Un inédito evento académico sitúa nuevamente el foco, ante una pregunta que nos importa a los uruguayos: ¿tienen los ciudadanos y las empresas herramientas reales para hacer valer sus derechos frente al fisco?
Una persona va a tramitar la jubilación, y se entera que tiene deuda o que le faltan años de aportes. Alguien quiere solicitar un convenio con DGI, pero no llega al importe necesario para el pago mínimo inicial. Una pyme, se entera que tiene una deuda de impuestos, pues quién supuestamente se encargaba de eso no cumplió con su responsabilidad y se quedó con el dinero. ¿Qué tienen en común estas situaciones? Que las personas a veces nos encontramos con obstáculos, con pocas herramientas para entender la situación y como corregirla.
Estas y otras situaciones son frecuentes de encontrar en las oficinas públicas, o le ha sucedido a un familiar o a un conocido. En ocasiones el reclamo es atendido y solucionado, pero también con no poca frecuencia la persona sale con más dudas que certezas. Y es precisamente el problema que Chile decidió abordar de manera institucional hace unos seis años, con la creación de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON).
Representantes de ese organismo participaron, el pasado 28 de mayo en una charla organizada en el ámbito tributario uruguayo, en que por primera vez ante la prensa, profesionales y ciudadanos interesados, en el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, se compartieron datos, casos concretos y reflexiones que merecen atención.
Una institución uruguaya al servicio del conocimiento
El Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) fue el organizador de la charla que dio origen a este análisis. Con una larga trayectoria en la formación y el debate técnico sobre derecho tributario en Uruguay, el instituto ofreció un ámbito para dar cita a referentes de la Dedecon chilena para conocer sobre la mesa una experiencia concreta y acercar a los profesionales uruguayos su breve pero interesante historia.
No es casual que sea el IUET abriera un ámbito académico propicio para la ocasión. La institución ha sido históricamente un espacio donde la academia, los profesionales del derecho y los operadores económicos, conversan sobre el sistema tributario uruguayo, no solo sobre su recaudación. Traer la voz de quienes ya recorrieron este camino es, un aporte para los desafíos que enfrenta el sistema tributario uruguayo.
Lo complejo de entender el lenguaje tributario
Los casos que mencionamos al comienzo de este artículo describen un panorama. En general, quien asiste al mostrador o se presenta a una oficina pública, recibe en poco tiempo mucha información en un lenguaje, que para el general de la población, no es del todo accesible. Esto tiene que ver con una realidad que no es exclusiva de nuestro país. Se observa que en general en Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene una cultura tributaria, y menos consciencia de sus derechos en ese ámbito.
Los estudios que ha realizado la propia Dedecon revelan algo estructural. En una encuesta a más de 1.400 personas, el 82% declaró creer que los contribuyentes tienen derechos. Ahora, cuando se les pregunta si esos derechos se respetan: el 50% responde que nunca o solo a veces. Y lo más revelador, es que ante una vulneración de derechos, el 70% de los ciudadanos no sabe qué hacer ni a qué canal acudir. Tres de cada diez personas, apenas, conocen el camino. Otro dato del mismo estudio: el 66% de los encuestados cree que el derecho a recibir información clara y comprensible no se respeta. No es que no se les brinde información —aclara la Dedecon—, sino que esa información no resulta entendible para quien la recibe.
Un organismo joven, con resultados concretos
La Dedecon nació en 2020 al amparo de la Ley 21.210, de modernización tributaria. En su corta vida, ha incorporado servicios que se prestan 100% online –salvo se requiera otra modalidad- de enorme valor para aquellos que con frecuencia, están en el grupo de personas que no accede a un servicio profesional.
Parte de la resistencia histórica para incorporar mejoras en la legislación en Uruguay, es el temor que sirva para facilitar la gestión de impuestos de grandes empresas. Pero la realidad es exactamente la contraria. ¿Por qué? Pues por ley, se estableció en Chile el límite de actuación de la Dedecon. El perfil de a quién asiste no es menor: se focaliza en personas físicas con ingresos de hasta 24.000 dólares anuales y empresas con ventas de hasta 100.000 dólares, básicamente micro y pequeñas empresas. Es decir, quienes no tienen ni los recursos ni el conocimiento para litigar contra el Estado.
¿Y funciona? Además de datos y casos de éxito, lo que aporta la experiencia chilena es algo diferente. La prueba de que es posible un avance, con sus complejidades, sus tensiones y sus logros. Así se logran mediaciones, que evitan procesos judiciales que de otro modo durarían hasta ocho años. En informes técnicos que detectan problemas sistémicos y terminan modificando instrucciones de la autoridad tributaria.
El sistema tributario está diseñado para recaudar, no para explicar
Esta frase, pronunciada durante la charla por el subdirector de la Defensoría, Emilio Moreno, resume quizás el diagnóstico más incómodo del debate. Los sistemas tributarios modernos son eficientes recaudando y fiscalizando. Eso es innegable. Pero no siempre están equipados para acompañar, orientar o defender al contribuyente que, sin ser evasor ni actuar de mala fe, simplemente no entiende lo que le están pidiendo, o no tiene los recursos para litigarlo.
En Chile, los derechos del contribuyente están reconocidos en el Código Tributario desde 2010. Sin embargo, entre que una norma existe y que un ciudadano puede ejercerla efectivamente hay una distancia enorme. Saber que uno tiene derecho a rectificar, a impugnar o a recibir atención respetuosa no alcanza si no se sabe cómo instrumentarlo. Y para una pyme, contratar asesoría especializada para cada discrepancia con el fisco sencillamente no es viable.
La pregunta que queda abierta
Un breve repaso por los antecedes parlamentarios y académicos de las últimas tres décadas, muestra que han sido pocos los avances en materia de los derechos de los contribuyentes. El último proyecto fue archivado en mayo de 2024. Por eso es de interés en el ámbito profesional este tema. Ya que Uruguay presenta una recaudación eficiente y una relativamente baja informalidad –se estima en un 30%- es posible aportar mejoras al sistema tributario, que generen confianza y transparencia.
¿Necesita Uruguay un organismo de este tipo? La respuesta no es obvia. Lo que sí parece claro, a la luz de los datos, es que la complejidad del sistema tributario no se distribuye de manera equitativa entre quienes deben cumplirlo. Un gran contribuyente tiene equipos de asesores. Una pequeña empresa, un trabajador independiente o un jubilado, en muchos casos, no tiene a nadie.
Texto del Cr. Santiago Orellano
Foto de Rica consultores
