Escribe Darío Rodríguez
El actual conductor del Poder Ejecutivo Nacional, con su estilo tan particular, ha usufructuado la tan mentada “luna de miel” con la población (inicial indulgencia de los gobernados con sus gobernantes); posibilidad que no ha gozado el intendente departamental.
“han naturalizado la existencia de las ollas populares; sinónimo de un Estado prescindente con parte de su población pasando con problemas nutricionales”
La gestión Lacalle Pou Herrera Brito del Pino es posible que se vea en la necesidad, dada las circunstancias, de asumir planteos procedentes de sus socios, la oposición política, social y de la academia. La presión es muy fuerte. Los severísimos impactos de la pandemia y los indicadores que muestran un país en llamas y con creciente número de muertos y un sistema sanitario colapsado y sin casi poder atender otras demandas, así lo indican. Por ejemplo, han naturalizado la existencia de las ollas populares; sinónimo de un Estado prescindente con parte de su población pasando con problemas nutricionales. Paralelamente, y con un cercano y emblemático 1º de mayo, la Intersocial continúa, -en adversas condiciones- la recolección de firmas que permitan someter a plebiscito 135 artículos de la LUC. Será una partida compleja.
“Una de las más significativas interroga sobre qué compromisos tiene el intendente y con quién o quiénes que impide prescindir del contrato”
En campaña electoral, el ungido intendente Olivera sostuvo que “la vialidad urbana y rural es el principal problema que debe resolver la Intendencia”. A esto sumó que tendrá que “administrar prioridades y nuestra principal prioridad es la del empleo para los sanduceros…”. El primer equívoco radicó en pensar que la Intendencia, que puede hacer algunas cosas en tal dirección, deba resolver el tema del empleo. Aunque podamos decir que Paysandú es uno de los departamentos con mayor desempleo en el país y la preocupación puede pautar una actitud de compromiso y sensibilidad social. Pero de arranque el Intendente adoptó medidas, tercerización de CAIF, que contribuyeron a la precarización laboral de decenas de trabajadores adscriptos a la planilla de la Institución que tomaba a su cargo. Ello además con el propósito de sortear aportes a la seguridad social. Para colmo este proceso dio participación a la ONG correligionaria “A ganar” -que tuvo vínculos con gobiernos nacionales anteriores-, sin demasiada experticia en tema primera infancia. Eso sí, llegaba, casualmente, a varias Intendencias correligionarias (Durazno, Rocha) y al propio Ministerio de Transporte a cargo del herrerista y decano parlamentario Luis Alberto Heber. Pese a una actitud del sindicato municipal que, en la oportunidad, dejó mucho que desear y dio aire al intendente, la situación tuvo viso de escándalo y sacudió cierta modorra local. Luego siguió (y sigue) todo el “affaire” con el particular, correligionario, alcalde de Porvenir.
El arribo de la correligionaria fundación “A Ganar” trajo, además, un “peludo de regalo”, la contratación de un conocido individuo procesado con prisión, cumplida, por proxenetismo. La comunidad y distintas organizaciones feministas rechazaron la resolución y se generaron múltiples instancias para analizar tema en Junta Departamental, con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hasta reunión con el propio Intendente. En su momento, -hace más de 45 días- con la presencia de Petit y las organizaciones, Olivera propuso instalar “un espacio de trabajo conjunto” que ha sido una salida de paso. Al ser consultado cuando cesaría el proxeneta, alcanzó a decir “les aviso”.
Cuando Olivera estuvo en la Junta Departamental, haciendo un speech sobre sus primeros 100 días de gobierno, una suerte de mirada retroactiva sobre gestión anterior (¿Qué se puede mostrar en 100 días?) al pasar, sobre la contratación del ex proxeneta y militante de su partido (hay fotos del cuestionado con intendente y connotados ediles nacionalistas, hoy con cargos de gestión), calificó la misma “como un error”; parecía una autocrítica y eventual caída de la misma. Según consigna el portal “La Tribu” “…a la luz de los hechos, integrantes de los colectivos (feministas) asumen que el intendente no prescindirá de quien fue un militante destacado en su campaña electoral. Asumen que siempre se cuidó de no comprometerse a ese extremo y que siempre habló de manera genérica sobre la importancia de resolver esto con diálogo”. El episodio dispara un conjunto de interrogantes en distintos espacios y medios. Una de las más significativas interroga sobre qué compromisos tiene el intendente y con quién o quiénes que impide prescindir del contrato. Apostando a que pronto se olvidarán del asunto, el intendente asume los costos políticos. La Intendencia debe hablar claro, sin eufemismo. Queda, además, en entredicho la Unidad de Género de la propia institución y su eventual política en la materia. Recuérdese que otro correligionario pizzero que juntó votos para Olivera hizo “una sentada” en Sarandí y Zorrilla reclamando un puesto. La vieja política clientelar sigue intacta, degradando la actividad.
Pese a que por estas horas el gobierno nacional pedirá que las Intendencias asuman algunas exenciones a ciertos sectores, la Intendencia deberá poner todo lo que tiene para contribuir a la generación de empleo; impedir precarización es un paso importante. Al respecto, ya hemos escrito sobre ello, debe acelerar la implementación del fideicomiso y desarrollar las iniciativas contenidas en la financiación que creen puestos laborales. Sería oportuno, ganando legitimidad, generar un espacio con la oposición y las organizaciones sociales, para establecer cuáles iniciativas y armar la prelación correspondiente. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que iniciativas contenidas en el fideicomiso, aprobado casi unánimemente, van en la dirección de trascender la coyuntura. Una lectura de lo previsto así lo indica. No vale el “les aviso”.
