A través de cinco respuestas cuyo contenido no supera una media página, y que en algún caso no consta más que de una palabra, y “fuera de fecha”, la Intendencia de Paysandú respondió al acceso a la información pública que presentó la edil Natalia Martínez para conocer sobre algunos aspectos referidos a la obra de remodelación del estadio cerrado. El documento no contempla todas las interrogantes de la legisladora departamental en tanto, por ejemplo, no indica cuantas personas trabajaron “en una obra que todavía sigue, que inauguraron sin que estuviera terminada” pero, permite conocer que los trabajos demandaron una inversión de 244.109.407 pesos, algo así como un poco más de 6.100.000 dólares.
En general, las obras que se ejecutaron y ejecutan en este quinquenio corresponden a la lista de intervenciones financiables por el Fideicomiso Financiero Paysandú II, promovido desde la Intendencia por Mario Díaz y autorizado por la Junta Departamental con los votos del Frente Amplio y de algunos sectores del Partido Nacional. La refacción del “8 de Junio” integra esa nómina pero en aquel momento (agosto de 2020) se le designó un monto de 285,718 dólares para “Demolición de gradas. Nuevo palco de suplentes. Montaje de cancha reglamentaria con piso flotante. Reforma para vestuarios. Accesibilidad”. En setiembre del año pasado el director de Deportes, Guillermo Arias, dijo a la diaria que la inversión sería de 4 millones de dólares. Finalmente, la obra implicó, en dólares, más de 20 veces más de lo que se había previsto hace 4 años y más de un 50% de las estimaciones que hizo el gobierno de Olivera cuando anunció la tarea. El acuerdo político que habilitó la contratación del fideicomiso por unos 25 millones de dólares habilita a que el intendente reasigne recursos entre las obras siempre que no se exceda del monto total del préstamo e informando a la Junta Departamental sobre las variantes, extremo que en este caso no habría sucedido.
Según la respuesta que recibió Martínez en informe que lleva la firma del director general de Administración, contador Martín Thomasset, “Los distintos procesos competitivos llevados adelante para la adjudicación de la obra y equipamiento de Estadio 8 de Junio asciende a $ 244.109.497” que se desglosan de la siguiente manera: “Llamado público/SAU: $ 2.468.150, Construcción: 208.381.157. Equipamiento: $ 32.856.3000, Supervisión: $ 402.800”, confirmándose que toda la inversión fue imputada al fideicomiso.
Martínez, que señaló que debió apelar al mecanismo que establece la Ley 18.381, sobre el derecho de acceso a la información pública, “ya que no nos responden los pedidos de informes comunes, que hacemos a través de la Junta Departamental”, adelantó que recurrirá a la Justicia para conseguir la información negada en esta oportunidad.
Desde el punto de vista político, la edil opinó que el monto “parece sumamente desproporcionado” si se considera que “es una obra que ya estaba hecha. Es un gasto sumamente excesivo para algo que debió ser una reforma”. Dijo que el dinero que se ha puesto en la intervención no condice con la situación de precariedad que muestra el departamento y lamentó que no exista voluntad política para destinar el millón de dólares que se reservó en esa fuente de financiación así como que no se le informara sobre cuántas personas han trabajado.
Según algunas fuentes consultadas por 20once, en “el momento pico de la obra” habrían trabajado, en total, “entre 60 y 70 personas”, algunas de las cuales son de otros departamentos y/o que integran las planillas permanentes de las empresas; esto es, que la remodelación tampoco se habría constituido en un elemento de generación de oportunidades de trabajo, “como pasa con la Plaza Constitución o el hogar universitario”, agregan los informantes.
