“Sería un mal amigo si no le creo”

Escribe Darío Rodríguez

En mayo pasado, la relatora especial de las Naciones Unidas, Mama Fatima Singhateh, dijo sin filtro que “la explotación y el abuso sexual de menores en Uruguay son extremadamente comunes y están normalizados social y culturalmente”. El gobierno, a través del presidente del INAU, Pablo Abdala y de la vicepresidenta Beatriz Argimón, relativizaron el planteo.  Empero, la gravedad implícita en el pronunciamiento, pasó sin pena ni gloria.

Heber: “Esto es una difamación”

Es cierto que, en el país, existe el principio de inocencia, pero los inmediatos pronunciamientos de correligionarios con cargos institucionales relevantes estuvieron lejos de la prudencia requerida. El hoy jaqueado ministro del Interior, un político profesional, -legislador desde el 85-, Luis Alberto Heber se refirió, por aquellos días, a que “esto es una difamación, lo tiene que demostrar en la Justicia”. El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, hablaba que el Partido tenía “respetada opinión” sobre su legislador, además de “un aprecio personal”. Estos sucesivos pronunciamientos de apoyo podían interpretarse como un mensaje a quienes se animan a denunciar y a la Justicia. Sobre esto, cero autocríticas, más bien lastimosa sobreactuación.

Deslumbrado con la actuación de Penadés, una primera espada en el Senado, -ingresó sustituyendo a Luis Alberto Heber-, por esos días los elogios abundaban. Hoy es lícito preguntarse si en tanto años de llevar una conducta reprochable, en su entorno más cercano nadie vio nada, nadie sospechaba de nada.

La deriva del caso es ampliamente conocida. Penadés fue formalizado (11 de octubre) por la presunta comisión de unos 20 delitos; entre ellos uno de violación. También fue formalizado el profesor Sebastián Mauvezín: un facilitador de menores. Se tuvo un inhabitual cuidado de mandarlos a cárceles modelo como la de Florida y Lavalleja; no todos tienen esa posibilidad. ¿Será fruto de un “poder residual”?

Mucha demagogia

Las lecciones primarias de este conmovedor episodio, refuerzan los dichos de la relatora de la ONU; la pertinencia de proteger a las víctimas y saber que, en buena medida -. aunque se lo quiera obviar-, estos son generalmente delitos del poder. El caso Penadés expuso todos los apoyos desde el mismo, la utilización de aparato del Estado y de Policías venales para obtener información y montar un fraude procesal. Los respaldos mediáticos, los ataques a los defensores de las víctimas, las vigilancias ilegales (incluidas a la Fiscal Alicia Ghione) y aprietes, fueron parte del menú.  Algo gravísimo, pero, a no engañarse, esto se puede hacer si el involucrado tiene poder.

El mismo día de la formalización, desde M24, en “la tapadita”, el periodista Eduardo Preve reveló audios entre asesores del poderoso espadachín nacionalista; allí se explicitaba parte de la estrategia a desarrollar. Un asesor, Horacio, conversando con el corredor inmobiliario Santiago Borsari- director nacional de Arquitectura del MTOP-, sobrino del otrora diputado y actual vicepresidente de la ANV, escribano Ariel Borsari, comentaba “no lo vamos a andar acosando ni entorpeciendo. Tampoco los hagamos calentar”; se refería a la prensa. Hay otras cosas más significativas que revelan el accionar de esta gente. En otro audio, un exacerbado Santiago Borsari, muy proclive a las adjetivaciones y a la acérrima defensa de un abusador, vociferó, según nota de La Diaria, que “la jueza y la fiscal” del caso “son unas hijas de puta, porque son de esas de género y toda esa mierda”. Pero no lo van a culpar de algo que no fue”, cuestiona su interlocutor, a lo que Borsari responde: “Lo que pasa es que hay unos cuantos de los que declaran que no sabe quiénes son, sabe que no los conoce, pero tiene que saberlo formalmente para poder defenderse”. El correligionario Santiago Borsari, sigue prendido al cargo en el MTOP.

Más allá del schock e impacto en el PN, -y otras colectividades- hay que ver otras responsabilidades, más bien políticas y no solo vinculadas a miembros del Ejecutivo como el ministro Heber; que pide ir  “urgente al Senado, -correligionario desde la 71 de Penadés-, transformado en un “monstruo”, en un “excecrable” sujeto.  La expulsión de Penadés del Senado, -histórica y por unanimidad- “por indigno” fue una buena señal, pero faltan otras muy relevantes.  Hay que ir a fondo.

Los corifeos se indignan y hacen declaraciones explosivas en cuanto “chupete electrónico” se les aparece. Pero obvian, principalmente desde el gobierno y el impertérrito Ministerio de Economía, las pésimas condiciones en que jueces y Fiscales desempeñan funciones; muchas veces en sitios insalubres. No es solo de ahora. La labor desplegada desde la Fiscalía Especializada bajo la égida de Alicia Ghione, del estudio jurídico de la UdelaR (también ninguneada presupuestalmente) y de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía general de la Nación, alientan esperanzas.

Ahora, en consonancia con lo planteado por la relatora de la ONU, hay que asumir la gravedad del problema; tiene que haber políticas integrales (de prevención, detección, protección, reparación, etc), interinstitucionales que incluyan la academia y organizaciones sociales versadas en la materia y recursos económicos.  En la rendición de cuentas se eliminó, por ejemplo, la posibilidad que Paysandú contara con una Fiscalía y Juzgado de Violencia de Género. La decisión es toda una opción. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del país? ¿Abatir el déficit fiscal? ¿gobernar para el poder? No puede haber una ley basada en violencia de género sin recursos; es una burla. Hay que sacarse la careta.

Así el gobierno encabezado por el herrerismo y secundado por sus socios, navega en aguas procelosas. Le debe muchas respuestas a la gente. Lo vinculado a la entrega de pasaporte a un narcotraficante, lo de Astesiano que, rápidamente se quiso apagar, la escandalosa entrega por 60 años del puerto a Katoen Natie (bajo el supuesto de un eventual juicio por 1.500 millones de dólares que epilogó que ANP dejara sin efectos los reclamos realizados a la multinacional.   Se conoció la formalización del militar Marcelo Acuña por presunto espionaje a dos senadores para apretarlos a los efectos que retiraran denuncia; algo gravísimo. “Sin duda hay más implicados” dijo la fiscal Sabrina Flores. Por otra parte, El CEO de Vertical Skies armaba informes sobre compras militares y los remitía al inquilino de Torre Ejecutiva.  Mucha tela para cortar); lo de Salto Grande y CARU; a lo que se suman los episodios contaminantes de UPM que se quiere resolver mediante exiguas multas económicas.

El inquilino de Torre Ejecutiva parece indemne a estos avatares. Nada es casual. ¿Tendrá algo que ver la exoneración (33 millones de pesos) del pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico a los canales privados y la visión que estos muestran del gobierno? Usted, ¿no desconfiaría? Dejemos hablar al tiempo.

El interior del país, -más allá de la proclama nacionalista de ser un partido campero- y su gente, está “como el campo, grande y sola”. Parece un gobierno de espaldas a sus realidades. Y si no que le pregunten en el litoral y al puñado de compatriotas que con los jornales solidarios pareciera que tiene un trabajo.

Esto aunado a un deterioro económico visible. Los castillos de naipes, al fin y al cabo, son de naipes.

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