Por Marita Coria
Las dos terceras partes de la población está incluida en las restricciones solicitadas por OSE como medida paliativa ante el actual déficit hídrico. Si bien este jueves 16 llueve en el litoral oeste, urge la presencia de agua en el sur. Hay cosechas que serán muy malas por no decir que ya se perdieron y recibiremos productos de menor calidad a precios más altos.
1.175 millones de dólares es el estimado de las pérdidas por la sequía, informó el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos.
En el norte, la lluvia es un alivio pero hay cultivos irrecuperables. Los más afectados son los pequeños productores que cuidan los animales con traslado de agua desde donde se pueda ya que las aguas superficiales se agotaron, perdiéndose -en muchos casos-, el trabajo de toda una vida.
A su vez, los trabajadores zafrales del citrus verán afectados los contratos laborales.
Pensar en futuro
No hay precedentes de una sequía como la actual desde hace 43 años y de tan escasos volúmenes de lluvias de los últimos 60 años. El Instituto Nacional de Meteorología (INUMET) ha aclarado en un informe que los periodos prolongados de sequía duran 2 años. La Universidad de la República (UdelaR) en cambio, afirma que los efectos de la escasez de lluvia vienen de 2019.
El gobierno descartó cortes programados de agua, como sí había anunciado la vicepresidenta del ente, Susana Montaner. En cambio inspeccionará y multará a quienes no cumplan con las restricciones solicitadas como regado de veredas y patios, llenado de piscinas, entre otros.
Ante este panorama, no sólo la oposición solicita ser escuchada. También la UdelaR y organizaciones ambientalistas.
El director del Frente Amplio en el directorio de OSE, Edgardo Ortuño, afirmó que en la Rendición de Cuentas, el gobierno recortó 22 millones de dólares para OSE.
Solicitó generar espacios de diálogo para instrumentar obras planteadas desde la Administración anterior como la planta de Casupá en Florida (proyecto avanzado que el expresidente Tabaré Vázquez le entregó al presidente Luis Lacalle Pou). Esta aportaría 118 millones de metros cúbicos de agua, volumen que, afirma Ortuño, «estaría respaldando el faltante de agua». Mencionó asimismo la construcciòn de la represa sobre el arroyo Solìs Chico para abastecer la Costa de Oro.
Neptuno: negativo
Se plantea al Gobierno que desista de la planta potabilizadra (proyecto Neptuno), una inversión privada financiada por OSE ya que -afirmó Ortuño-, «con ese ahorro podemos hacer obras prioritarias » para solucionar las situaciones de sequía y déficit hìdrico en el futuro. En el plano recursos humanos, el FA busca la recuperación de los 4.500 trabajadores que tenía OSE en 2019. Hoy hay 1.030 menos.
Se desprende de un informe realizado por el representante del FA en el directorio de OSE que al inicio de la administración Lacalle, el ente contaba con proyectos prontos para ejecutar de 560 km de redes, 50 pozos de bombeo y 11 plantas de tratamiento por un monto superior a U$S 450 millones. La crìtica es que optó en cambio, por iniciativas privadas (IP).
La oposición en el Directorio votó negativamente la IP presentada en enero de 2021 en Presidencia de la República (el 30/06/21 OSE se acepta por mayoría; el 28/12/22 se aprueban los estudios de factibilidad y dispone el llamado a Licitación para su ejecución).
Ortuño fundamentó su voto negativo evaluando que la obra tiene una menor calidad ambiental y técnica por tratamiento secundario (Lagunas) de aguas residuales sin remoción de nutrientes (Fósforo y Nitrógeno) ni desinfección de vertidos (Radiación UV, Cloración u Ozonización), inferior al Tratamiento Terciario en las Plantas que venía instalando OSE en los gobiernos del FA.
Además de contaminación de vertidos mayor a la permitida, no considera las redes existentes (capacidad de absorber nuevas conexiones), carece de obras de adecuación en las redes y no prevé ampliación de la cobertura a futuro.
A su vez, la gestión privada conlleva un «enorme costo», capaz de desfinanciar al ente. En números: U$S 284 millones de inversión (U$S 1080 millones en 25 años, más U$S 200 millones por Opción de compra) donde OSE pagará al privado U$S 1280 millones. La gestión pública del proyecto tendría un costo total de U$S 800 millones.
Más costoso para la gente
El proyecto privado -continúa explicando el informe-, elimina la exoneración del 100% del precio de la conexión a las redes públicas de saneamiento para clientes-usuarios beneficiarios de MIDES, Plan Juntos y Plan Nacional de Conexiones al Saneamiento y servicios ubicados en Asentamientos y Realojos.
Habrá menos obras de las anunciadas y dispersas pasando de 124 a 61 localidades cubiertas, beneficiando a 160.000 habitantes de los 560.000 previstos.
No está de más recordar el Artículo 47 de la Constitución aprobado por el 65% de la ciudadanía en el Plebiscito del Agua: «El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”
En Paysandú
Si bien el déficit hídrico resulta insostenible para los productores del sur del país, Paysandú no escapa a esta realidad.
En esa línea, las autoridades de la Intendencia gestionaron reuniones con autoridades del BROU. Estos recibieron a los productores locales más afectados, a quienes informaron medidas financieras para afrontar la emergencia: prórrogas en el pago de créditos amortizables, líneas especiales para construir y operativizar pozos semi surgentes y préstamos especiales para adquisición de forraje y ración.
La Intendencia procura asistir a los más afectados por el déficit hídrico con entrega de agua en diferentes localidades, generación de pozos semisurgentes o la implementación de políticas como el programa Paysandú Sostenible.
