Por: Manuel Dantaz – Ing.Tec. Esp en Seguridad Vial
¿Con qué cara multan? La Intendencia exige visibilidad en moto, pero viste a sus inspectores de negro.
«El desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad». Es una frase utilizada tanto en la jerga judicial como en la técnica. Tal vez, en lo cotidiano, significa que, si no sabes algo, lo podés preguntar; y si no preguntás, igualmente tenés la obligación de informarte.
Y ahora surge una pregunta inevitable: ¿Quién aplica la multa?
Si seremos lo que somos, hablamos, marchamos y promulgamos la seguridad vial, pero las nuevas camperas de los inspectores de tránsito me generan serias dudas técnicas. O simplemente estamos jugando a que no nos vean para recaudar más.
Si bien en Paysandú existe una tolerancia, muy difícil de definir sin decir que es «laxa», respecto a la fiscalización del uso de ropa retro-reflectiva tanto para conductores como acompañantes de motocicletas —medida que, obviamente, va en contra de la estética visual que muchos motociclistas prefieren—, la fiscalización y su evidente olvido de control quizás es una decisión política.
Vamos a los datos, porque los datos eliminan las discusiones.
Año 2025 (Datos de UNASEV): Evolución anual de Siniestralidad Vial en Paysandú
Siniestros en Bicicletas: 63
Siniestros en Motos: 1033
Veamos los datos actualizados, desde el 01/01/2026 al 30/03/2026 (Datos de UNASEV):
Motos: 313
Bicicletas: 20
Escribe alguien que conoce los datos, la normativa y la gestión pública, pero que no tiene miedo de señalar contradicciones. Va con todas las letras: el uniforme negro con tiras brillantes que hoy visten muchos inspectores de tránsito no es elegante; es una negligencia institucional bajo la firma del Director de Tránsito y la implementación de cumplimiento de la responsable de Movilidad Urbana.
En cualquier manual básico de Prevención de Riesgos Laborales, la ecuación es clara: primero se evalúa el peligro y luego se mitigan los riesgos. Cuando la ingeniería vial o la señalización colectiva no bastan para proteger al trabajador en la calle, la última línea de defensa frente a una tonelada de hierro en movimiento es el Equipo de Protección Personal (EPP).
Para un inspector de tránsito, su EPP no es un simple capricho de etiqueta. Su verdadero escudo de protección es algo tan sutil como vital: su propia visibilidad.
La Norma Técnica UNIT 1114 no se escribió para rellenar folios en un escritorio. Exige con precisión que las prendas de alta visibilidad combinen cintas retro-reflectivas para la noche con un material de fondo fluorescente —amarillo o naranja— para el día. El motivo es simple: el cuerpo humano debe romper el camuflaje del asfalto urbano a plena luz del sol, en días nublados o durante el crepúsculo.
Vestir a un funcionario completamente de negro y pretender que dos tiras grises lo salven del impacto de un conductor distraído es enviar a un trabajador a la guerra con un escudo de cartón. ¿O acaso la decisión política es mezclarse con la oscuridad para recaudar más?
Aquí es donde chocamos de frente con la contradicción del sistema. Por un lado, la ey Nacional de Tránsito N.º 18.191 exige en su artículo 37 que las autoridades de control sean fácilmente reconocibles y visibles a la distancia. Por otro, las administraciones que deben velar por el cumplimiento de esa ley exponen a su propio personal al más absoluto desamparo técnico, vistiéndolos con uniformes oscuros que contradicen los principios básicos de la seguridad laboral e incumplen el Decreto 81/014.
Habrá quienes argumenten que el color negro otorga autoridad, presencia o que así está estipulado en determinados manuales de vestimenta. Sin embargo, esos argumentos carecen de sustento técnico en materia de salud y seguridad ocupacional. La verdadera autoridad no deriva del color del uniforme; deriva del cumplimiento de la ley y del ejemplo que se brinda.
¿Con qué seriedad moral puede una Intendencia multar a un ciudadano por no utilizar elementos de alta visibilidad cuando mantiene a sus propios trabajadores operando con una visibilidad claramente cuestionable? Yo sé que la realidad del inspector de tránsito hoy es, a veces, hacer solo una advertencia verbal o escrita. Pero no se trata de defender al infractor que se queja de una multa. Se trata de defender la vida del trabajador que sostiene la boleta.
Al quitarle el fondo fluorescente a la indumentaria, la administración no solo compromete el derecho de los ciudadanos a identificar claramente a la autoridad; también compromete el derecho del inspector a regresar sano y salvo a su casa. Es hora de dejar de lado estéticas obsoletas y entender que la seguridad vial empieza por casa. Si la Intendencia quiere fiscalizar el cumplimiento de las normas, primero debe dejar de ser invisible frente al peligro.
La seguridad vial no se gestiona por percepciones ni por discursos; se gestiona con datos. Y cuando los datos indican que motos y bicicletas son protagonistas de la siniestralidad, pero las acciones de control no parecen estar dirigidas a esos factores de riesgo, corresponde preguntarse si las prioridades de fiscalización están realmente alineadas con la realidad del tránsito.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando la propia Dirección de Tránsito utiliza uniformes negros para sus inspectores y la Dirección de Movilidad Urbana sostiene esa decisión, pese a que la visibilidad del trabajador es uno de los principios básicos de la prevención de riesgos.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿se trata de una decisión técnica respaldada por estudios y criterios de seguridad, o estamos frente a una decisión política que prioriza una estética institucional por encima de la visibilidad y la protección de quienes trabajan diariamente sobre la vía pública? Porque si exigimos visibilidad a motociclistas, ciclistas y conductores, el funcionario de tránsito debería ser el primero en dar el ejemplo.
