Escribe Darío Rodríguez
El pasado 4 de agosto, ediles del FA solicitaban datos, usando la ley de Acceso a la información pública, ante las dilaciones del Ejecutivo Departamental, relativos a la ejecución del Fideicomiso Paysandú II. Un mes y medio después, concretamente el 27 de setiembre, la Intendencia remitió información solicitada por los legisladores de la oposición.
Sobre “los criterios fijados para establecer conveniencia y prioridad de las obras e inversiones seleccionadas”, cuestión sustancial, se dice poco.
La información tenía que ver con la “nómina de obras e inversiones a realizarse; cronograma de obras previstas ejecutar; costos previstos de dichas obras; listado de toda licitación realizada tanto por la Intendencia como por la Fiduciaria República AFISA que corresponda a la ejecución de los fondos; detalle de los desembolsos y pagos realizados tanto por la IDP como por Fiduciaria” más “copia de los informes cuatrimestrales remitidos por la Fiduciaria, según lo establece el contrato celebrado con República AFISA”
El intendente, Nicolás Javier Olivera, remitió, -tal como se le pidió-, documentación elaborada por el Departamento de Administración, cronograma de obras confeccionado por la Unidad de Diseño y Proyecto, más insumos aportados por República AFISA.
Paysandú 119.882 habitantes 6.500 desocupados 11.600 trabajadores fuera de la formalidad 20 mil pobres. El fideicomiso cuenta con recursos, en el entorno del 1.5 millón de dólares para atender la emergencia laboral.
Sobre “los criterios fijados para establecer conveniencia y prioridad de las obras e inversiones seleccionadas”, cuestión sustancial, se dice poco. El Departamento de Administración, a cargo del contador Martín Thomasset tal vez por no ser el más idóneo para contestar, respondió con un lacónico “…son fijados por un equipo multidisciplinario (no lo menciona) en función del beneficio que genera a la población sanducera”.
En el resumen de fondos adjudicados por llamados y pagos instruidos por la Intendencia, estuvieron contempladas la adquisición de planta asfáltica y equipos viales; consultoría por Av España; arreglos en Florencio Sánchez; Estadio Cerrado; Pluviales calle Tacuarembó; Termas (Guaviyú y Almirón)
Lo ejecutado, del listado inicialmente previsto, da cuenta de las prioridades establecidas por el gobierno, con prescindencia de la oposición. Quizás sobresalga la adquisición de la planta asfáltica y un conjunto de maquinaria vial y vehículos utilitarios. Entre ellos tres motoniveladoras, dos excavadoras hidráulicas, dos palas combinadas, cuatro rodillos de tambor, 6 camiones doble eje y diversos equipos de compactación asfáltica. Cuatro camionetas de cabina triple y caja abierta.
Sobre aspectos vinculados a obra, la información reporta que en caso de Av. España se contrató a la consultora, Licenciada Cristina García Lorenzo, a quien se le abonó, a agosto, poco menos de cien mil pesos (98.438). La empresa Cujó, es la encargada de ejecutar la instalación de pluviales en la calle Tacuarembó; obra que inicialmente tenía un presupuesto de 1.350.000 mil dólares y el mismo quedó rabón; falta saber por qué. OMA Internacional, buffet que hará estudio y propuesta sobre la costa, -contratación que generó mucho ruido-, ya recibió 550 mil dólares del millón que cuesta su tarea. El estudio Ingeniería 4 D SRL se le encargó, mediante el abono de 1.091.640 millón de dólares (más IVA) la realización de estudio topográfico.
Seguramente debido a que el volumen de obras a ejecutar excede la capacidad instalada de la Intendencia se resolvió contratar un supervisor para las mismas. Uno podría suponer que una figura similar podría ser incorporada al proyecto urbano de la ex Paylana, aunque tenga otra dimensión, niveles de complejidad altos, articulaciones interinstitucionales, sociales y atraso que preocupa a los involucrados y sus organizaciones. Tras llamado, accedió a la supervisión la arquitecta Carla Arcieri, hermana del dirigente nacionalista Daniel Arcieri, miembro de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande de prodigiosa acción en la zona.
Al observar el cronograma financiero se ve que las obras reseñadas se terminarían de ejecutar el próximo año; no se visualiza el solape con otras que se pueden incorporar y es una incógnita que se ejecutará en el año preelectoral. Hasta el momento, hay que pulir la información, se habrían ejecutado o están asignados unos 17 millones de dólares.
En términos generales, ciudadanía, oposición y organizaciones sociales, salvo alguna excepción, podrían asumir la pertinencia de las obras y la adquisición de maquinaria. Desde el punto de vista político, el Fideicomiso y el listado de intervenciones fueron aprobadas casi que por unanimidad. El problema es que las prioridades, el ritmo de ejecución quedó exclusivamente en manos del intendente que parece poco proclive a recibir sugerencias.
Sería de buen criterio, concluido este primer envión, discutir, en el marco de lo que prevé el instrumento, las nuevas prioridades en un departamento signado por una fortísima desocupación, empleos de mala calidad y una frontera que es oportunidad y perjuicio.
El asunto de la prórroga del seguro de paro para los trabajadores de la Ex Pili, en proceso de remate, dejó expuestas las prioridades de los distintos actores que también se expresan en el fideicomiso; por lo que urge darle otro giro. Diputados oficialistas, por ejemplo, negaban la posibilidad de darle continuidad al seguro de paro; punto de vista opuesto al de la diputada Bottino, partidaria de su continuidad (De todas maneras, hay voces progresistas que, por lo bajo, cuestionan tal posibilidad, cosa que no hacen con otros suculentos subsidios) Reforzando las miradas de la izquierda y tomando la iniciativa política, la bancada de ediles/as envió una nota al mismísimo presidente y al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, donde reseñaban que el fallido remate de la planta impide “….el pago de los créditos laborales a los ex trabajadores que representan aproximadamente a unas 200 familias de nuestro departamento y que hasta el momento no se ha logrado poder reconvertirse laboralmente”. En la misiva se pide la extensión del seguro de desempleo. En lo interno, también sobre fines de setiembre, auspiciaron la declaración de “emergencia laboral departamental”; iniciativa bloqueada por la bancada oficialista de la Junta.
La situación avala tal solicitud. El departamento de Paysandú, con 119.882 habitantes, tiene 6.500 desocupados, 11.600 trabajadores fuera de la formalidad y 20 mil pobres.
El fideicomiso cuenta con recursos, en el entorno del 1.5 millón de dólares para atender la emergencia laboral. A ello agrega, en un departamento con déficit habitacional en el entorno de las 4 mil viviendas, la disposición de 2.400.000 dólares para cartera de tierra. Con tal panorama, más supresión del presupuesto participativo y entregas de partidas por el estacionamiento a organizaciones e Instituciones, las preguntas revolotean sin respuestas desde el gobierno local. ¿Falta voluntad política? ¿Insensibilidad frente a la emergencia? ¿Incapacidad política, administrativa y/o técnica para ejecutar proyectos en simultaneidad? La Intendencia debe una respuesta a la población que analiza la posibilidad de movilizarse.
