Cristalinidad, te evoco
Las Intendencias, con sus Juntas Departamentales (JD), -y el absurdo de las mayorías automáticas, fruto de acuerdos políticos entre los lemas tradicionales-, se prestan para manejos discrecionales, clientelísticos que en nada ayudan al sistema democrático. A ello se agrega las mentadas autonomías que terminan de cerrar dicho círculo.
Un reciente planteo del ex ministro de Ambiente y actual senador Adrián Peña, para incorporar a las Intendencias a las normativas nacionales en materia de ingresos choca con una férrea y cerrada oposición de los intendentes blancos; que asumen distintos argumentos. A quienes viven en el interior, les resulta fácil comprender la férrea oposición.
El senador colorado, cuyo partido regentea solamente la Comuna de Rivera, en junio presentó un proyecto para transparentar ingresos; se trata de aplicar “a los gobiernos departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la administración central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el periodo de un año previo a la finalización del periodo de gobierno”.
Instrumentar mecanismos de sorteos, concursos abiertos hace perder una herramienta de poder y control sobre la gente, particularmente en momentos de fortísimo desempleo e informalidad. En Paysandú la pobreza alcanza unas 14 mil personas y el desempleo a 6.400. La pobreza infantil atrapa familias enteras, al tiempo que el gobierno quitó buena parte de la malla de contención social.
Rápidamente desde el nacionalismo salieron a confrontar al socio senador Adrián Peña. El exintendente de Cerro Largo Sergio Botana, hoy senador, sostuvo que la iniciativa “violenta la autonomía municipal” y que ello es “propio del centralismo político del Partido Colorado”; argumento que puede lucir efectista. Basta ver las actuaciones de los intendentes para tumbar tales enunciados.
Nicolás Olivera, al rechazar iniciativa, buceó en ciertos supuestos. Asociando que las Intendencias ejecutan políticas nacionales (con o sin recursos centrales) entiende que, si se regula ingresos a las Intendencias, se las estaría perjudicando. Un razonamiento lineal, no del todo vinculable. Sostuvo que su gestión bajó de 1.980 a 1.500 funcionarios; “la tónica no es el ingreso de funcionarios” le dijo a La Diaria, obviando lo que todos conocen: el ingreso vía la Fundación a Ganar; regenteada por correligionarios. Si estuviera la norma que propicia Peña, la Fundación no estaría presente. Haciendo una oposición entre celeridad en los ingresos (si son necesarios) y transparencia, sentenció: “hay que buscar, dentro de la transparencia, lo eficiente”. Ahora, en su opinión, la iniciativa es para “sacarse cartel” ya que “no suma”.
Un gobierno nacional, con fuerte impronta herrerista, signado por episodios lindantes con la corrupción, con dirigentes procesados y otros incidentes con fuerte alcance en las garantías constitucionales, precisaría emitir señales de trasparencia, desde todos los espacios; parece medular. Salto Grande, CARU, Marset, Astesiano, espionaje a senadores opositores, lo del Puerto, Penadés…. La lista abruma.
Perlitas
En este contexto, opera la JD de Paysandú; muy deteriorada en su imagen. Ediles opositores, cansados de la falta de respuesta a pedidos de informe -algo normal y previsto constitucionalmente- recurrieron a la vía judicial para que la Presidencia de la Corporación entregara las resoluciones adoptadas, desde la asunción de la actual administración, hasta mayo. Tras sucesivos chicaneos, la información fue entregada.
Al acceder al sillón de Zorrilla y Sarandí, el electo intendente conformó su equipo de colaboradores. En la secretaria general, ubicó al abogado Fermín Farinha, sin residencia en Paysandú, ello determinó el pase en comisión, desde el Tribunal de Cuentas de su esposa, la también abogada María José Mayans a la JD. Sería la asesora letrada. Fue designada en sesión secreta, durante la Presidencia del hoy director de Tránsito, Braulio Álvarez. Hay disconformidad con su actuación ante demoras y por los sucesivos pedidos de prórrogas, perforando plazos, para informar a la Comisión de Asuntos Internos expedientes a su consideración; varias de ellas sobre acoso laboral. Al respecto, la JD tiene un protocolo de actuación. Según fuentes consultadas, no se conoce horarios en que realiza su trabajo. En muchos lugares, donde campea cierta racionalidad, si un asesor no cuenta con el respaldo del organismo que lo designa puede ser llamado “al orden” o removido. La asesoría no es a un partido, tal vez ahí estribe la confusión.
Al primer director de Tránsito, ingeniero Facello, -no residente en Paysandú- la Intendencia le había asignado la casa que, durante el período pasado, se usaba para atender casos de violencia de género.
El acceso a la secretaría general, tras llamado interno, dejó secuelas y ungió a Alejandra Fernández. Uno de los concursantes, procedente del ministerio del Interior y con un sumario a cuesta, recurrió la designación (N° 3 24/2022). La corporación, por 22 votos, optó por Fernández. El demandante, en su escrito había manifestado, entre otros fundamentos, que “al tribunal de concurso lo integraron un edil por cada lema (PN. FA. PC) “sorprendentemente los representantes del PN y el PC integran, simultáneamente, el Tribunal de Concurso, el de Calificaciones y Ascensos (órgano de alzada del primero) y la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones públicas (cuya competencia es resolver los temas relacionados a los funcionarios)”. 200nce pudo saber que el llamado se dilató para que demandante estuviera en condiciones de presentarse al llamado a concurso.
El collar tiene más perlitas.
El entonces, presidente de la corporación, Braulio Álvarez, en la resolución N° 44/2020 -no se conoce la fundamentación-. eximió “al secretario de registrar asistencia en el reloj de entrada y salida”. El secretario fue designado el 7 de diciembre del precitado año. La decisión, -no está en juego la designación del presidente de la departamental nacionalista-, genera suspicacia. Algunos interpretan que tal flexibilidad horaria facilita la militancia partidaria. Hay que tener en cuenta, señala una fuente consultada que “junto a la asesora letrada percibe un plus salarial por dedicación total” en el entorno del 60% del salario. En el caso de la asesora, a su retribución se le cargaría un plus de unos 60 mil pesos sobre el salario.
Los eventos en cuestión, prácticas muy extendidas en las Intendencias, en general un fuerte reducto del partido de Oribe, son difíciles de revertir con el criterio constitucional de mayorías automáticas. Ediles con vasta experiencia comentaron a 20once que es “notoria la falta de transparencia en relación a los informes. Hay un contador que no brinda información a la oposición sobre las partidas que se reciben. No hay cristalinidad”. Por otra parte, “hurgar dentro de la estructura administrativa es sumamente complejo, no te dan información, incluso alguna funcionaria que quiso aportar información fue sumariada”.
Esta matriz de funcionamiento se perpetúa, facilitada por la arquitectura institucional; por cierto, acostumbramiento de la gente que ha naturalizado estos nocivos fenómenos y por el escaso tratamiento periodístico. La disyuntiva es complicada para los medios, siempre al borde del “fainá”: una mirada crítica puede significar la carencia de pauta publicitaria municipal.
La matriz debería ser revisada por el bien de la actividad política, siendo un elemento más para evitar el desprestigio de la misma y la emergencia de mesías que sobre el caldo de cultivo generado profundizan las desigualdades y fomentan alternativas autoritarias con todas las implicaciones socioeconómicas resultantes.
Encastre
…Su gestión bajó de 1.980 a 1.500 funcionarios; “la tónica no es el ingreso de funcionarios” le dijo a La Diaria, obviando lo que todos conocen: el ingreso vía la Fundación a Ganar
Es notoria la falta de transparencia en relación a los informes. Hay un contador que no brinda información a la oposición…