Escribe Darío Rodríguez
Por ventura para el periodismo, la situación departamental y nacional aporta insumos para el análisis, la opinión y la reflexión. La abundancia y la vertiginosidad en esta sociedad dromológica ofrece un variado menú de difícil elección.
El gobierno, que desde el pique se quiso vender como lo moderno (símil de progresismo, sensibilidad social, capacidad de gestión, transparencia) genera políticas y prácticas cuestionables. El relato que intenta instalar una realidad comienza a hacer agua. Vale un puñado de ejemplos, a título de inventario.
Los escándalos relacionados a la entrega del Puerto a la multinacional Katon Natie, lo del custodio Alejandro Astesiano, -que nadie compra que no se conocieran sus prolíferos antecedentes y que desde el cuarto piso de Torre Ejecutiva delinquía sin pausa y accedía a jerarcas e información sensible-, el pasaporte exprés entregado al narcotraficante Marset, el retorno de viejas jerarquías policiales que, a juicio del experto en temas de seguridad pública y antropólogo Federico del Castillo manejan la política, integran el rosario. En la Diaria del pasado 12, Castillo sostuvo que “la gestión del Ministerio del Interior está subordinada a los mandos policiales”. El postre lo constituye el affaire del documento sobre el plan de inteligencia filtrado a la prensa; sin claridad desde donde se lo hizo, palmaria demostración que el gobierno no puede garantizar tales cosas. Sobre la filtración, por estos días se marcan contradicciones varias al gobierno, no obstante, se pueden hacer múltiples lecturas. Recientemente asomó el tema del cierre urgente de la mutualista Casa de Galicia y toda su trama de intereses y favoritismos. A esto hay que adosarle el éxito de la ratificación de la LUC que galvanizó el trabajo, no sin impugnaciones, encarado en el enfrentamiento a la pandemia. Pero el tiempo transcurre y aparecen otras emergencias y demandas ciudadanas que no pueden ser evacuadas con selfies, conferencias de prensa sin exigencias o excelsas puestas de marketing. Con un estilo particular, conocido, aunque con variantes adecuadas a la época, el Herrerismo que conduce el gobierno y logró subordinar a cada uno de sus socios, tramita una “transformación educativa” a los empujones, sin recursos, estigmatizando colectivos docentes, tal vez en la lógica de proyectar (o hundir) al colorado Robert Silva. Ahora tiró arriba de la mesa la reforma de las jubilaciones y pensiones con el propósito que la gente trabaje más y cobre menos al retirarse; sin tocar, en sustancia, el sistema de retiros militares que tiene un déficit anual entre 350 y 500 millones de dólares. Para algunos entendidos estamos en presencia “un ajuste fiscal”. Nadie niega la pertinencia de una reforma. El gobierno profundiza una política que deja el tendal por el camino, hace más rico a los ricos, y luego, trata de juntar los destrozos. En este marco, con sus características y potestades, opera la gestión de la Intendencia. Aunque se anuncian posibles medidas para la frontera que excedan el control en el puente, confrontando trabajadores aduaneros con la gente, la Intendencia puede hacer sus aportes. Los mentados jornales solidarios, extendidos hasta diciembre, (1.200 en Paysandú) son insuficientes para un departamento que tiene 6.900 desocupados y una Intendencia con un fideicomiso que previó recursos para generar trabajo. No contamos las tareas informales que abundan.
Muchos sanduceros se han trasladados a Centenario, Durazno, al montaje de la planta de UPM de próxima finalización y, se supone, volverán al terruño. Estará difícil sostener la emergencia a puro jornales solidarios. Con el fideicomiso Paysandú II, se adjuntó el “Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo”; discrecionalmente el intendente fue por el lado de obras que generan poco empleo. Aunque el debate puede ser tardío al igual que las reacciones del movimiento popular, vale la pena señalarlo. Aunque aún quedan unos 8 millones de dólares para ejecutar y se debería exigir que los programas vinculados a la generación del empleo se les de máxima prioridad. Si en el periodo pasado el otrora diputado Olivera pedía “a gritos” la emergencia laboral, (con mucho menos desempleo) hoy, con 6.900 debería pedirla a viva voz desde encima del puente. Hay alternativas y otra forma de procesar la emergencia que, además, se aprecia en la infinidad de locales en alquiler en zona céntrica. La construcción genera puestos de trabajo y dinamiza la economía por lo que la Intendencia, podría apostar a la vivienda, nada impide que lo haga o que genera condiciones. Se habla que las familias realojadas de Antena 35 requerirá 270 soluciones habitacionales; que no siempre son viviendas. Destinando, por ejemplo, 5 millones de dólares del Fideicomiso se podría, tomando en cuenta valores cooperativos, generar unas 60/70 viviendas con decenas de puestos de trabajo de calidad que derraman en otras actividades. Por otra parte, en un escalón menor, se podría robustecer la paga a los implicados en los jornales solidarios, abrir nueva convocatoria con montos más dignos y/o potenciar emprendimientos que agrupan gente cooperativizada. Se requiere, y no se visualiza, una actitud más enérgica con el gobierno central y articulaciones interinstitucionales que trascienda la coordinación con el Mides para entregar canastas, no siempre de manera pertinente. Falta dimensionar gravedad de la crisis, con creciente pérdida de credibilidad en la política, y empatizar con la gente más afectada. La crisis no solo tiene expresión en lo laboral, golpea aspectos sociales, saberes, salud mental, tejido social y familiar. La fractura social, sin exagerar, se ahonda con el consiguiente correlato en la seguridad pública. Por ejemplo, la socióloga Nilia Viscardi sostiene que el Programas Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), -hoy eliminado del Mides-, contribuida a contener a jóvenes que residen en barrios pobres, signados por la violencia. “Hoy sentimos su ausencia”, manifiesta. Las políticas sociales no pueden ser enviar la Policía. La comunidad organizada que dispone de insumos informativos que reflejan la crisis, azuzada por la diferencia cambiaria por Argentina, debe insistir con propuestas alternativas y movilizarse como soporte de tales propuestas. Es imprescindible que los sordos escuchen.
