Escribe Rogelio Texeira
El pasaporte exprés del narcotraficante Marset generó una grave crisis, seguramente la más importante de lo que va de este siglo, entre otras cuestiones por las cataratas de mentiras con las que se buscaba ocultar las pruebas que demuestran que desde el Estado se colaboró con la fuga de un criminal sabiendo que lo era.
Tener conocimiento de esto se debe en gran medida a la labor realizada a partir de la interpelación que realizó el Senador Mario Bergara y que ante la falta de respuestas las buscaron por otros ámbitos, solicitud de acceso a la información pública que la Cancillería negó, pero la justicia obligó a responder y se dispuso que fiscalía comenzara a investigar.
El politólogo Juan Pablo Luna estudia el fenómeno del narcotráfico y sus consecuencias sobre las sociedades y los Estados, explica en una entrevista en la Diaria (7/10/23) que Uruguay cambió su rol, ingresó a las rutas de transportes, que implica usar depósitos y puertos, pero también cuidarlos y eso trae aumento de la violencia, que vemos todos los días en las noticias. También hay más dinero circulando que, entre otros fines busca la compra de favores de los gobernantes, fundamentalmente para que el Estado se ausente.
Estos casos generan crisis que encienden todas las alarmas y están en agenda durante varios días y luego mágicamente desaparecen de escena. Los uruguayos no podemos olvidarnos que hace tiempo se fugó Morabito y en las últimas semanas varios narcotraficantes desde la prisión domiciliaria.
Las crisis obligan a intervenir y en ese sentido es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia, dependerá de cómo actuemos.
Cómo somos optimistas y creemos en la construcción colectiva de un futuro mejor, se hace urgente tomar medidas vinculadas al financiamiento de la democracia, el dinero de la política.
El financiamiento que se hace por el pago de los votos es absolutamente insuficiente, además se hace junto a las elecciones y la actividad política es y tiene que ser permanente. Organizaciones funcionando con locales partidarios abiertos, reuniones y diferentes tipos de actividades que entre otras cuestiones mantengan el vínculo con los ciudadanos.
La Democracia representativa así lo requiere.
Tradicionalmente la política en Uruguay se financió con aportes de parte de los sueldos de los cargos de gobierno, que tiene un límite y de los militantes, que contribuyen básicamente con parte de su tiempo en las diversas tareas que tiene la actividad política, mayormente en forma desinteresada, otras por alguna promesa, por ejemplo de un empleo público.
Pero como el tiempo y esfuerzo de los militantes no es suficiente y se necesita más dinero, surgen otras formas de recaudar desde beneficios (pasteles, asados, rifas, etc.) hasta pedidos de donaciones en efectivo.
Aparecen aportes de terceros, personas o empresas que colaboran desinteresadamente o siguiendo el consejo de Martín Fierro; “Hacete amigo del Juez; /No le des de qué quejarse…/ Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse”, y como no podemos adivinarlo hay que curarse en salud.
La Ley 18.485 del año 2009 establece límites en las contribuciones de particulares, que a la luz de los acontecimientos es impostergable profundizar para mantener una democracia sana.
No se puede seguir demorando la discusión en el Parlamento sobre el financiamiento de la democracia, es urgente que quienes lo están trancando cambien de actitud.
Hay medidas muy simples y baratas como por ejemplo que el ingreso al trabajo en el Estado sea exclusivamente mediante llamados abiertos y transparentes.
Otras, que requieren mayores recursos económicos y humanos para controlar, porque es necesario conocer el origen de fondos y poner un tope a los gastos, pero especialmente deben existir controles efectivos con sanciones a cargo de órganos especializados de la Corte Electoral, con la posibilidad de cruzar información con otros organismos como BPS y DGI o incluso orden judicial mediante con el sistema financiero.
Además, fortalecer a la Junta de la Transparencia y Ética Pública (JUTEP) “órgano encargado de propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado, asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción” que en este período parecería se diluyó. No puede ser que alguien no entregue la Declaración Jurada, se burle y no pase nada.
También hay que ampliar y controlar la prohibición de aportes desde quienes luego acuerdan con el Estado, por ejemplo empresas que contratan con diferentes organismos públicos, incluyendo las donaciones de sus dueños o principales a título personal.
Algunos de estos elementos están contemplados por la ley de 2009, pero en los hechos no se aplica porque la Corte Electoral no tiene al día de hoy la estructura para hacerlo y por más bonita que sea la ley si no controlamos y establecemos sanciones pasa a ser una cuestión declarativa.
De la misma forma habrá que tipificar algunos delitos, por ejemplo el enriquecimiento ilícito a partir de las actividades de gobierno. Pero también profundizar en los controles vinculados a la posibilidad de lavado de activos, sobre lo que también parecería que se aflojó.
Seguramente estas medidas, aunque ahora puedan parecer exageradas en poco tiempo serán insuficientes y tardías.
Reafirmamos lo que decíamos en una columna hace unas semanas, seguramente sea necesario financiar la Democracia si queremos consolidarla y no terminar en un narco-estado.
La Democracia requiere de todos los ciudadanos comprometidos.
Nota publicada originalmente en El Pueblo de Salto.
