Escribe Julián Blejmar
Pasado un año de la presidencia de Javier Milei, es posible afirmar que uno de sus grandes logros fue transmitir que su gobierno está recomponiendo la maltrecha economía argentina. Sin embargo, tan solo un logro económico y social pudo exhibir el gobierno en esta materia, como lo es el descenso de la inflación, y otros reservados por el momento a la elite financiera, como lo son haber obtenido la baja del riesgo país, un incremento de hasta el 200% en el valor de los bonos argentinos, y un supuesto equilibrio fiscal.
En efecto, haber contenido una inflación que el año anterior había alcanzado el 211%, producto en parte de la devaluación del peso que el propio Milei aplicó al día siguiente de su asunción del 10 de diciembre de 2023, es un logro concreto que observan tanto en la Argentina como el mundo, aunque la receta para obtenerlo fue conocida, pues se basó en un clásico plan de ajuste que sumergió a la economía en una profunda recesión, cuyo costo fue el cierre de 12.214 empresas y la pérdida de 205.009 puestos de trabajo registrados de acuerdo a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) relevados por el Centro de Economía Política (CEPA) entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Aún más, si se tienen también en cuenta a los trabajadores informales, es decir sin cobertura legal, que en Argentina llegan al 50 por ciento del total, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) calcula en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) que el total de los nuevos desocupados asciende a entre 704.000 y 891.000 trabajadores.
La destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y miles de empresas, que fue causa y efecto de una caída del 3,8% del Producto Bruto Interno, la mayor caída económica de los últimos 20 años, basta solo para exhibir que el primer año de su gobierno lejos está de haber sido un éxito rotundo.
Sin embargo, estos cuestionables resultados no se limitan al ámbito de la economía real, sino también financiera. Sucede que, así como resulta indiscutida la baja de la inflación y del Riesgo País, es decir la sobretasa que el país abona por endeudarse en el exterior, otros elementos de la gestión financiera siembran profundas dudas sobre la sustentabilidad del proceso. El primero de ellos es el alto endeudamiento. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, la deuda nominada en moneda extranjera descendió de 264.481 millones a 255.385 millones, en un contexto de mercados de créditos internacionales cerrados para la Argentina luego del sobreendeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la deuda expresada en pesos, mayormente indexados a la inflación para que los títulos no pierdan valor, tuvo un aumento récord al pasar de 84 billones de pesos a 216 billones.
El otro punto es el supuesto equilibrio fiscal. Para alcanzar el mismo, además de efectuar un recorte a las transferencias a las provincias (75,1%), a la obra pública (76,5%), a las jubilaciones y pensiones (12,5%) y a los programas sociales de ayuda al sector vulnerable (47,2%) el gobierno creó instrumentos financieros que le permitieron diferir los pagos de intereses de la deuda, lo que representó un ahorro presente pero una incógnita futura. Según el profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex Director Nacional de Programación Macroeconómica Horacio Rovelli, “las Lecap y Boncap son capitalizables, es decir no pagan intereses actuales, sino que capitalizan al final, con lo que simplemente están difiriendo parte de los pagos de intereses de deuda”. Por su parte, el abogado y analista financiero Carlos Maslaton, uno de los impulsores de Milei pero que luego rompió su alianza, señaló que “las cuentas fiscales argentinas están falsificadas porque arbitrariamente presentan la deuda del ejercicio escindida del gasto no financiero”, añadiendo que “el gasto financiero crece a razón de 36 billones de pesos al año, con lo que Caputo y Milei trabajan con récord histórico de déficit”.
El otro elemento es un problema habitual en la Argentina, como lo es la carencia de dólares. Debido a la política económica de retrasar el dólar para ayudar a contener la inflación, el gobierno no pudo capitalizar el extraordinario superávit de la balanza comercial, basado en una recesión que hizo caer las importaciones un 25 por ciento, el fin de la mayor sequía que experimentó el país en los últimos 60 años, y el desarrollo de infraestructura energética llevada adelante por el anterior gobierno, que implicó pasar de un déficit energético de 5.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de la misma cifra el año pasado. Todo ello le permitió ingresar cerca de 20.000 millones de dólares de saldo comercial, pero nada de eso quedó en las arcas públicas debido a la alta demanda del dólar “barato”.
Por cierto, estos últimos análisis financieros son también rebatidos con otros enfoques por los funcionarios oficiales, pero donde no hay dudas es en los datos de la economía real, cuya caída récord y cierre de empresas y despidos tuvieron como mayor consecuencia el incremento de cinco millones de pobres según los últimos datos oficiales del Indec, que añadieron que la pobreza afectó a uno de cada dos argentinos en el primer semestre del actual gobierno, llegando al índice más alto en 20 años.
A menudo y frente a los malos resultados, los gobiernos y sus seguidores suelen explicar que se trata de procesos que demandan tiempo de maduración. En la experiencia argentina, casi todos los modelos terminaron sin conformar al electorado, quienes frente a la frustración, optaron por otro rumbo económico al cabo de unos años. Los partidarios de Milei dicen que está vez será diferente, algo imposible de saber, pero en los resultados concretos de la economía real, el primer de año económico de su gobierno tiene muy poco para festejar.

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