Esperando migas
Escribe Darío Rodríguez

Los partidos políticos, desde las campañas electorales y luego que asumen el gobierno, hablan que atenderán el interés general. Detrás de esta fraseología se esconde el hecho que los partidos representan intereses concretos, clases sociales, sectores de poder. Eso es lo que pasa con el actual gobierno encabezado por el herrerismo que parece trabajar con denuedo para los grandes medios de comunicación.

Desde principios de la actual legislatura, con antecedentes en la anterior, el gobierno tenía trancada la ley de Financiación de la Democracia (financiación de los partidos políticos); la cerrada defensa del herrerismo de los propietarios de los grandes medios y el consiguiente blindaje lo ubicaban en una zona de confort. Los escándalos en Torre Ejecutiva y los posteriores acuerdos de la oposición con sectores de la Coalición, sacaron al herrerismo de su embriaguez mediática. La mencionada iniciativa legislativa hace foco en la forma en que se financia la política y el creciente poder de corromper que tiene el narcotráfico y otros delitos. De todas formas, nos interesa examinar el asunto de los medios.

¡No pagan un peso!

En la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) del 2014 estaba incorporada la asignación de publicidad gratuita a los partidos políticos en campañas electorales. Como se sabe, la ley fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y esta les dijo a los grandes conglomerados mediáticos que no era inconstitucional.

A juicio de Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, no se puede aducir que, con la nueva propuesta de financiamiento de los partidos políticos, -que incluye el uso de los medios-, se generaría una “expropiación o confiscación”. Al intentar derogar la ley de SCA, se puso en debate la cesión de minutos a los partidos durante las campañas. El especialista señaló a Soy de Esta tierra (Horizonte FM. 106.3) que hay distintos modelos de publicidad gratuita para los partidos. Hay algunos que establecen mecanismos de compensación. “En Uruguay teniendo aval de la SCJ y medios que reciben publicidad electoral muy despareja, cuando se habla de compensación tendríamos que pensar a quien queremos proteger. Quiénes serían los canales afectados y cuales no”.

En las elecciones nacionales, los canales del interior no reciben nada; son otros los que muerden. Hay mucha opacidad sobre el manejo de la publicidad oficial y sus notorios beneficiarios.

Históricamente, los canales de Montevideo, 4, 10 y 12 se quedan con la del león y más. Entonces, la protección es a estos canales. La compensación debería ser de los canales que nunca pagaron nada por el usufructúo de las ondas propiedad de la humanidad. El pedido de publicidad gratuita, es por unos días, durante ciertos minutos.

Aunque se debate por estas horas y puede haber cambios, la norma en discusión prevé que las tandas, de cada hora en los medios audiovisuales, pasen de 15 a 20 minutos y que 10 de ellos sean utilizados, gratuitamente, en los periodos de cada campaña por los partidos políticos. El herrerismo, haciendo una especie de vocería de ANDEBU, dice que la propuesta es “confiscatoria” pues los canales tendrán menos minutos para vender publicidad. En lo que es una barbaridad, la gremial patronal había dicho a sensibles legisladores, que si no se atendía “su pérdida” de ingresos estarían sometido a “trabajo forzado”, despidos y otras calamidades. Pero no exhiben los números de sus empresas. La sensibilidad generará que rentas generales compense las “pérdidas” de los medios. En este precipitado debate, el PN incluye la compensación para darle legitimidad política al favor y neutralizar a la oposición que, por la vía de los hechos, asume propuesta empresarial.

Por otra parte, aunque admiten que se publiquen los precios que paga cada partido o sector, el Partido Nacional (PN) fomenta que pueda haber pagos diferenciales; ya que ello es cuestión de negociación entre privados. Aquí es cuestión de privados, ahora las eventuales “pérdidas”, sin preguntas inoportunas, debe absorberla la sociedad.

La extendida familiaridad de los propietarios de los medios, -apropiada una porción del espectro radioeléctrico-, explica la defensa de los precios diferenciales. El diputado por Rocha, Gabriel Tinaglini, recordó a Soy de esta Tierra que en las elecciones pasadas mientras el FA pagó “639 pesos el segundo, el PN 259”.

En su exacerbada militancia por los propietarios de los grandes medios, el gobierno los exoneró del pago del canon (3 millones de pesos, incumpliendo la ley) por el usufructuo de las ondas que son de la comunidad que, en forma gratuita, se las asignaron en los albores de la TV y desde entonces fueron construyendo monopolio y poder político.

Tinaglini, integrante de la comisión de industria y energía, manifiesta que, al no haber podido, hasta ahora, derogar la LCA, el gobierno “subsidia” con dineros públicos a los canales pioneros.  Le pone cifras a esa correligionaria “generosidad”.  “Nada es gratis”, dijo. Entiende que el blindaje mediático que tiene el gobierno encuentra la contracara en la distribución de cuantiosos recursos públicos a estas empresas privadas.  Las transferencias, por decreto, “andan entre los 16 y los 20 millones de dólares”. Duchos en el lobby, las familias televisivas, que e mueven a las sombras, son los grandes beneficiarios.

Fino delivery

Por ello, denodadamente y sin rubor, han querido derogar la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual (LSCA) asumiendo los planteos de los propietarios mediáticos. Optaron primero por la derogación, después por no cumplirla. El incumplimiento del gobierno estriba en que tampoco el FA la hizo cumplir; fue muy condescendiente. Así el FA defiende, hoy, una ley que no aplicó.

Allá por abril del 2020 entró al Parlamento una nueva ley de medios y al recibir delegaciones oficiales (Antel, INAU) la comisión de industria verificó que no tenían ni idea del asunto. Cabildo Abierto (CA) viendo las debilidades de la propuesta comenzó a usar su eventual apoyo como una moneda de cambio; la trancó. A tal punto que en dos oportunidades estuvo a punto de ser archivada.  Tras la toma y daca de la última rendición de cuentas con CA, se pasó en las últimas semanas, a su aprobación en comisión.

Ahora, el PN logró que se aprobara en Comisión una ley de medios. Pero no la tendrán fácil en la discusión parlamentaria. El precandidato Álvaro Delgado, un poco en defensa propia, fue el encargado de negociar la posible nueva ley de medios con las familias dueñas de los canales 4, 10 y 12.  A juicio del diputado opositor, “el herrerismo juega fuerte y es el que comanda las acciones” aunque en la embestida baguala se lleven puesto a sus propios correligionarios y socios de la coalición. De todas maneras, esas internas lucen complejas.

El hoy ministro de Relaciones Exteriores, ayer de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, fue el principal vocero de la derogación de la LCA. Trabajó a destajo. Lo que aprobó la comisión de Diputados mantiene parte de la ley vigente modificando lo relativo a la propiedad y a la participación ciudadana.

En su lógica de beneficiar a las familias televisivas concentradas, ya con la ley de rendición de cuentas 2022 se habilitó, rompiendo monopolio de ANTEL que los cableoperadores puedan vender datos móviles; un apetecible negocio que mueve 400 millones de dólares al año. Quienes ya cuentan con tal autorización son Montecable, TCC y Nuevo Siglo, empresas vinculadas a los canales privados de Montevideo.

Volviendo al pasado, la comisión acordó ampliar la capacidad de concentrar medios. En zona metropolitana se puede acceder a cuatro licencias (incluidas radios AM, FM y TV abierta). En el interior se lleva a seis. En relación con TV para abonados se extiende la posibilidad de acceso hasta ocho licencias.

La ley aún vigente topeaba en tres para radio y TV y seis para las de abonados. (Tres si una de las licencias se obtenía en la capital del país).

La propuesta, sin que se les mueva un pelo a legisladores del gobierno, impulsa la concentración y soluciona las ilegalidades que hoy presentan radio Sarandí, Magnolia o el grupo Romay (Canal 4). De paso se le da una mano al grupo argentino Clarín que tiene, mediante subsidiarias, ocho licencias de TV Cable en el país. ¡Justo se habilita un tope de…ocho!

CA que suele tener cierta fobia con la penetración externa habilitó que extranjeros, comprando acciones, lleguen a los medios. Un cambio significativo. Las familias, “ya no hablan de libertad de expresión o ley mordaza” recuerda Gómez. Con la iniciativa el gobierno protege los intereses de los propietarios de los grandes medios.

El proyecto de ley en discusión, -a medida de los propietarios de los medios concentrados- recibe fuertes cuestionamientos de la oposición, -otrora en el gobierno y con una tibia política hacia ellos-, de la academia, especialistas y del PIT-CNT.

De alguna manera el cabildante Sebastián Cal, tal vez en disonancia con su partido, da la razón a Gómez al sostener que el proyecto plantea “una foto bastante parecida a la situación de las titularidades que hay hoy”. Para Tinaglini es difícil que la iniciativa prospere, aunque su compañero de bancada, Mariano Tucci, muy involucrado, en la discusión sobre la financiación de los partidos políticos habla que la ley de SCA “será derogada en las próximas horas”.  Ni calvo, ni con dos pelucas.

El gobierno encabezado por el herrerismo apuesta a los malla oro de la comunicación en contra de otros medios comerciales que no reciben ni las migajas del banquete. Gustavo Gómez reitera que los únicos que se benefician de la publicad oficial son los medios de Montevideo. A los del interior solo “pasan a saludarlos”, más allá de simpatías políticas.

El gobierno había establecido que el 20% de la publicidad oficial se difundiera por los medios del interior que, sentados, esperan la pauta. Gustavo Gómez, agrega un ingrediente más.  Cuando se armó un fondo para la producción nacional por 80 millones de pesos, los únicos agraciados con dicho monto fueron los canales privados capitalinos. “No llegó un peso a los canales del interior”. Es tal el favoritismo que cambiaron las reglas de acceso al fondo para que enlatados internacionales, calzaran. otro escándalo y una nueva prueba que es un gobierno de espalda al interior.

En Uruguay se confirman varias cosas. Hay gente más igual que otra. Los dueños de los medios concentrados, -no el de una radio en un pueblito olvidado-, son parte de poder real (nadie los elije), nadie se mete con ellos y el actual gobierno es funcional a sus intereses que, en contrapartida, brinda un vigoroso blindaje.

Aparte de las inevitables y puntuales coberturas televisivas de las irregularidades y sospechas de corrupción en el gobierno, ¿alguien vio investigaciones televisivas presentadas en sucesivas entregas sobre episodios que salpican credibilidad del gobierno? Al blindar al gobierno, la TV muestra ocultando.

Hay mucha opacidad sobre el manejo de la publicidad oficial y sus notorios beneficiarios.
 La compensación debería ser de los canales que nunca pagaron nada por el usufructúo de las ondas propiedad de la humanidad.
 Se había establecido que el 20% de la publicidad oficial se difundiera por los medios del interior que, sentados, esperan la pauta.
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