Desde lo Departamental
Escribe Darío Rodríguez
El fideicomiso aprobado días atrás en la Junta Departamental, tras acuerdo del FA, -que lo impulsaba desde la Intendencia-, y la mayoría del Partido Nacional fue una movida oportuna de la actual gestión. Esta observó, con números arriba de la mesa que, en caso de continuar en la administración habrá, al menos, dos años de severas restricciones presupuestales. El país se desplomó. Para el caso se entrelazan dos bombas de tiempo: los efectos de la pandemia y la política económica, llena de recortes, que impulsa el gobierno nacional. Más allá de lo discursivo, también lo ven sectores lúcidos de la hoy oposición departamental. Nadie quiere, desde la Intendencia, -primera puerta que toca el vecino/a- pagar los costos políticos emergentes de una crisis que puede paralizar funcionamiento. No es casual la amplia integración que tiene la defensa de la fábrica de portland sanducera.
Tal vez quiera emular al gobierno nacional que mientras rebaja salarios a funcionarios públicos, sin complejos, incrementa, en forma escandalosa, las retribuciones de distintos jerarcas.
La jugada del Ejecutivo Departamental, -muchos vieron la mano del exintendente Guillermo Caraballo, en el planteo- dividió aguas en el Partido Nacional. A tal punto que sectores minoritarios dejaron planteado que impugnarán, por inconstitucional, el decreto votado. Si gana el Partido Nacional y el recurso se presenta y avanza, pondrán en aprieto a los correligionarios.
El decreto aprobado que autoriza un fideicomiso de “hasta” 25 millones de dólares reintegrable en 20 años (4 gestiones) incluye un listado extenso de obras “alternativas” cuyo desarrollo dependerá de la nueva administración. De la cifra acordada, un 20 % se destinará al interior.
El acuerdo interpartidario alcanzado deja algunas lecciones. En primer lugar, más allá de lo suscripto, es posible alcanzar puntos comunes; aún en plena campaña. Por otra parte, los distintos programas -escasamente leídos por la gente- deben adecuarse a la nueva realidad. Lo planteado, salvo algunas omisiones expresas, podrá contribuir a tres propósitos medulares, concomitantes entre ellos: incidir en la emergencia social, darle aire financiero a la Intendencia, transformar ciudad y llevar inversión (empleo) al interior. Sitio donde impera la lógica Montevideo-Interior que todos cuestionan, pero aplican.
En la incertidumbre de quién ganará las elecciones, los principales candidatos saben que un instrumento de tal naturaleza quita mucha presión sobre arcas que estarán exhaustas. No obstante el acuerdo alcanzado, no es un dato menor quien sea el próximo intendente/a. Particularmente por el entorno plagado de rebajas salariales, incremento de la pobreza que hará que más vecinos dependan de lo que pueda hacer la Intendencia. Las escenas de compatriotas viviendo de las volquetas y en condiciones habitacionales insultantes se multiplicarán. El candidato/a deberá tener mucha sensibilidad frente a la problemática que abruma. Además de encabezar un programa para la emergencia deberá confrontar, una vez sí y otra también, con las políticas socioeconómicas del gobierno central. La Intendencia será entonces un dique de contención y de mitigación. Se volverá a aquella opción que marcaba tapar un pozo o darle un vaso de leche a un niño. El ataque a la emergencia deberá tener un fuerte componente en las políticas sociales, desde las limitantes establecidas y marcos de actuación. Algunas se insinúan en el listado a financiar desde el fideicomiso. Ya no es posible que la gente siga viviendo como lo hace en Park Way o Zanja Arana; donde la izquierda debió llegar con más determinación.
En tal escenario y contexto, el candidato del Partido delgobierno nacional, con posibilidades de llegar a Zorrilla y Sarandí, -que levantó la mano para votar ese castigo a la gente que es la Ley de Urgente Consideración- en ningún lado menciona la crisis social en ciernes, profundizada en poco tiempo y no solo por la pandemia. Por un lado escribe que en su equipo estarán “personas de alta calificación” (que no se mencionan) y, por otra declara que “me ha costado encontrar gente idónea, con vocación de servicio. Porque el que es bueno haciendo algo en la esfera privada, es difícil que vaya a lo público”.Tal vez quiera emular al gobierno nacional que mientras rebaja salarios a funcionarios públicos, sin complejos, incrementa, en forma escandalosa, las retribuciones de distintos jerarcas.
El slogan “Paysandú te quiero de pie”, es un intento de sobredimensionar dificultades existentes y déficits, atribuible a la “herencia” pero sin sumar el estropicio en curso. Pero no se rescata alguien del río poniéndole plomo en los pies.
Hay una gestión que encabezó el FA que mostró sus fortalezas, (urbanizaciones, proyecto Paylana, apoyos culturales, acceso al puerto, apoyo a la UdelaR, transformación parque municipal, entre otras cosas y debilidades (habilitación de barrios privados, dificultades de interactuar con Municipios). Pero hasta el presente no se conocen episodios de malversación de fondos, desvíos, conductas tachables éticamente. En tiempos de flaquezas no es poca cosa. Las formas de conducir un gobierno, en cualquier nivel no son secundarias. De nuevo hay un cruce de caminos: o la ciudadanía es titular de derechos -y los exige con independencia y participación- o volvemos al método centenario de prometer ingresos a la Intendencia, algunas chapa, balasto u otra dádiva que no hace otra cosa que menospreciar a lo más pobres.
En cada barriada se debería plantear, en lenguaje sencillo, que la gente más desprotegida encontrará en la Intendencia una Institución que le dará una mano. La izquierda debe poner todo en juego, por la gente, que será la que se beneficie o padezca los retrocesos y escuchar con atención los legítimos reclamos por la ausencia de militancia en los territorios y no haber profundizado políticas redistributivas. Serán cinco años de confrontación y lucha.
