido Colorado y el Nacional, tienen una fuerte presencia de éste último: basta recordar la hegemonía en Tacuarembó, por citar un ejemplo. Estos gobiernos de cercanía, -FA agregó los Municipios (tercer nivel de gobierno) que no aparecían en la Ley Orgánica (9.515)-, tienen un conjunto de particularidades. Por normativa o práctica consuetudinaria tienen un amplísimo campo de acción que de retirarse de los mismos, el impacto en la población sería grande. Las Intendencias contribuyen en áreas tales como la salud, educación, cultura, actividades comerciales y productivas. Por ejemplo, la Comuna integra la Mesa de Desarrollo Rural. Todas estas participaciones implican, además de involucramiento, recursos humanos y económicos. Por otra parte, muchos desaguisados que se verifican prosperan ante la mirada de organizaciones de funcionarios débiles o cooptadas, oposiciones carentes de reflejos y una sociedad anestesiada.
Aprovechando el cierre del año, sin decir agua va, el Intendente Olivera Seiguerman decidió no renovar decenas de contratos de educadores que se desempeñaban, hasta el 31 de diciembre pasado (con renovación contínua), en los distintos Centros de Atención a la Infancia (CAIF) y el Centro Siempre (para padres que trabajan o estudian) gestionados por la Comuna. Entre ellos atienden una población de 1.300 personas. La Intendencia, en una experiencia interesante, los gestiona desde el 2006 exceptuando el Centro Siempre cuyo vínculo es desde 2018. Ambas iniciativas suscriptas durante las gestiones departamentales al mando del FA. Si bien el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) es el financiador, la Intendencia corre con algunos aportes patronales. La abrupta salida de la Comuna prescinde, sin más, de la angustiante situación laboral que vive el departamento, careciendo de empatía con el otro. Al fundamentar la drástica decisión, Olivera habló de “nuevo formato” y dijo que “constató que la Intendencia y el INAU destinan anualmente a la operativa de estos centros entre 20 y 30 millones de pesos, de los cuales “ni un peso va a parar a los niños”. Como si la atención no fuera dedicada a los niños. Agregó que mientras hay una atención de 20 horas semanales “ la Intendencia de Paysandú le paga 30 horas semanales a su personal”. Otro de los argumentos para dejar en la calle a decenas de personas es lo oneroso de sostener el Convenio que viabiliza 8 Centros que disponían de 130 funcionarios contratados. Con la medida la Intendencia se “ahorraría” 15 millones de pesos por año, obviando la suerte de los afectados, sus familias y el buen servicio brindado. Entre los cesados hay personal con vastísima experiencia que, por su edad, le será difícil reinsertarse. Maestros, educadoras, coordinadoras, psicomotricistas, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, fueron descartados. Habrá que ver si ello no encubre sustituir personal por alguna organización amiga. Al respecto se puede leer, aquí, un excelente artículo de Eduardo Rodríguez que da pistas sobre lo no explicitado. Se argumenta, por extensión, que buena parte de los recursos, -según quien lo diga oscila entre el 55-60 %-, los consume el rubro Cero (salarios). Pero si la Intendencia está sobredimensionada en su plantilla, algo tendrá que ver un Partido que la gobernó en varios períodos. Hoy, con rigor, se puede estimar el personal requerido. ¿O acaso el clientelismo político era un supuesto? De buena praxis sería poner los números arriba de la mesa, saber cuál es el eventual endeudamiento municipal, -si es estructural o no-, cuál es el nivel de morosidad en contribución y otros tributos y cuáles son los deudores contumaces; correlacionar recursos, cometidos y personal. ¿Hay suficiente personal para tareas operativas? Saber, además, si las partidas que por normativa debe enviar anualmente la OPP sufren recortes por parte del mismo partido hoy en la Intendencia; históricamente recortador. La clásica: se recorta y el “pato” lo pagan los trabajadores que no gobernaron la Comuna ni fueron consultados.
A veces existe la ilusión de algunos jerarcas que introduciendo criterios de la actividad privada en la Intendencia, -basta observar las distintas experiencias aplicadas-, los funcionamientos se optimizan. Incluso se introducen terminologías (gerenciamiento) cargadas ideológicamente que se las plantea como neutras, lógicas, naturales. Coincide, por otra parte, que tales portadores de “buenas nuevas” proceden del mundo empresarial. Tal lógica debería, desde su independencia política, ser cuestionada por la gremial. Esta ofensiva contra los trabajadores, por parte de la actual administración (recuérdese el cese de las cooperativas de trabajo) debería tener una contundente respuesta. En primer lugar por lo inconsulto de la medida, no basta con la legitimidad de origen; la medida se debió discutir con la gente si es que no era “humo” lo de una gestión cercana a la ciudadanía y sus necesidades. Nada impide una mesa de negociación donde se ponga arriba de la misma los argumentos que esgrime la Intendencia y los discuta con sus trabajadores. Es una cuestión política y también de método. Dialogar con los trabajadores no implica cogobierno ni cogestión. Zapatero a tus zapatos. Con ellos se pueden arbitrar medidas que mejoren prestaciones.
Si la “cabeza” es abatir costos como sea, sin un exhaustivo estudio con participación ciudadana organizada, tal vez estén pensando en prescindir de múltiples programas (y funcionarios) y “trasladar” los mismos a los Ministerios,-con sus recortados recursos-, con tal propósito la Intendencia se limitará a tapar pozos, colocar luminarias led, recolectar basura y ordenar el territorio. ¿Un acotado llamado para tercerizar programas no va en tal dirección? En el marco de los recortes decididos por el gobierno nacional habría que saber si éstos no obedecen a planteos centrales que los locales, asumen pagando el costo político.
Es importante observar cómo se dilucida “tal atropello” -y más allá de la sidra y el año nuevo- ver que hacen las organizaciones gremiales, en particular ADEYOM, y el FA, hoy oposición. En la Junta Departamental el Partido Nacional bloqueó la posibilidad de tratar el tema en carácter “grave y urgente” pedido por el mismo FA. De todas maneras hay un conjunto de instrumentos a utilizar, sin descartar más movilizaciones que, además, hora den esa pueblerina idea de que todos hacen lo mismo y defienden las mismas cosas: el empleo, hacer más grande Paysandú, etc. Es cierto que ha habido pronunciamientos claros como el de los involucrados y el de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) Paysandú. En comunicado librado a la opinión pública ADASU habló de “profundo y enfático rechazo al manejo deshumanizado y arbitrario que ha tenido la Intendencia” al resolver la caducidad de 130 contratos laborales. Más allá de las adjetivaciones estas cosas se resuelven adicionando esfuerzos con medidas gremiales, solidaridad de clase e información de calidad. La Intendencia empezó por las cooperativas sociales, sigue con los CAIF y si esto no se revierte, ¿por dónde continuará? A todo esto, ¿qué dice el INAU? ¿No se violentó el Convenio? Su silencio es atronador. Hay otros silencios que aturden. Hay poco “regocijo abajo”.
