Escribe Darío Rodríguez
La gestión departamental, -con un correlato en lo nacional- prosperó desde un inicio muy favorable. Heredó obras de significación y transformación en marcha. A título de inventario podemos hablar del Paseo Costero, proyecto en la Ex Paylana y resignificación del Parque Municipal. A esto se agrega la disposición de recursos derivados de un fideicomiso (de hasta 25 millones de dólares con listado de obras) que, al contar con información que le daba favorable, el actual intendente, en su época de candidato, dio luz verde a su aprobación, acordando con el FA; en ese entonces conductor de la Intendencia. Sectores del FA, vinculados a Guillermo Caraballo creían en la continuidad.
Lo curioso es que la gente o sus organizaciones no se pronuncien sobre tal recorte…
La reiterada práctica, interpartidaria, de no contestar informes a los ediles -tras insistir se ha respondido un 50% de los 145 realizados-, la rebaja de aportes al BPS mediante el cuestionado ingreso de la Fundación A ganar (conducida por correligionarios) y eliminación de dispositivos que favorecían a la gente parece no erosionar la gestión. Días pasados La Diaria publicó que la Intendencia pagó el año pasado, a la correligionaria Fundación A Ganar, 4.123.830 pesos para gestionar recursos humanos; tarea harto cuestionable. El Tribunal de Cuentas había observado la adjudicación que, como en otros casos, tuvo un único oferente.
Curiosamente, aunque no es parte de su competencia, la cruzada a Colón pueda golpear la performance del Intendente.
Llama la atención, por dar tan solo un ejemplo, que no se exija la perentoria implementación de los jornales solidarios (reforzando los existentes), Paysandú Trabaja con 960 mil dólares y Economía Social y Solidaria con 700 mil dólares incluidas en el fideicomiso
En el pasado existía el programa presupuesto participativo que, en un primer momento atendía solo la capital y en el trascurso de los años se extendió a localidades del interior como Guichón y Quebracho, Gallinal. El programa en cuestión, posibilitó que clubes sociales, deportivos, cooperativas y otras organizaciones pudieran mejorar infraestructura, servicios brindados o extender prestaciones. En votación la comunidad definía quiénes serían los beneficiados y ponía en movimiento la participación ciudadana (14 mil en 2018); clave en un sistema democrático. Algo similar acontecía con un porcentaje de lo recaudado con el estacionamiento tarifado que, de alguna manera, ordenaba el parque automotor presente en la zona céntrica.
Los dos programas han sido suspendidos o eliminados. Nadie sabe por qué. La opacidad reina. Lo curioso es que la gente o sus organizaciones no se pronuncien sobre tal recorte; lo que da legitimidad al perjuicio. Parece que la Institución Intendencia inhibe pronunciamientos claros. Esto es válido para todo el espectro.
Hay otros dos asuntos, relevantes, que deberían movilizar con más vigor al FA y al movimiento social, sin perjuicio que la situación económico social del departamento, es extremadamente preocupante e interpela a todos.
El primero tiene que ver con los niveles de ejecución que alcanzó, a la fecha, el fideicomiso. Hay información aislada: desarrollo de piscina en termas de Guaviyú, pluviales en calle Tacuarembó.
El oficialismo en la Junta Departamental, tras dos reuniones de la Comisión de Seguimiento, -que costó un Perú que la armaran-, se comprometió a que la misma visite obras; sería una forma de saber cuáles son, por lo que habría que exigir cronogramas, plazos de ejecución, modalidad contractual e inversión desembolsada. La Comisión de Seguimiento está pendiente de la presencia del jefe Departamental.
Hoy vence el plazo que tiene la Intendencia para responder una seria de planteos efectuado, en uso de la ley de acceso a la información, por parte de la oposición frentista. Oposición que parece adquirir densidad y volumen. En lo medular pide “nómina de obras e inversiones a realizarse con el fideicomiso Paysandú II. Criterios fijados para establecer conveniencia y prioridad de las obras en inversiones seleccionadas. Cronograma de obras previstas a ejecutar. Costos previstos de dichas obras. Listado de toda licitación realizada tanto por la Intendencia como por la Fiduciaria República AFISA…Detalle de los desembolsos y pagos realizados tanto por la Intendencia como por la fiduciaria. Copia de los informes cuatrimestrales remitidos por la fiduciaria según establece el artículo 15 inciso 3 del contrato celebrado con AFiSA”.
Llama la atención, por dar tan solo un ejemplo, que no se exija la perentoria implementación de los jornales solidarios (reforzando los existentes), Paysandú Trabaja con 960 mil dólares y Economía Social y Solidaria con 700 mil dólares incluidas en el fideicomiso. Diputados oficialistas, que se negaron a extender seguro de paro a trabajadores de la ex Pili o que, junto al intendente, en periodo pasado, defendían la fabricación de Portland en Paysandú, hoy rompen los oídos con su silencio. Ni en el 1°| de Mayo lo planteó la Mesa local del PIT-CNT, en un departamento golpeado por el desempleo. Es lícito suponer que la actual administración departamental actuará con las lógicas que han tenido los partidos fundacionales a cargo de las Intendencias: ejecutar recursos en beneficios de la gente al ritmo de la proximidad electoral, prescindiendo de la actual emergencia. Es ahora, la ejecución, sin especulaciones políticas partidarias.
Estamos en un mundo crecientemente urbanizado, donde las ciudades deben ser, económica, social y ambientalmente sostenibles. En cualquier sitio, incluido Paysandú, amparados en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y los respectivos planes locales, la gente organizada debe involucrarse e incidir en la construccion de comunidades inclusivas, democráticas, no expulsoras.
La capacidad de incidencia de la gente organizada, en tanto comunidad, quedó de manifiesto en oportunidad que un empresario local pretendía, violentando toda norma y con una administración distraída, montar una fabrica en zona no prevista por el plan local de Ordenamiento. Algo similiar debe suceder con el debate, inminente, en torno al uso de la Costa. Como se sabe la IDP contrató un mentado estudio internacional para que formulara propuestas, abonando 1 millón de dólares, e hizo un simulacro de participación. Como la ciudad es un espacio de conflicto, de colaboración entre sectores sociales; en definitiva de disputas, es menester una población preocupada y participante, además de una UdelaR presta a realizar aportes técnicos. Similar comentario, ya a más largo plazo, se puede expresar en relacion a una futura sede universitaria en el predio del Corralón Municipal. El proyecto que albergue el necesario y bienvenido edificio académico, debe tener aportes ciudadanos. Es relevante la legitimidad social de cada iniciativa.
El proyecto urbano en la ex Paylana, que integra actividades y sectores y participa de la ciudad consolidada, es una muestra, más allá de los aspectos de implementación que vienen lento, de lo que nos referimos.
Al respecto, se tiene que arrancar la voluntad política de la Intendencia, en tanto policía territorial, para que cumpla la ley y organice y convoque, como pidió oportunamente la Intersocial, la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial.
