La posible erosión de la gestión departamental se puede suplementar con el reciente dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2021 de la Intendencia. El mismo da cuenta de la implementación de multas y moras violando artículo 297 de la Constitución, facturas sin IVA de los complejos termales (Guaviyú y Almirón), imputación de gastos del ejercicio posterior, compras sin licitación, carencia de inventarios de bienes, horas extras superiores al cupo establecido, ausencia de conciliaciones bancarias; entre otras irregularidades y desprolijidades. El postre lo constituye la constatación de un déficit de 260 millones de pesos. Unos 6.5 millones de dólares según el tipo de cambio de entonces. Aproximadamente un 10% del presupuesto.
DR.
