Escribe Darío Rodríguez
Distintas actitudes de gobernantes, a lo largo y ancho de América Latina, el continente más desigual, minan la democracia. De ahí el descreimiento que buena parte de la población tiene de la misma y la emergencia de out sider o populistas mesiánicos de derecha, tipo Bolsonaro. Si uno tomara como referencia los porcentajes de votantes en los países de la región donde el sufragio es voluntario cabría preguntar, ¿cuánta gente votaría en Uruguay si el voto fuera voluntario? Es un indicador de la fortalece o debilidad de la democracia.
Perpetuar problemas de los más desfavorecidos, gobernar para un selecto sector o clase encubriendo tal propósito, en nombre de la democracia, lesiona la misma. En la complejidad de temas y en sociedades históricamente polarizadas, -y ello no debería perderse de vista-, encontrar puntos de intersección contribuye al prestigio de la actividad política. Pensemos por un instante que si no existieran, -y varía de país en país-, organizaciones sociales y medios con una impronta de servicio, no tan integradas al sistema; la gente la tendría demasiado embromada.
Uruguay tiene el diferencial, entre otros atributos, de la inexistencia de violencia política.
En el sistema imperante, la derecha profundiza los problemas más significativos de la gente. La izquierda, más allá de sus aciertos y errores, cuando asumió el gobierno le faltó audacia y debió revisar la arquitectura institucional que está pensada para que los países los conduzca una elite vinculada a los poderes fácticos. ¿Ejemplos? Uno el invento del balotaje para demorar el ascenso al gobierno del FA. Otro: el altísimo porcentaje de voluntades ciudadanas para propiciar un referéndum; 25% del padrón electoral. Hay más. Como la confidencialidad sobre acuerdos y contratos que se celebran con otros países o empresas; generalmente multinacionales. Esta lógica se refuerza con equipos técnicos de altísimo nivel que, más allá que algunos profesionales jueguen un rato en cada mostrador, se encargan de seguir sustentado la lógica dominante. Lo preocupante es que todos los partidos políticos, es claro que no somos una gran potencia para imponer condiciones, han usufructuado la opacidad. Entonces, no informar, demorar respuestas, contestar a medias, salir con evasivas, se ha constituido en el modus operandi del sistema político institucional. A tal punto que los mismos que ningunean información relevante en su momento votaron una ley impulsada por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, de acceso a la información pública. En sus disposiciones generales la ley establece objetivos y define el concepto de información pública. En su artículo primero menciona que “la presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”. Luego establece alcances, restricciones y forma de acceder a la misma.
Ha sido una constante, no solamente en los llamados a sala o interpelaciones parlamentarias, que los comparecientes contestan pocos o se van por las ramas. Tal práctica resta transparencia y cristalinidad a las acciones y son un elemento corrosivo. Parece ser por un juego partidario.
En Paysandú conviene poner el ojo en la actual gestión. A cacunda de acuerdos políticos de larga data entre colorados y blancos, -que permitió que las Intendencia tengan mayoría automática-, los jefes departamentales se dan el lujo de prescindir de las Juntas, espacio institucional que muchas veces hace poco por jerarquizarse.
Queremos detenernos en el manejo que se está realizando del fideicomiso, por hasta 25 millones de dólares votado en gestión del Frente y usufructuado por el actual intendente. Es un recurso extraordinario que vino a reforzar el presupuesto quinquenal. La población ignora el nivel de ejecución que tiene dicha herramienta al tiempo que los ediles opositores se quejan de ausencia de información. Desde el oficialismo, con cierto sarcasmo dirán: “toman de su propia medicina”; razonamiento que alimenta el descreimiento que nutre la anti política.
El fideicomiso “Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo” incluye, por ejemplo, 1.5 millones de dólares para Campus universitario; 2.5 millones para cartera de tierra, -un viejo reclamo de las Federaciones del hábitat-: 5 millones para el interior (Municipios y Juntas); Distrito Park, 7.8 millones: Paysandú trabajo, 960 mil dólares y Economía Social y Solidaria, 700 mil dólares en dos programas. Estos son parte de otros 40 que, discrecionalmente, define el intendente. Así quedó acordado, como también la constitución de una comisión de seguimiento. Hay escasísima información. La oposición no logra, por varios factores, perforar la opacidad. Edil de la oposición consultado, expresó una realidad: “se demora mucho en contestar informes. Ejecutivo está tranquilo, le dejamos dinero para que hiciera las obras”.
Tal propósito, de alguna manera y desde otro lugar, lo alcanzan en cierta medida, las organizaciones sociales. Vale la pena mencionar ejemplos concretos. La Intersocial se ha erigido, con su militancia e impronta, en un interlocutor válido sobre el derecho a la ciudad. Está siendo partícipe de los debate en torno a la eventual transformación de la Costa y será complejo imponer transformación prescindiendo de la ciudadanía. Recientemente vecinos de zona industrial denunciaron inicio de obras, sin autorización municipal, en Henderson y Libertad. Allí Mario Macri se planteaba construir una planta hormigonera, ignorando que en esa zona, de acuerdo al Plan local de Ordenamiento de la Ciudad de Paysandú y su microrregión está vedada la instalación de nuevas empresas. La zona, progresivamente mudará a residencial. Hasta que los vecinos aparecieron, la Intendencia no se había enterado. Sin explicitarlo los vecinos están dando una batalla por la participación y el respeto hacia el ordenamiento de la ciudad. Sin oposición organizada se iba a consumar la irregularidad. Presto a sacar vecinos de, eventualmente, predios inundados, contaminados u ocupados, la gestión es más permisiva con otros actores. Cuesta aplicar el Plan, como cuesta que se instrumente la cartera de tierra; formidable instrumento de planificación urbana.
Hay que insistir, usando todas las herramientas, incluidas las movilizaciones, para que la Intendencia ejecute primero los proyectos listados en el fideicomiso que generan puestos de trabajo; eso es atender la crisis social y potenciar la democracia. Tal vez el movimiento social, nuevamente, esté marcando el camino.
Encastre
“…que la Intendencia ejecute primero los proyectos listados en el fideicomiso que generan puestos de trabajo”
