Desde el 96, segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, existe la ley 16.906, “Interés nacional, promoción y protección de la inversión”. Uno de sus artículos tendía a la radicación de actividades en el interior. En los proyectos que se radicaran fueran de Montevideo, “los beneficios a otorgar…(…)… serán superiores en plazo y cuantía a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares localizados en el departamento de Montevideo”. Por entonces, los beneficios especiales podrían alcanzar los 500 millones de pesos; cifra que es actualizada por el Poder Ejecutivo en consonancia con el IPC.
Los beneficiarios son los contribuyentes de la industria y comercio, de rentas del agro y de la enajenación de bienes agropecuarios, “que realicen actividades industriales o agropecuarias”. Se tendrán en cuenta, aquellas inversiones que incorporen tecnología, generen empleo, diversificación productiva con incorporación de valor agregado, fomenten la micro y mediana empresa y la descentralización geográfica.
Además, el Estado se compromete “a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias. El menú indica: “el Estado garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad”.
Estas políticas desplegadas por los sucesivos gobiernos no han merecido mayor análisis y mucho menos información a la ciudadanía de cómo son los procesos para otorgar estas significativas exoneraciones.
Prebendarios
Año a año, sin que sea objeto de debates, más bien reina el silencio, el Estado exonera de diversos impuestos a empresas bajo el argumento de que contribuirían al desarrollo nacional.
Como la información escasea, a diferencia de la asistencia que se brinda y se debate a los sectores más vulnerables de la población, entre enero y octubre del 2023, la renuncia fiscal del país alcanzó 917 millones de dólares. Muchos proyectos aprobados son discutibles (ej pasteras); además hay escasa evaluación y seguimiento de los compromisos que implican las ventajas impositivas.
En 2022 la COMAP sugirió exoneraciones por unos 1.194 millones de dólares. Tras analizar los casos se exoneró, entre IRAE, IVA e IP, una cifra de 603 millones de dólares. Ese año, según información del MEF y hasta el 2022, 8 de cada 10 proyectos alcanzaron pequeñas y medianas empresas.
A cuenta gotas, se ha conocido como empresas utilizan las exoneraciones fiscales y luego incumplen algunos requisitos bajo la actitud benévola del Estado. La lista es extensa, pero todos recuerdan los 251 despidos realizados por Pedidos Ya (Delivery Hero). La empresa tuvo cuantiosas exoneraciones fiscales en el entorno de los 2.3 millones de dólares.
Desde la aprobación la ley se ha venido utilizando a “full” y el gobierno que se retira, profundizó los beneficios. Recuérdese que la ley solicitaba una serie de requisitos. En relación al IRAE, hasta el 2020 la renuncia se ubicaba entre el 20 y el 60 %; las modificaciones que hizo el gobierno de Lacalle Pou las llevó desde el 30 al 90%. La presente modificación alcanzó a la industria tabacalera.
Las sucesivas flexibilizaciones, a favor del inversionista, realizadas por los sucesivos gobiernos, mejoró los retornos empresariales. Por ejemplo, en el 2007, primer gobierno frentista, la COMAP sugirió exonerar unos 485 millones de dólares en 74 proyectos. Ahora en el 2022 las propuestas alcanzaban 1.194 millones de dólares de exenciones en unos 708 proyectos. La constante ha sido la flexibilidad normativa, siempre a favor del inversor, y los débiles controles ejercidos desde el Estado.
Apenas susurros
Tibias voces se manifiestan en a favor de revisar la ley de Promoción que fue, dicen algunos analistas, un derivado de la crisis del 2002. Por ejemplo, el economista Fernando Isabella, cree pertinente su revisión. Para él, el sistema es muy genérico. Según Isabella estudios contables cambiaron sus aires acondicionados y fueron exonerados.
Un estudio evaluatorio sobre los impactos de la promoción, del 2014, efectuado por la economista Paula Carrasco de la Facultad de Ciencias Económicas hablaba de efectos positivos generales, aunque no tanto sobre el empleo. “Los efectos sobre la tasa de inversión se concentraban en los primeros años después de la promoción. Es decir, después del tercer año desde la promoción las empresas tienen un comportamiento similar a las empresas similares no promovidas”. Anota que la mayor debilidad son los controles. Además, hay una enorme descoordinación entre los organismos que opinan sobre las eventuales exoneraciones. Hasta la Auditoría Interna de la Nación al analizar la valoración técnica y seguimiento que hace el MIEM apuntó que “el Ministerio tiene una demora de dos años para dar inicio al proceso de valoración técnica de los proyectos que le envía la COMAP. No existen actividades de supervisión y monitoreo sobre la realización de las evaluaciones y la diligencia de los expedientes en trámite”. Anotó “falta de objetividad en la asignación de beneficios”.
Mientras tibias voces señalan la necesidad de revisar la ley de Promoción, el empresariado, bajo el argumento que es caro producir en Uruguay (aunque no se presentan estudios al respecto) manifiesta que este sistema es “lento y discrecional”, aunque -como no tienen un pelo de tontos- lo consideran “imprescindible”. Del riesgo inherente al capitalismo, ni se habla, aunque de a ratos vociferan por achicar el Estado del cual son prebendarios. La discrecionalidad se podrían ejemplificar en las exoneraciones a Bamidal S.A, frigorífico de Paso de los Toros, por un monto de 20 millones de dólares propiedad de Gustavo Basso; fundador de Conexión Ganadera; ya fallecido. La crónica señala que Basso “se había presentado al MEF, a cargo de Azucena Arbeleche, con un proyecto de inversión que comprendía compra de maquinaria, vehículos y equipamiento, y la construcción de obras civiles”. Cuando recibió la exoneración, la estafa se estaba consumando.
El futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, habló de revisar la ley. Entrevistado en En perspectiva, habló de un conjunto de reformas, revaluar régimen de promociones y observar que vayan a un destino correcto “para que el clima de inversiones y el clima de negocios esté tonificado”.
Todo parece indicar que la revisión pasaría no será tan exhaustiva. En las apreciaciones del futuro ministro nada se comenta sobre descentralización de la inversión, por ejemplo, en el deprimido norte del país, donde el desempleo, la informalidad y todos los problemas derivados de estas carencias son alarmantes. Esto contrasta con el desarrollo universitario que tiene, exceptuando el centro del país, un alcance nacional y facilitarían el aporte de mano de obra calificada.
Hay un fenómeno inherente al sistema. Mientras poco se sabe, a nivel del hombre común, de todos los vericuetos y mecanismos de aprobación, muchos de ellos, están lejos de reunir las condiciones exigidas se escruta con frenesí las transferencias que el Estado hace a los sectores vulnerables y hasta radiografían sus vidas. La normalización de la situación y la reafirmación que hacen los medios determina que un pobre cuestione el apoyo a un par suyo mientras delante de sus narices el Estado renuncia a millones de dólares y las ganancias vuelan a las casas matrices. Infinidad de veces los “malla” no ponen un peso, utilizando la asistencia del Estado para afincarse, luego al incumplir, disponen de buffettes de profesionales que contribuyen a zafar de ulterioridades. En cambio, a un pobre con una prestación miserable, basta una visita de un asistente social para que pierda un misero apoyo. Así es el sistema.
Escribe Darío Rodríguez
