Por Horacio R. Brum
Hace medio siglo, el 4 de setiembre de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales chilenas y creyó tener el mandato popular para llevar a su país hacia el socialismo por medios pacíficos. Tres años y siete días más tarde estaba encerrado en el palacio presidencial de La Moneda, bajo el sitio de los militares golpistas, y se preguntaba con preocupación por la suerte corrida por el comandante en jefe del Ejército que debía defender al gobierno constitucional. Según la anécdota, el presidente dijo. “¡Pobre Pinochet!, ¿Qué le habrán hecho?”. Cincuenta años más tarde, en Chile siguen abiertas muchas de las heridas provocadas por la dictadura del “pobre Pinochet” y la senadora Isabel Allende, hija del mandatario que se suicidó en medio del bombardeo implacable de La Moneda, reflexionó en una entrevista para un diario de Santiago: “Hubo una cierta ingenuidad al pensar que las Fuerzas Armadas iban a ser respetuosas de sus juramentos hasta el fin de sus días”.
Esa ingenuidad no se manifestó sólo en Chile; el golpe de estado peruano de 1968, así como algunas experiencias golpistas en Bolivia, en las cuales los militares hablaron con un lenguaje que hoy simplemente puede calificarse de populista, hicieron creer a algunos sectores de la izquierda que las Fuerzas Armadas podían llegar a defender los intereses populares. Un mito que incluso resultó creíble en Uruguay, cuando los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, en febrero de 1973, fueron el prólogo para el principio del fin de la democracia. Suponiéndoles inclinaciones antioligárquicas, una parte de la izquierda uruguaya se mantuvo expectante ante el intervencionismo de los militares. El 11 de febrero, el diario El Popular desestimaba en un editorial la crítica de las FF AA al marxismo leninismo y hablaba de coincidencias: “…los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las Fuerzas Armadas como salidas inmediatas para la situación que vive la república…” Un mes después, el sindicalismo organizado en la CNT se reunió con los comandantes en jefe y declaró: “…hemos valorado los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas …nos satisface mucho que en otros sectores que no son de clase obrera, se manifiesten esas inquietudes…”
Las ingenuidades se pagaron muy caras (hasta los tupamaros tuvieron reuniones con los mismos que se habían propuesto exterminarlos) y hoy las pretensiones de Manini Ríos de borrar el concepto de delitos de lesa humanidad, junto a la divulgación de las actas del proceso al ex coronel y notorio asesino Gilberto Vázquez, deberían hacer pensar si es posible la existencia del militar demócrata. Líber Seregni, Víctor Licandro o Carlos Zufriategui fueron personajes de excepción, que actuaron a contracorriente del pensamiento militar típico, como lo podrían ser otros miembros de las Fuerzas Armadas que, por sus cualidades intelectuales, logren sobrepasar el marco mental impuesto por instituciones que, de funcionar democráticamente, no cumplirían a cabalidad su función esencial: hacer la guerra.
“La guerra es un acto de fuerza y no hay límites lógicos para la aplicación de esa fuerza”, escribió el estratega prusiano del siglo XIX Carl von Clausewitz, cuyas obras siguen siendo textos de estudio en las escuelas militares de todo el mundo. En la política democrática, en cambio, son el diálogo y los acuerdos los que se desarrollan sin límites, precisamente para evitar los enfrentamientos por la fuerza, pero al militar se le enseña que la fuerza es un recurso válido y se la sublima con conceptos como la defensa de la Patria o la protección de la soberanía. En los tiempos de la dictadura, se la disfrazaba de seguridad nacional.
Clausewitz también sostuvo que destruir al enemigo es el centro de la idea de la guerra; al nivel del individuo, no es posible que alguien cumpla ese propósito si ve al enemigo como un ser humano. Por lo tanto, la deshumanización del “otro” -el subversivo, el apátrida, el traidor a la Patria- subyace en la relación de la mentalidad militar con el mundo, que también incluye una sociedad con superiores e inferiores, establecida a partir de los grados y las jerarquías, lo que a su vez contradice el igualitarismo de la vida democrática.
En tanto permanecen bajo el estricto control de la racionalidad y la autoridad civil (porque como dijo el Primer Ministro francés Georges Clemenceau, “la guerra es un asunto demasiado serio como para confiárselo a los militares”), las instituciones militares y sus integrantes pueden ser aceptables para la democracia. No obstante, si ese control falla o se relaja, los militares se vuelven una amenaza para la convivencia ciudadana. El Dr. Norman Dixon, catedrático de psicología de la universidad de Oxford, publicó en 1984 una obra de análisis de los desastres militares a lo largo de la historia: “Sobre la psicología de la incompetencia militar”. Para este especialista, una falla de las organizaciones militares es que tienen “una particular propensión a atraer una minoría de individuos que podrían configurar una amenaza en los altos niveles de mando”. La condición jerárquica de las instituciones militares facilita que esas minorías se impongan sin discusión y su pensamiento se contagie a todos los integrantes.
El militar Manini Ríos reciclado en político, aceptado como demócrata en la coalición gobernante y hablando de “cipayismo apátrida” al referirse a la vigencia de la ley que castiga los delitos de lesa humanidad; el ex coronel Vázquez diciendo que no asesinó ni torturó, sino que ejecutó y apremió, y los miembros del tribunal de honor del Ejército que lo condenaron sólo por menoscabar la figura del comandante en jefe, afectar la imagen de los camaradas y violar un compromiso de reserva, dejan claro que la visión del mundo de los hombres de armas no permite creer en el mito del militar demócrata.
FOTO -Monumento a Allende en la plaza Constitución de Santiago de Chile.
