Escribe Darío Rodríguez
El Partido Nacional tiene en las Intendencias del interior del país una fortísima presencia, a tal punto que gobierna 15 de las 19 existentes. En algunos casos, como Tacuarembó desde tiempos inmemoriales, lejos del reclamo de lo importante que es la alternancia en el poder. El fenómeno tiene múltiples explicaciones. Una de ellas pasa por la aún rentable política clientelar, otra por cierta incapacidad de la izquierda para penetrar en ciertos conglomerados, -sin perder ningún apero-, otro por la, a veces, inexistencia de organizaciones sociales, o en su defecto cooptadas. La vaquía en el manejo del vínculo con la población y conducir Intendencias que en algunos departamentos son la empresa más importante del país, han prohijado ascensos de dirigentes correligionarios que la gobiernan tres y hasta cuatro periodos. El manejo de la pauta publicitaria muchas veces actúa de disciplinador. Hay un conflicto en Durazno pues el caudillo e intendente, presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, desliza que las críticas que recibe de la prensa tienen que ver con los recortes en la publicidad. Sin embargo desde la oposición frentista, Raúl Licandro, uno de sus candidatos al sillón comunal en las pasadas departamentales de setiembre, afirmó que “las críticas a Vidalín son parte de una opinión generalizada en muchos ámbitos que trasciende a la prensa, en todo caso, esta se hace eco del cuestionamiento social y político, porque así debe ser si se considera independiente, profesional”.
.Por momentos prima un estilo de conducción caudillesco y/o paternalista, -en tal estilo han abrevado-, donde una parte importante de la población asimila como algo natural, ineludible. Esa es la matriz. ¿El mérito? Sostenerse a lo largo del tiempo, en caso con desastrosas gestiones, aunque hay matices y algún que otro aporte, significativo, a la comunidad.
En la dialéctica con la izquierda y las organizaciones sociales los estilos varían y la experiencia de los 15 años de gobierno frentista incidieron en la asunción de una mirada más democrática de la cosa pública extramuros de Montevideo. Ejemplos hay varios dignos de señalar. A la intendencia de San José, bajo el mandato de Juan Chiruchi, otrora herrerista, varias veces conductor, incluyendo su rol de interventor en el periodo de la dictadura, le costaba asumir la vinculación con las cooperativas de vivienda y sus organizaciones. En las últimas administraciones esa mirada cambió y hoy se observa, con cierta naturalidad, -como debería ser-, instancias de diálogo y negociación con las organizaciones de la vivienda y hábitat. Otro caso objeto de mención es el de la Intendencia de Soriano que, de alguna manera, en las gestiones Besozzi, asumió el movimiento cooperativo, lo apoyó con entusiasmo y capitalizó politcamente. Ello explica, en parte, el impresionante crecimiento y departamentalización del cooperativismo de vivienda en esa zona del país. Son avances, aunque se puedan señalar persistencia de actitudes clientelares; pero Soriano tal vez sea la prueba que las huestes nacionalistas más progresistas asumieron el movimiento como un espacio de disputa política y no de hostigamiento, negación. Siempre hubo prejuicios con gente organizada, independiente, pues se hace más difícil su cooptación o manipulación.
Volvamos a San José, que de la negación y hostigamiento, -incluso se planteó impedir el pasaje de una movilización que venía del norte rumbo a Montevideo- con una progresiva apertura durante los mandatos de José Luis Falero, (surgido en la cantera de Chiruchi)- que hoy parece continuar Ana Bentaberri, ungida intendenta. Recientemente Bentaberrri, -habrá que ver el resultado final-, convocó a los partidos políticos con representación en la Junta Departamental a la constitución de una Mesa de Concertación de Políticas Públicas (MCPP) que generen insumos para el debate del presupuesto quinquenal. Aunque la instancia ha sido político partidaria, sin la presencia de la pata social, la MCPP elaboró una batería de documentos; uno de ellos listando 10 temáticas En una de ellas se comprometen “a promover la vivienda dentro de los cometidos y posibilidades propias del Gobierno Departamental, acompañada de acceso a servicios, siendo instrumentos para ello” la cartera de tierra y un fondo de gestión territorial. En relación con los permisos de construcción se mantiene el criterio de exonerar el 70 % de su valor. Los cooperativistas y sus organizaciones plantean exoneración total.
Si entre el menú planteado se concreta la cartera de tierra departamental con fondo rotatorio y participación de las Federaciones, mediante decreto de la Junta y se transita la política de densificar la trama urbana se dará un paso de 7 leguas.
La experiencia en Paysandú ha tenido sus oscilaciones, tal vez por la existencia de comunidad organizada tanto en lo barrial, sindical, estudiantil y cooperativo. En la lógica de la política democrática, con una severísima crisis nacional que impacta en lo local, tener cintura política, buenos operadores, canales de dialogo con oposición y organizaciones sociales, es vital. El intendente Olivera inició su gestión con un as en la manga constituido por la autorización, fideicomiso mediante, para realizar obras y otras actividades por hasta 25 millones de dólares. La cruda realidad señala que el departamento tiene 11 % de pobres, el desempleo se fue al 12.4 % y 500 personas viven en la indigencia.
Pese a que arrancó a los “empujones” y contribuyendo a la precarización laboral y con escaso dialogo, el fideicomiso le ofrece la posibilidad de atender lo más urgente (la emergencia socioeconómica agudizada con la pandemia) y concretar acciones de transformación. Esto es lo que le reclama un variopinto arco político y social en relación al proyecto Distrito Park incluido en el fideicomiso. Olivera fue impulsor y suscriptor de la iniciativa y como es ahora le reclaman cumplimiento.
