En la sesión de la Junta Departamental del jueves 11 de abril de 2024, en el marco de la Media Hora Previa, el edil Emiliano Guerrero expuso la preocupación de las cooperativas que integran el complejo de la exPaylana en tanto no se conoce qué destino dio la Intendencia de Paysandú (IDP) a los aportes que hicieron las organizaciones a cambio de los terrenos, al momento unas 20.000 Unidades Reajustable. La comuna “incumple” con un decreto que la obliga a la realizar obras de mejoras en el espacio recuperado. Poco antes de la reunión del legislativo, los cooperativistas se movilizaron para exteriorizar su reclamo con una concentración en la esquina de Zorrilla de San Martín y Sarandí, frente a la sede de la Junta, donde coincidieron con los vecinos del Barrio IC 10 que también reivindican obras para su lugar al tiempo que denuncian compromisos incumplidos.
Guerrero reivindicó la concreción del “ambicioso” “proyecto de transformación urbana del predio de la exPaylana” valorándolo como “integral e integrador” y en buen ejemplo del “uso diverso del suelo; por tal motivo se destinó a salud, educación, y principalmente a vivienda”. Recordó que la iniciativa surgió del gobierno frenteamplista de Guillermo Caraballo y que consiguió el respaldo de la Junta Departamental que en julio de 2018, y “por amplia mayoría”, aprobó “el proyecto urbano en detalle”.
El edil denunció que la comuna “incumple con el decreto 7760 que da marco a éste proyecto urbano”. El artículo 41 de ese texto dispone “la creación de una Comisión de Dirección y Seguimiento de la implementación del proyecto; un ámbito de necesario intercambio entre los actores del proyecto y la IDP, pero que lamentablemente hoy no existe”. Al momento ya hay dos cooperativas habitadas, tres en obra y otras tres que esperan acceder al préstamo para iniciar la obra. Los colectivos conformaron una mesa coordinadora “que en mayo del año pasado fue recibida por el intendente pero el balance que hacen de ese intercambio no es nada alentador, sobre todo por las señales de desconocimiento del decreto y la falta de respuestas”.
El legislador departamental por el Frente Amplio también refirió a un pedido de informes que realizó oportunamente indagando sobre “- Si habían elaborado un plan de trabajo para desarrollar en el predio; – Si existía un cronograma de obras a ejecutar; – Si habían realizado los proyectos técnicos ejecutivos referidos a calles, alumbrado, tránsito, etc. Solicitamos además que se nos remitiera información detallada sobre el Fondo de Gestión Territorial que establece el propio Decreto y que se conforma, por ejemplo, con los ingresos por ventas de terrenos”. Varios meses después la solicitud sigue sin respuesta.
Guerrero dijo que preocupa a las cooperativas el desconocimiento del destino que el gobierno de Olivera dio a los aportes que concretaron por sus terrenos en la medida que existe un compromiso que determina que la comuna debe reinvertir esos recursos en “infraestructura” y “servicios” para la nueva urbanización.
“Recordemos que cuando las cinco cooperativas que ya escrituraron, que firmaron el préstamo, abonaron a la Intendencia aproximadamente 4.000 Unidades Reajustables cada una. Estamos hablando de 20.000 Unidades Reajustables”. No resultaría correcto calcular cuál es el total del momento percibido utilizando valores actuales de la Unidad Reajustable en tanto esos pagos si formalizaron hace ya algunos años pero, es evidente que se trata de una cifra considerable, de unos cuantos millones de pesos. Entre las intervenciones que están en el debe se señalan sendas peatonales, equipamiento urbano, estacionamientos y alumbrado, entre otras mejoras.
El edil también dejó constancia de “la enorme preocupación que existe por la demora para concretar la instalación en el predio de la Policlínica Mateo Pérez Correa, que contempla el propio proyecto y para lo cual hay acuerdos pero el avance es nulo”
Finalmente transmitió la voluntad de las cooperativas de “defender este proyecto que les pertenece y que les garantiza un indiscutible acceso democrático a la ciudad” y pidió al intendente que demuestre “altura política” para dar continuidad a “una política de Estado Departamental”.
