El intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, defendió el actual sistema de patentes y multas de tránsito, descartó cualquier intento de modificar el modelo vigente y cuestionó los llamados políticos a no pagar sanciones, al advertir que ese tipo de mensajes “no se miden en plata, se miden en vidas”.

Olivera aseguró en diálogo con la radio Sarandí que ningún intendente ha planteado, ni siquiera de manera exploratoria, la posibilidad de cambiar el sistema. “Desde el período pasado, cuando también me tocó estar, nunca estuvo arriba de la mesa pensar en modificar el modelo”, afirmó. En ese sentido, recordó que el esquema actual permitió dejar atrás la llamada “guerra de las patentes”, una etapa en la que existían fuertes desigualdades entre departamentos, con intendencias que cobraban sensiblemente menos. “Nadie quiere volver a eso”, subrayó.

Uno de los principales cuestionamientos ciudadanos apunta a la tasación de los vehículos, especialmente cuando el valor tomado para el cálculo de la patente resulta superior al precio de mercado percibido por los propietarios. Sobre este punto, Olivera aclaró que las intendencias no fijan esos valores de forma discrecional. Explicó que la información surge de Autodata, una empresa especializada que releva el mercado automotor y que también provee datos a aseguradoras, al Banco de Seguros del Estado y a distintas instituciones vinculadas al sector.

Según detalló, el sistema aplica un criterio general de depreciación anual del 5%, además de considerar la variación interanual del dólar, que se toma como referencia en el mes de octubre. En algunos años, esa combinación ha derivado incluso en una baja del monto de la patente. “El año pasado, por ejemplo, bajó”, recordó. Olivera insistió en que existe un proceso estandarizado previsto en la norma y que no hay decisiones arbitrarias: “Nadie crea que nos juntamos a fijar el valor de la patente”.

Consultado sobre las críticas políticas y los planteos realizados desde el Parlamento, el jerarca reconoció que todas las discusiones son legítimas, incluso las vinculadas a la alícuota aplicada, pero advirtió sobre los riesgos de deslegitimar el sistema. En particular, fue muy crítico con los llamados a no pagar multas, como los expresados recientemente por el senador Sebastián da Silva. “Yo no seguiría recomendaciones de ese tipo”, afirmó, y calificó ese discurso como “peligroso” y cercano a la “farandulización de la política”.

Olivera remarcó que las multas no tienen un fin recaudatorio, sino correctivo. “Ojalá no tuviéramos que cobrar una sola multa, porque eso supondría que nadie muere por no cumplir las normas de tránsito”, sostuvo. Sin embargo, recordó que la realidad es otra: todos los días se registran accidentes, hay personas lesionadas y fallecidas, y persiste una baja percepción de riesgo entre los conductores.

En ese contexto, alertó que el problema se agrava cuando las sanciones no se pagan. “El año pasado la gente no pagó las multas y no sintió que su infracción tuviera una consecuencia”, explicó. A su entender, llamar públicamente a no pagar equivale a habilitar conductas peligrosas. “Es lo mismo que decir sigan cometiendo infracciones”, enfatizó.

El presidente del Congreso de Intendentes también se refirió a la relación entre el Poder Legislativo y las intendencias, especialmente tras la decisión adoptada en la administración anterior de separar las multas de la patente, una medida que ahora comienza a revertirse. A partir de marzo, explicó, volverán a aplicarse las multas departamentales asociadas al sistema de patente, teniendo en cuenta que el plazo de prescripción de las sanciones es de cinco años.

De cara al nuevo quinquenio, Olivera adelantó que el Congreso de Intendentes trabaja en la reducción del valor de algunas multas. El objetivo, dijo, es que mantengan su carácter sancionatorio pero que sean pagables y proporcionales al salario de un trabajador. “La multa tiene que doler, pero se tiene que poder pagar. No queremos que nadie quede fuera del sistema”, señaló.

Finalmente, Olivera amplió el análisis al escenario político general y cuestionó el clima de confrontación permanente. Advirtió sobre el apuro de algunos sectores de la oposición y reclamó volver a discutir los grandes temas que estuvieron en la campaña electoral, como pobreza infantil, salud mental, empleo y vivienda. “Criticar es lo más fácil; la política que importa es la que le cambia la vida a la gente”, concluyó.