El diputado del Partido Nacional Fermín Farinha criticó duramente la falta de fundamentos técnicos y administrativos que justifiquen el cierre del principal repositorio cultural del país.
El cierre repentino de la Biblioteca Nacional continúa generando repercusiones políticas, institucionales y sociales. En el Parlamento, el legislador Farinha, se mostró visiblemente molesto tras la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. A su juicio, la decisión de clausurar el acceso al público careció de planificación y respaldo técnico.
“La respuesta del ministro quedó con gusto a poco”, expresó Farinha en diálogo con la prensa. Para el legislador, las explicaciones ofrecidas por el jerarca y por las autoridades de la Biblioteca no lograron sostener la narrativa oficial que justificó el cierre del edificio. “El ministro aseguró que no hubo improvisación, pero cuando se pidió el soporte documental, como resoluciones, expedientes o informes técnicos que dieran base a la medida, no se aportó absolutamente nada”, lamentó.
El episodio ha despertado fuerte preocupación en el sistema político, pero también en el mundo académico, investigativo y cultural. La Biblioteca Nacional, fundada en 1815 y con más de dos siglos de historia, es una institución clave para la conservación del patrimonio documental del Uruguay. La repentina medida de cerrarla al público el pasado 26 de mayo -coincidentemente el día de su 209º aniversario- generó malestar y sospechas.
Falta de transparencia y contradicciones
Según relató Farinha, durante la sesión de comisión se puso sobre la mesa una gran contradicción: en marzo, la directora de la Biblioteca recorría sus instalaciones e invitaba al público a participar en actividades, mientras que dos meses después se cerraban las puertas por supuestos riesgos edilicios. “No es lógico pensar que en marzo se promocionaba la asistencia a la Biblioteca y en mayo se decide el cierre total”, sostuvo.
A esto se sumó una afirmación del propio ministro, quien habló de una afectación del 5% del edificio. “Entonces, ¿por qué cerrar el 100% del acceso al público?”, se preguntó Farinha. Y agregó: “En las visitas realizadas por otros legisladores tampoco se constató el nivel de riesgo que se comunicó oficialmente”.
El diputado reclamó que se haga llegar a la Comisión toda la documentación técnica que respalde la decisión: peritajes, diagnósticos, informes estructurales. “No puede tomarse una decisión de este calibre sin un sustento técnico claro. Hay un daño institucional real que afecta la credibilidad del Ministerio y de la propia Biblioteca”, subrayó.
¿Quién tomó la decisión?
Uno de los puntos más polémicos del caso es que, según lo declarado, no existe un acto administrativo formal que respalde la decisión de cierre. Farinha indicó que la propia directora de la Biblioteca asumió haber tomado la determinación por su cuenta, basándose en una visión a futuro de transformar el espacio en una “biblioteca del siglo XXI”.
“No hay resolución, ni expediente, ni acto administrativo. Esa decisión, adoptada unilateralmente, no tiene respaldo jurídico ni técnico”, denunció el legislador. También cuestionó que en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación y Cultura no se mencionó crisis alguna, ni edilicia ni funcional, lo que suma otro punto de inconsistencia a la versión oficial.
¿Qué se sabe del futuro?
Consultado sobre los planes de reapertura y posibles obras de reacondicionamiento, Farinha fue tajante: “No apareció ningún plan de obra concreto. Sólo ideas sueltas, la intención de firmar convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otras reflexiones a largo plazo. Pero nada que justifique lo que se está haciendo ahora”.
El Ministerio anunció que durante el último trimestre del año comenzaría una reapertura parcial con agenda para visitas escolares. Farinha considera esta propuesta insuficiente y desconectada de los hechos recientes: “No es serio. En marzo la Biblioteca estaba plenamente activa, y ahora nos dicen que por riesgos edilicios no se puede ingresar. ¿Dónde están los informes que lo justifican?”, insistió.
Sin interpelación, pero con vigilancia
El diputado descartó, por el momento, promover una interpelación al ministro Maía. Sin embargo, aclaró que el tema continuará en agenda: “Vamos a esperar que nos llegue la documentación solicitada. Necesitamos conocer de primera mano el diagnóstico técnico que dio origen a esta medida”.
Para Farinha, lo sucedido es una muestra más de la falta de planificación del gobierno: “Si el ministro hablaba de un diálogo sin hipocresía ni improvisación, esta no es la forma. No se ha aportado ni documentación ni elementos formales que den razonabilidad a una decisión que afecta a una institución emblema del país”.
El caso sigue abierto y promete nuevos capítulos. Mientras tanto, la Biblioteca Nacional, ese espacio que resguarda la memoria y el conocimiento de generaciones, permanece con sus puertas cerradas. Para muchos, sin una explicación convincente.
