Sebastián Martínez, activista a favor de la vida de los animales, valoró que la Junta Departamental de Paysandú haya resuelto encomendar el estudio de la propuesta de prohibición de la práctica de sangría de yeguas en territorio sanducero a la Comisión de Higiene y Medio Ambiente pero reclamó que, efectivamente, se genere un ámbito de consulta e intercambio “sobre un tema que es muy importante” y que la derivación a ese grupo de trabajo no sea utilizado “como una salida elegante para cajonear el tema”.
En el inicio del período legislativo, la edil Verónica Villarreal presentó una moción proponiendo la aprobación de un decreto que establezca la prohibición de la citada actividad en el departamento de Paysandú, en la misma línea de una iniciativa que formalizó a finales del año pasado y que, al momento, no fue considerada.
“Hay que tener bien claro que la sangría es una práctica nefasta que sólo está habilitada en Uruguay y Argentina”, recordó el rescatista sobre la extracción a yeguas preñadas de una hormona llamada gonadotrofina coriónica equina que se utilizada en países europeos para potenciar la capacidad reproductiva del ganado. A partir de esta actividad se ha constituido un negocio millonario que se sustenta en la vida de las yeguas a las que se les extrae desde la vena yugular, entre el día 40 y 120 de preñez, unos 10 litros de sangre por semana durante esos 3 meses. Luego se les provoca el aborto y se procura que repitan la preñez, comúnmente se concretan dos ciclos de extracción al año lo que provoca que la mayoría no sobreviva mucho tiempo.
“Ahora hay que ver cuándo van a tratar el tema en la comisión”, sentenció Martínez en el espacio Somos Animales que se emite todos los miércoles en La Tribu. Profundizó que, según su percepción, “el Partido Nacional no quiere tratar el tema” y que esa negativa se explicaría en la intención de no afectar “algunos intereses económicos de personas que podrían estar cerca de esa colectividad”. El militante contrastó esa posición con la que mostró el mismo partido político en Canelones, cuya Junta Departamental aprobó por unanimidad, a iniciativa de la Intendencia, la prohibición de la práctica.
“Lo más preocupante de todo es que, por lo que pudimos averiguar, el Estado ha recibido cinco solicitudes para instalar granjas de sangre, que se sumarían a las tres que están operativas ahora. Y no está lejos, perfectamente alguna podría instalarse en Paysandú. Por eso nosotros pedimos que la Junta se expida con celeridad porque sería nefasto que tengamos algo de esto en nuestro departamento”, concluyó.
