Una advertencia al lector. Sobre el funcionamiento de la Junta Departamental (JD) la información no deja de fluir; es difícil tapar el sol con las manos. Detenerse en el manejo clientelar que allí se hace no tendría demasiado sentido si el mismo no se asocia con una histórica forma de manejar “la cosa pública” que tiene el Partido Nacional. Este análisis se podría trasladar a otras Intendencias, pródigas en estos menesteres y, ni que hablar, al gobierno nacional. También se podría, desplazando asunto a la esfera nacional, exponer el caso del avezado doctor Carlos Mata, director de Asuntos Limítrofes de Cancillería quien asesoraría, en simultaneidad al cargo en cuestión, a CARU y Salto Grande (que el gobierno sigue ignorando la abrumadora decisión de la Cámara de Diputados durante la interpelación a la ministra Arbeleche y al entonces canciller Bustillo) quitándose horas de descanso en favor de la pública felicidad. Estaría cobrando tres salarios y durmiendo poco con tal de cumplir.
El círculo vicioso
Definitivamente. El funcionamiento, político y administrativo, de la JD escapa a toda racionalidad, siendo un espacio de trabajo público donde la reglamentación y las normativas son papel escrito.
La mayoría nacionalista, de una organización autopercibida como defensora de las leyes, hace de la irregularidad una virtud. Todo esto condimentado por ser una
Institución, pese a contar con la representación de la ciudadanía departamental, bastante desprestigiada. El funcionamiento político, lo más visible, no deja ver la cuestión administrativa que discurre por debajo de la vocinglería.
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