A siete años del cierre de la láctea Pili S.A., los ex trabajadores de la histórica empresa sanducera siguen reclamando una solución que, aseguran, “depende exclusivamente de la voluntad política”. Así lo afirmó Marcel Petrib, uno de los referentes del colectivo, en un descargo público donde expresó la frustración acumulada desde 2018.
Petrib recordó que el cierre de la planta dejó a más de un centenar de familias sin ingresos y sin amparo en la Ley de Insolvencia Patronal, aprobada apenas dos meses después de la clausura de la empresa. “Nos dejaron afuera por una cuestión de plazos. Estamos cada vez más convencidos de que el sistema político excluye a los más vulnerados y favorece a los más poderosos”, sostuvo.
El reclamo, que incluye salarios impagos y despidos adeudados, continúa estancado mientras —según dicen— los tiempos del Estado avanzan muy lejos de las necesidades de la gente. “Parece mentira que se deje pasar tanto tiempo para una resolución. Los tiempos del sistema van distintos a los de la mayoría de la población”, expresó el vocero.
La venta frustrada y el enojo por el destino de los activos
Petrib también cuestionó el proceso que rodeó a la fallida intención de vender la planta como unidad productiva. “Años esperando una promesa que nunca se cumplió. Nos dijeron que no era viable”, señaló. Sin embargo, apuntó que parte de la maquinaria terminó siendo vendida por el BROU a 1 millón de dólares, “cuando no vale menos de 25 millones”.
“Parece un chiste. En un departamento con tan poca oportunidad laboral, donde somos viejos para trabajar y jóvenes para jubilarnos, ver cómo se malbarataron los bienes es un golpe más”, expresó.
Críticas a los gobiernos y el pedido final: justicia
Petrib recordó que los trabajadores mantuvieron gestiones tanto con el gobierno anterior como con el actual, pero afirma que ambas administraciones respondieron con promesas incumplidas. “Le bajaron la cortina a una empresa con más de 50 años y obligada a reconvertirse. Y hoy vemos cómo se despilfarran millones en compras sin garantías, mientras a nosotros nos deben lo básico: nuestro salario”.
El colectivo de 110 ex empleados insiste en que el dinero reclamado ya está en el BPS y no implica modificar presupuestos estatales. “No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo lo que nos corresponde por ley”.
Petrib cerró su mensaje con una apelación directa:
“Apostamos a la sensibilidad y a la voluntad política. Si se quiere, se puede. Es el momento de reparar el error”.
