Escribe Eduardo Rodríguez
Cuando promediaba la mañana del sábado 9 de enero de 2021, con el marco institucional que aporta el espacio conocido como “Salón Rojo del Palacio Municipal”, el intendente Nicolás Olivera y la dirigencia de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEYOM, informaron sobre el establecimiento de un “acuerdo” en referencia al destino de los trabajadores de los CAIF y el Centro Siempre cuya gestión de recursos humanos la comuna cedió a un tercero.
Más allá de las aseveraciones vinculadas de manera estricta a la prestación de los servicios y su sostenibilidad, seguramente se podrán desprender múltiples lecturas de aquella imagen que muestra a la patronal y sus empleados compartiendo el anuncio de un “acuerdo” que a primera vista parecía un negocio de relativo valor para los trabajadores. De hecho, las reacciones inmediatas de la amplia mayoría de los directamente involucrados, los casi 130 trabajadores de los servicios de atención a la infancia y la familia en proceso de tercerización, fueron de rechazo enfático por el resultado de una negociación de la que no participaron, a pesar de haber exigido reiteradamente la oportunidad de luchar por la fuente laboral y las condiciones de trabajo, y, consecuentemente, en la que no estuvieron debidamente representados.
ADEYOM se atribuyó representatividad plena, negoció y firmó y entonces el intendente obtuvo un logro político de valor inestimable: el sindicato apareció avalando un proceso de muy particulares características que se motiva, según confesión de quien lo impulsa, en la intención de evitar el pago de los aportes patronales.
El acceso al documento de referencia, que hasta ahora había resultado bastante esquivo, permite encontrar respuestas para algunas preguntas pero genera nuevas dudas.
El documento
En el primer párrafo del acuerdo las partes manifiestan la “necesidad de procesar los cambios respectivos en materia de administración del personal de CAIF y Centro Siempre”, sin que en esa parte del texto exista una especificación sobre el concepto de “respectivos”. El documento fue firmado ese 9 de enero por el intendente, Nicolás Olivera, y el secretario general, Fermín Farinha, en representación de la comuna. Por ADEYOM: el presidente, Victor Deorta, el secretario general, Nicolás Yapur, y el tesorero, Luis Silva.
En el artículo primero se señalan los antecedentes del acuerdo y se alude a la intención de “racionalizar los recursos derivados del convenio INAU-IDP ante el déficit existente, orientando la gestión hacia una administración más eficiente de los mismos”. Considerada a texto expreso, la afirmación parece muy relativa en tanto los recursos que aporta INAU no deben ser destinados para otros fines que no sean pago de salarios, alimentación y compra de materiales y esas partidas se establecen según criterios del propio instituto para asegurar el funcionamiento de cada centro. No hay margen para administrar esos recursos de una manera “más eficiente”. Lo que no dice el acuerdo es que la Intendencia resolvió dejar de disponer de unos 15 millones de pesos al año para pagar aportes patronales por los trabajadores de esos centros así como no cubrir la diferencia salarial que surgía de la carga horaria que paga INAU (20 semanales) contra las 30 que efectivamente cumplían varios funcionarios, lo cual se sustentaba con recursos departamentales. Intendencia enfatiza que respetará el pago del valor hora que establece INAU, cumplimiento que no implica un mérito especial, pero también es cierto que en general los trabajadores sufrirán una considerable reducción de sus ingresos en la medida que se reduce la jornada laboral.
ADEYOM avala esas definiciones y apoya “la migración” de los trabajadores “hacia el nuevo régimen de administración” a cargo de un tercero. “Migración” es el concepto que se emplea en el documento para identificar el pasaje de los funcionarios de un sistema a otro. Según reza el tercer artículo, el gremio planteó la necesidad de preservar los 128 puestos de trabajo y acordó un mecanismo de evaluación de desempeño y antecedentes que si bien no representa una negociación nominativa, de nombre por nombre, termina condicionando la permanencia de algunas personas y asegurando la continuidad de otras. “Los criterios definidos a los efectos de realizar la determinación son los siguientes: a) no contar con sanciones firmes, b) no haber sido evaluado con una calificación de desempeño año 2020 igual o inferior a catorce (14), c) no registrar inicio de relación contractual en el plazo del año previo a la concreción del cambio de gobierno, y d) no haber ingresado a la función pública por designación directa”. Según la aplicación de estos requisitos “se determinó que es posible migrar directamente al nuevo sistema un total de 107 personas, donde los puestos restantes se llenarán con un llamado público”, dice el acuerdo que como adjunto incorpora la lista de esas 107 personas identificadas con su Cédula de Identidad. Quizás sea sólo un giro lingüístico o un tecnicismo pero el resultado sustenta la idea de que la negociación terminó siendo nominativa. En referencia “al personal que se encuentra bajo licencia médica” se garantizó la permanencia “de su situación actual por el término de 30 días, a los efectos de evaluar cada caso concreto”. Pero no se específica parámetros de evaluación ni tampoco se establece la participación del gremio en ese proceso.
Será bueno escuchar cómo explica la dirigencia de la histórica y combativa organización de los municipales sanduceros porqué avaló que los trabajadores contratados “bajo régimen de función pública sin término” perdieran su condición de funcionarios públicos, previo aviso “con un plazo de antelación de sesenta (60) días, y contarán con 72 horas hábiles “para manifestar ante la IDP su voluntad de pasar al nuevo régimen de contratación”. La particular exigencia terminó siendo determinante. En un contexto muy complejo los trabajadores fueron cumpliendo con esos pasos ante la posibilidad concreta de perder la ocupación. Para documentar “la voluntad” de dejar de ser funcionario público para pasar a una organización desconocida en el medio y que, al menos a priori, no ofrece mayores garantías, la Intendencia hizo que los trabajadores firmen un austero documento, cuya redacción mutó unas cuantas veces, y que implicó “la explícita y efectiva renuncia a la IDP”, tal como manifiesta el documento.
Los redactores del acuerdo se encargaron de aclarar que: “ADEYOM acepta la propuesta en su totalidad, acordando comunicar el presente a los interesados”.
