Escribe Darío Rodríguez
Las intensas lluvias, acá y en Brasil, -superiores a la media-, han ocasionado más de mil evacuados en la ciudad de Paysandú. Estos episodios, cada vez más frecuentes, son señal inequívoca del cambio climático. Más allá de montar estructuras institucionales, crear cargos, realizar diagnósticos, consultorías y seminarios, urge confeccionar un plan de acción de mediano y largo plazo que implica un presupuesto vigoroso.
En su momento, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se había creado una secretaría para el cambio climático. A todas luces, el rol de los gobiernos departamentales es decisivo.
Conviene recordar que las Intendencias son las policías del territorio, por ello los planes de ordenamiento territorial son claves.
En Paysandú, con insuficiencias, algo se ha concretado: realojos en el periodo pasado, resignificación de zonas inundable (Parque La Chapita), Paseo Costero y creación de la Inspectoría Territorial. Aunque se paralizaron las obras de acceso al puerto en estricta concordancia con la parálisis de la actividad portuaria.
Además de contar con un Plan Local de Ordenamiento Territorial de la ciudad y su microrregión, la Intendencia cuenta con un mapa de riesgo por inundabilidad. Es obvio que, con tal valiosa información, la Intendencia, de consuno con el gobierno nacional, debió estructurar un plan consistente de realojos desde zonas inundables y resignificar los espacios inundables.
Con el cambio climático instalado y, con abundante literatura sobre el mismo, desde la sociedad y sus distintas organizaciones se debería exigir planes concretos. Hay que dejar de lado estar todos los años contando evacuados, cuantificando pérdidas, haciendo crónicas periodísticas y apelando a la solidaridad para cubrir necesidades que el Estado rehúye abordar.
Sin quitarle responsabilidad al gobierno nacional, -que sobre la adaptabilidad de la estructura productiva y de las ciudades a los cambios climáticos, ha realizado poca cosa y no parece preocuparle demasiado-, hay que poner manos a las obras.
El gobierno departamental encabezado por Nicolás Javier Olivera, aspirante a la reelección, tuvo enormes posibilidades de acometer una tarea que requiere inicio, continuidad y recursos. Su gestión comenzó con una administración saneada y un fideicomiso con hasta 25 millones de dólares.
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