El diputado Walter Verri impulsa un proyecto de ley que busca consagrar la educación financiera como política pública estructural, incorporándola obligatoriamente en la educación formal y extendiéndola a la ciudadanía adulta. El objetivo: preparar a las personas para tomar decisiones responsables sobre créditos e instrumentos financieros.
En un contexto de creciente acceso al crédito y expansión de servicios financieros fuera del circuito bancario tradicional, el diputado sanducero Walter Verri presentó un proyecto de ley que apunta a subsanar una de las principales carencias del sistema: la falta de educación financiera sistemática. La iniciativa busca incorporar contenidos sobre créditos al consumo, instrumentos financieros y derechos del consumidor en todos los niveles del sistema educativo nacional, desde primaria hasta la formación terciaria.
“La asimetría informativa entre quien ofrece y quien demanda productos financieros genera situaciones de vulnerabilidad que pueden evitarse si dotamos a las personas de herramientas para comprender lo que contratan”, sostiene la exposición de motivos del proyecto, que también propone una política activa de formación ciudadana para adultos, con foco en el endeudamiento responsable y el uso consciente del crédito.
El articulado establece la obligatoriedad de contenidos como tasas de interés, costos asociados, riesgos de sobreendeudamiento y análisis de productos financieros como fideicomisos, letras de tesorería y obligaciones negociables. A su vez, obliga a que estos temas formen parte de los planes curriculares de educación primaria, media y terciaria. En primaria se abordarían conceptos básicos como ahorro y consumo responsable, mientras que en educación media y terciaria se profundizaría en análisis de productos financieros, regulación del sistema y mercados de valores.
El proyecto también crea un Programa Nacional de Educación Financiera para adultos, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, destinado a quienes no están insertos en el sistema educativo formal. La implementación prevé una articulación entre organismos públicos como el BCU, MIDES, BPS, cooperativas, universidades y actores de la sociedad civil.
La accesibilidad a estos contenidos será clave: se garantizará la disponibilidad en formato físico y digital, con énfasis en la distribución en localidades del interior del país. Además, se prevé la creación de un sistema nacional de evaluación para medir el impacto de las políticas de alfabetización financiera, con informes anuales ante la Asamblea General.
Con esta propuesta, Uruguay se alinea a una tendencia regional que reconoce a la educación financiera como una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía en el siglo XXI.
